Mal augurio

La voladura de torres de energía y el incremento de los homicidios en el primer semestre en un 7 %, alcanzando una cifra de 3.491, son pésimas noticias para el país. Desafortunadamente, esto era predecible y me temo que, si no tomamos medidas urgentes, vamos a vivir una pesadilla que ya experimentamos en el pasado. Porque existe una amplia y sólida literatura académica que ha estudiado las causas del accionar de grupos armados ilegales, que argumenta que, más allá de sus motivaciones políticas e ideológicas, su violencia, medida en homicidios o en acciones terroristas, está correlacionada con una fuente grande y estable de financiamiento, como el narcotráfico o el control de recursos naturales, y, segundo, con la ausencia o precariedad del Estado para proveer seguridad, particularmente en territorios alejados y geográficamente complejos.

Cuando el área sembrada de coca se expandió y llegó a unas 200.000 hectáreas en los años 90, la tasa de homicidios se situó por encima de 60 por 100.000 habitantes y se dispararon otras acciones violentas. Con el Plan Colombia, con la política de la seguridad democrática y con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, se redujo sustancialmente el área sembrada de coca y se desplomó la tasa de homicidios, que cayó de 64 a 32 por 100.000 habitantes hacia 2010. A partir de entonces, continuó cayendo más graduablemente hasta situarse en un nivel de 26, la cifra más baja en 40 años, pero aún muy alta en términos absolutos. La cifra correspondiente para Perú es siete; para Argentina, seis y para Chile, solo tres homicidios por 100.000 habitantes.

La historia de las Farc se ajusta nítidamente a la caracterización de los trabajos académicos. Hasta comienzos de los años 80, tuvieron una existencia muy marginal y el propio Jacobo Arenas, en sus memorias, afirma que el número de militantes no llegaba ni siquiera a los 1.000. Como lo han señalado expertos, como Daniel Pécaut, en esa década este grupo comenzó a involucrarse con la siembras de coca y el narcotráfico, lo que le permitió expandirse y alcanzar unos 15.000 miembros después de una década. De esa forma, académicos como el profesor de Oxford Paul Collier, a comienzos del nuevo siglo, definían a las Farc como un cartel de la droga y el exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos llegó a afirmar que las Farc fueron el primer cartel de narcotráfico con ejército propio.

Con la firma del acuerdo de La Habana se nos dijo que ese grupo no solo abandonaba el narcotráfico, sino que iba a colaborar en su erradicación, informando la localización de laboratorios y rutas de comercialización. Infortunadamente, la captura de Santrich muestra que un sector de esa organización sigue involucrado con el narcotráfico y preocupa que haya 1.200 disidentes en armas y que un 70 % de los exguerrilleros han abandonado las zonas de concentración.

Haber permitido la expansión del área sembrada de coca ha sido un error de magnitud mayúscula, e igualmente lo ha sido el haber definido el narcotráfico como un delito político conexo. Para no volver a vivir la pesadilla de los años 80 y 90, la erradicación de la coca y el copamiento por parte de las Fuerzas Armadas de las antiguas zonas de influencia de las Farc tienen que volverse una prioridad. Simplemente, Colombia no es viable con el narcotráfico.