¿Y el transfuguismo para qué sirve?

Tres años después, también son estos partidos los que tienen una mayor proporción de congresistas involucrados en investigaciones por sus vínculos con la parapolítica: Convergencia Ciudadana, nueve; Alas Equipo Colombia y Colombia Democrática, cinco cada uno; Apertura Liberal y Colombia Viva, cuatro cada uno, para un total de veintisiete, es decir, cerca del 44% del total de congresistas investigados (Sistema de Información de Congreso Visible, julio de 2009).

Y fueron igualmente los “sobrevivientes” de estas colectividades los que de manera más expedita se acogieron al artículo transitorio de la recientemente aprobada reforma política de 2009, que permitió por una sola vez cambiar de partido político, sin incurrir en las sanciones previstas para la doble militancia.

Unos, la mayoría, pidiendo asilo en otras colectividades porque sus partidos habían quedado reducidos a su más mínima expresión en virtud de las decisiones judiciales contra sus copartidarios; y otros, para acoger a quienes estaban buscando un espacio para poder presentarse en los próximos comicios.

Uno de los partidos más beneficiados, si así puede llamarse, fue la U, por haber sido el que más congresistas tránsfugas acogió. Más allá de lo que significa ser el partido mayoritario en términos de garantizar un manejo más cómodo de la agenda uribista en el Congreso, esto también evidencia que a la hora de hacer cálculos electorales, pesan más los números que los programas.

Apertura Liberal es otro de los partidos que le sacó provecho a la reforma política. A pesar de haber perdido a varios de sus congresistas por estar incursos en investigaciones judiciales por presuntos vínculos con la parapolítica, le solicitó al Consejo Nacional Electoral cambiar de nombre para poder acoger a familiares y amigos de la tristemente célebre pirámide que lideraba David Murcia Guzmán —DMG— y presentarse a las elecciones de 2010 con candidatos propios.

Estos hechos muestran una vez más que los intereses electorales y coyunturales de los partidos de la coalición de Gobierno primaron al momento de aprobar la reforma política de 2009. Y lo más grave, explican el poco o nulo interés en promover un marco de sanciones a los partidos que hubieran avalado candidatos con vínculos con actores ilegales y en definir sus responsabilidades políticas. Estos partidos mantienen su personería jurídica como un cascarón vacío, como si nada hubiera pasado, y nadie asume el costo político de acoger a los sobrevivientes de las investigaciones por parapolítica.