Una buena propuesta

La función que le asignó la ley le quedó grande. El control de la televisión es uno de las aspiraciones de todo gobierno. Por ello hay que proteger al televidente y a los ciudadanos de estas tentaciones. Para que una comisión de este estilo funcione, se requiere que sea independiente y técnica, algo que nunca fue. Desde el principio fue politizada y los cargos se convirtieron en apetecido botín de los partidos por las interesantes remuneraciones de los comisionados, su poder de decisión y la abundante contratación. Siempre hubo sospechas sobre la forma como se asignaban los espacios con milimetría y evidente influencia política. Los gobiernos de turno contaron con este ente amorfo y susceptible a presiones partidistas y económicas. Hoy el sistema de televisión colombiano es el peor de los mundos: la calidad de los programas es bajísima, el televidente está a la merced de los intereses comerciales y debe soportar una carga impresionante de publicidad, los espacios de opinión y de cultura han desaparecido o están relegados a horarios imposibles y el equilibrio político de los programas de información es relativo.

Bien hace el precandidato Vargas Lleras en poner el dedo en la llaga en esta institución, que debe desaparecer. Y podríamos abrir la lista de entidades que no sirven y deberían ser liquidadas. Empiezo por la más obvia, el Consejo Superior de la Judicatura, un ente que administra con paquidérmica eficiencia los colosales recursos asignados a la rama judicial. Qué desperdicio y qué ausencia de resultados. Los juzgados carecen de herramientas idóneas, mientras el Consejo ha sido salpicado por muy numerosos escándalos. Cientos de abogados inescrupulosos engañan a sus clientes y contribuyen a la ineficiencia de la justicia, sin que los magistrados se pronuncien y limpien la profesión.

El Consejo Nacional Electoral debe desaparecer, la Comisión de Acusaciones de la Cámara no tiene ningún sentido, tampoco las superintendencias de Servicios Públicos, de Economía Solidaria, de Subsidio Familiar, el ICFES, las decenas de consejos, comisiones, comités y demás instancias para demorar la toma de decisiones, implementar peajes corruptos y justificar burocracias innecesarias. Ello permitiría reforzar otras burocracias famélicas donde se requiere mayor acción del Estado, por ejemplo para meter en cintura a las EPS, castigar a los contratistas de obras públicas que incumplen los contratos, reforzar las inspecciones de trabajo o mejorar la fiscalización para perseguir a los evasores de impuestos.

Vargas Lleras tiene razón, pero la lista se le quedó corta.