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El escenario fiscal que el Gobierno trazó para 2026 empieza a enfrentar reparos desde uno de los órganos técnicos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que las proyecciones incluidas en el Plan Financiero de 2026 resultan “poco creíbles” si no se explican con claridad los mecanismos que permitirían reducir el gasto público en los próximos meses.
El pronunciamiento del organismo técnico, publicado tras el nuevo Plan Financiero del Ministerio de Hacienda, señala que el país enfrenta presiones fiscales significativas, especialmente entre lo que el Gobierno proyecta y lo que, según el análisis del comité, realmente podría ocurrir.
Este plan es una hoja de ruta para estabilizar las cuentas públicas, una herramienta con la que el gobierno Petro no ha logrado disipar las dudas entre analistas, centros de investigación ni agencias calificadoras de riesgo. Por el contrario, el documento ha abierto una discusión profunda sobre la credibilidad de los supuestos macroeconómicos, la viabilidad del ajuste fiscal y la trayectoria futura de la deuda pública.
De acuerdo con el CARF, para alcanzar la meta fiscal de 2026 faltan alrededor de 32,1 billones de pesos, equivalentes a 1,6 % del PIB. Si ese vacío no se cubre con medidas concretas (ya sea aumentando ingresos o recortando gastos) el país podría ver un deterioro mayor en sus finanzas públicas.
“El escenario fiscal de 2026 planteado por el Gobierno es poco creíble”, señaló el comité, al insistir en que no se han detallado los mecanismos que garantizarían la reducción del gasto prevista.
La advertencia llega después de un año particularmente complejo para las cuentas públicas.
La advertencia se produce después de un difícil año para las cuentas nacionales. El déficit primario (la diferencia entre los ingresos y los gastos excluyendo el pago de intereses de la deuda) llegó al 3,5 % del PIB en 2025, alrededor de COP 65,7 billones. Este monto fue significativamente mayor que el proyectado por el Ministerio de Hacienda, que era del 2,4 %. El resultado final fue un déficit fiscal del 6,4 % del PIB, lo que equivale a COP 117,6 billones.
La cifra fue inferior al 7,1 % que había proyectado el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
A primera vista, el resultado podría interpretarse como una mejora.
Sin embargo, es un nivel que no se veía en tres décadas, si se excluyen periodos de crisis económicas profundas.
Ese comportamiento tiene una explicación técnica. Durante 2024 y 2025, el Gobierno realizó operaciones de manejo de deuda (comprar deuda a corto plazo para ajustar las tasas a largo plazo) que redujeron temporalmente los pagos de intereses. Sin embargo, esos alivios podrían revertirse en los próximos años cuando los nuevos títulos emitidos comiencen a reflejar sus costos financieros completos.
En 2025 esos pagos disminuyeron significativamente. Pasaron de representar el 4,3 % del PIB en 2024 a cerca del 2,8 % del PIB en 2025. La reducción se explicó por operaciones contables y financieras que permitieron intercambiar bonos antiguos por nuevos instrumentos.
El efecto de esas operaciones sería temporal, según el CARF.
La calificadora Moody’s advierte que la carga de intereses volverá a crecer, sobre todo en un escenario de tasas internas que se mueven entre el 13 y el 14 %.
Por otro lado, el CARF también recuerda que ese deterioro ocurrió en un contexto de ingresos sobreestimados y gastos subestimados, un problema que ya había señalado en evaluaciones anteriores.
En 2025, el gasto primario ascendió a COP 368,6 billones, equivalentes al 19,9 % del PIB. La cifra superó el 19,5 % proyectado inicialmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Por el lado de los ingresos, el recaudo alcanzó el 16,3 % del PIB. Aunque representó un aumento cercano a COP 27 billones frente a 2024, también quedó 9,5 billones por debajo de lo esperado por el propio Gobierno.
Ese contexto llevó a que el país activara desde 2025 la cláusula de escape de la regla fiscal, un mecanismo que permite suspender temporalmente los límites de déficit y deuda en situaciones extraordinarias.
