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La conclusión más grande de la captura de Santrich la semana pasada es que el coco de la llamada comunidad internacional no existe. Es más, las nefastas consecuencias que se anuncian con banda sonora de rayos y centellas si se modifican los acuerdos de paz parecen no ser más que efectos especiales. Me explico.
Estados Unidos, el mayor representante de la llamada comunidad internacional, le dejó claro al Gobierno colombiano que, cuando se violan las leyes y más en caso de narcotráfico, no hay acuerdo de paz que valga. Cuando, según la DEA, Santrich estaba traqueteando a tutiplén, lo inflitró y como consecuencia, la Corte Federal del Distrito Sur formuló una acusación formal que fundamenta un pedido de extradición sin importar el momento de lo sucedido. Esto último es la carne de la hamburguesa.
En Colombia se discute quién debió asumir el caso primero. Las Farc aseguran que por tratarse de un desmovilizado sometido al proceso de paz, entonces debió ser la JEP quien evaluara el caso antes de permitírsele a la Fiscalía actuar. Otros, por el contrario, sostienen que se procedió correctamente y que, una vez en los calabozos de la Fiscalía, entonces debe ser la JEP quien evalúe el caso para determinar si los hechos de narcotráfico que tienen enredado a Santrich ocurrieron antes o después de la firma de los acuerdos de paz.
Pero los que debaten esta temporalidad pierden de vista el cuadro más grande y es que, para las autoridades de EE.UU., papá de la comunidad internacional, hay un delito cometido, una acusación formal, un pedido de extradición y un avión de la DEA calentando. Es decir, el acuerdo no importa.
Pensemos el caso al revés. La DEA descubre que Santrich es un traqueto, lo infiltra, lo coge con las manos en la masa y no traslada el caso a la Corte porque en Colombia hay un acuerdo de paz. ¿Qué le pasaría a ese funcionario? Pensar que la cosa terminaría allí es pecar de inocentes. Sobre todo si está probado, como sostiene la DEA, que Santrich hacía negocios don “Don Rafa”, líder del Cartel de Sinaloa, y desde la semana pasada uno de los diez narcos más buscados por esa agencia estadounidense.
En EE.UU. existe una clara división de poderes. El Legislativo opera desconectado del Ejecutivo y este del Judicial, por lo tanto las excepciones dificilmente se dan. Para EE.UU., un traqueto es igual antes que después de la firma de los acuerdos y por lo tanto es sujeto a extradición.
Así las cosas, desde una corte de Manhattan ha quedado derribado el coco de la comunidad internacional y sus terribles consecuencias si se modifican los acuerdos. Sirva esto para que los demás traquetos de las Farc entiendan de una vez por todas que el presidente Santos ha sido inmensamente generoso con ustedes, pero esa generosidad no se le puede exigir a las autoridades internacionales. El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de darle legitimidad a la muy cuestionada implementación de los acuerdos. Debe acelerar y cumplir su promesa de tramitar vía justicia tradicional casos como este y no dejarse meter en el cuento de que mientras se determina el momento de lo sucedido, entonces Santrich debería estar en su casa o una guarnición especial. Pilas.