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La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá compulsó copias a la Fiscalía General para que investigue la presunto vinculación y colaboración de los directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre los años 1999 a 2003, con el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La solicitud de investigación tiene relación con las declaraciones entregadas del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez y el exjefe de informática del DAS, Rafael García quienes detallaron la manera en cómo los paramilitares lograron infiltrar el organismo de seguridad, el cual fue liquidado tras el escándalo de las ‘chuzadas’.
Igualmente compulsó copias a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes para investigar al exfiscal General, Luis Camilo Osorio –entre 2001 y 2005- “en lo relativo a la designación y permanencia en el cargo como directora seccional de fiscalías de Cúcuta, Ana María Flórez”, quien también fue mencionada por los paramilitares.
Además le ordenó al Conjunto de las Fuerzas Militares que entregue información acerca de las hojas de vida de los uniformados que habrían colaborado con la formación y expansión de dicho Bloque en el departamento de Norte de Santander y quienes fueron mencionados por los postulados.
El Tribunal pidió investigar, ante dicha Comisión si existió algún tipo de irregularidad que pueda acarrear responsabilidad penal, en el proceso de postulación y nombramiento de Mario Iguarán Arana como Fiscal General de la Nación para el período 2005-2009, esto basándose en la declaración de Mancuso Gómez sobre la participación de las AUC en este caso.
La Sala también le compulsó copias a la Fiscalía y la Procuraduría General las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir la Superintendencia de Sociedades, en el procedimiento surtido con relación a la liquidación de la empresa L´enoteca Atlántico S.A.
“Compulsar copias de lo pertinente con destino a la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación, para que se investiguen las presuntas irregularidades en que pudo incurrir la Dirección Nacional de Estupefacientes en la administración de los bienes entregados por los postulados”, precisa uno de los apartes de la decisión.
En el fallo también se piden investigar penal y disciplinariamente las posibles irregularidades en que pudieron haber incurrido la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio del Interior, en la administración de los proyectos productivos agroindustriales de Tierralta (Córdoba) promovido por el Gobierno Nacional, actividad en la que según el ente instructor se presentó la pérdida de más de mil millones de pesos.
La Sala pidió además investigar a los gremios económicos, empresas prestadoras de servicios públicos, cpmercio, entre otros, que habrían financiado y consolidado las acciones criminales adelantadas por dicho bloque paramilitar.
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