Globalización y Derechos Humanos

En su declaración favorable a Colombia, sin embargo, el Coloso del Norte manifiesta su preocupación por las sistemáticas ejecuciones extrajudiciales de civiles por militares, así como por la práctica de las interceptaciones ilegales realizadas a magistrados, defensores de Derechos Humanos, líderes sociales y dirigentes de la oposición durante varios años, incluso en períodos electorales, por agentes de inteligencia del Estado. Dada la gravedad de las dos situaciones, lo lógico habría sido la descertificación de Colombia. Pero sucedió todo lo contrario. El supuesto adalid de la democracia en el mundo prefirió atender a sus intereses particulares en lugar de proteger los Derechos Humanos. La certificación es la primera cuota que pagan los Estados Unidos por la autorización recibida de usar las bases militares colombianas. La segunda cuota será la aprobación del TLC, pese a las denuncias de muertes de sindicalistas e indígenas, a la desmejora de las garantías laborales y al retroceso de las libertades básicas en el país.

Los Estados parecen no estar dispuestos a sacrificar sus ventajas por defender valores morales o principios jurídicos. Es por eso que los llamados a defender y proteger los Derechos Humanos no deberían ser los Estados involucrados. Un tribunal internacional independiente, integrado por reconocidas personalidades de la sociedad civil mundial, si bien no está exento de politización, sin duda sería más idóneo, por imparcial, que las potencias mundiales para ejercer el rol de defensor de los Derechos Humanos en un mundo global. Un segundo aspecto a tener en cuenta es la importancia de la idea de condicionar la cooperación internacional, bilateral o multinacional, al respeto efectivo de los Derechos Humanos. Aun cuando la certificación de Derechos Humanos resulte antipática cuando es expedida por naciones hegemónicas, la idea de monitorear y evaluar el cumplimiento de estándares mínimos de Derechos Humanos es defendible si se realiza mediante un tribunal con autoridad moral.

Decisivo resulta que la globalización no sólo es económica. También es política, jurídica y moral. La internacionalización de las interacciones entre Estados, y entre éstos y otros agentes públicos o privados, puede tener incidencias positivas como negativas para la vigencia de los Derechos Humanos. El flujo y volumen de la información han aumentado significativamente y potencian las posibilidades de actuar oportunamente para evitar violaciones a Derechos Humanos. Adicionalmente es necesario evitar que países carentes de legitimidad se arroguen la función de policías del mundo. Más aún cuando el pasado colonial, el ejercicio hegemónico del poder y el desconocimiento de los tribunales internacionales de Derechos Humanos no otorgan autoridad moral a dichos países para ejercer tan importante tarea. La respuesta a los desafíos puede venir de la sociedad civil organizada y del aumento de la sensibilidad moral de la humanidad. No debemos olvidar que la Corte Penal Internacional es fruto de la persistencia de actores privados, de la decisión de organizaciones civiles y sociales de defensa de los Derechos Humanos y de la movilización efectiva de ciudadanos y ciudadanas dispuestos a no tranzar sus principios por ventajas económicas, por jugosas que sean.

Ciertamente resulta hipócrita y hasta obsceno que un Estado militarista y uno de los mayores exportadores de armas en el mundo muestre preocupación por la carrera armamentista en América Latina, cuando sus propias actuaciones han propiciado tan indeseable estado de cosas.