Lo que proyecta el Gobierno… y lo que ve el comité
El Presupuesto General de la Nación aprobado para 2026 asciende a COP 547 billones y, según los analistas, el ritmo de ejecución observado en los primeros meses del año sugiere que el gasto podría mantenerse elevado, pese a los intentos de Hacienda en el plan financiero.
El Gobierno prevé que el déficit fiscal total debería reducirse al 5,1 % del PIB, mientras que el déficit primario bajaría hasta el 2,1 %, una reducción que permitiría iniciar el regreso a la senda exigida por la regla fiscal, el mecanismo que fija límites al endeudamiento público.
El problema, según el CARF y los analistas, es que ese escenario depende de decisiones que aún no están claramente definidas.
En el escenario base elaborado por el comité, las cifras lucen distintas.
El déficit primario en 2026 podría ubicarse en 3,7 % del PIB (año pasado en 3,5 %), mientras que el déficit total alcanzaría 6,7 % del PIB (año pasado en 6,4 %).
En ese caso, la deuda pública volvería a subir hasta 60,3 % del PIB, un aumento de casi dos puntos frente al año anterior.
El ajuste propuesto por Hacienda podría ser insuficiente y, en el peor escenario, el desbalance fiscal podría mantenerse cerca del 6 % o incluso acercarse al 7 % del PIB, como prevé el Grupo Cibest (antes Bancolombia).
En ese pesimismo fluctúan los análisis del sector financiero, centros técnicos de política fiscal y agencias internacionales. Entre ellos aparecen evaluaciones del equipo de investigaciones de la calificadora Moody’s.
Un ajuste fiscal difícil de lograr
Las proyecciones del comité implican un desafío considerable para el Gobierno.
La meta fiscal establecida para 2027 plantea que el déficit primario debe reducirse hasta 0,3 % del PIB.
Si se comienza con el escenario principal del CARF, eso implicaría una modificación fiscal de 3,4 puntos del PIB en solo un año. Una modificación de tal magnitud supone decenas de billones de pesos en recortes presupuestarios, incremento tributario o una combinación de las dos cosas.
El comité estima que un ajuste de esa magnitud en tan corto plazo es improbable.
Riesgos que pueden ampliar el desequilibrio
El análisis, además, señala distintos factores que podrían empeorar la situación fiscal.
Dependiendo de las determinaciones que tome la Corte Constitucional, surgen entre ellos el efecto del incremento del salario mínimo, el precio de la reforma laboral y la implementación de la reforma pensional.
Todos estos factores juntos podrían significar presiones adicionales sobre las cuentas públicas que se aproximan al 0,7 % del PIB.
El comité también advierte que la economía muestra señales de recalentamiento, un fenómeno que ocurre cuando la demanda crece más rápido que la capacidad productiva.
El aumento de la demanda interna, una inflación constante y la disminución del desempleo a niveles históricamente reducidos son algunos de los indicadores que señalan ese rumbo.
Cibest estima que la inflación podría acercarse al 6,4 %, impulsada por presiones derivadas del aumento del salario mínimo y por la alta indexación de precios en la economía.
El plan financiero también incluye una proyección de precio del petróleo cercana a USD 59 por barril. Ese supuesto se ha convertido en un nuevo tema de debate, sobre todo luego de que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente provocaran que los precios internacionales del crudo superaran los USD 100 en fechas recientes.
El precio elevado del petróleo podría permitir que el Gobierno obtenga más ingresos mediante los dividendos de Ecopetrol. Sin embargo, también podría ampliar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, lo que terminaría presionando nuevamente el gasto público.
En ese contexto, admite el CARF, “la inconveniencia del impulso fiscal” elevado (un aumento del gasto público) podría profundizar los desequilibrios macroeconómicos.
Confianza e inversionistas
Además, el informe indica que la percepción del riesgo en Colombia continúa siendo alta en comparación con otras naciones de la región.
Pese a que las circunstancias financieras en el mundo han avanzado desde la mitad de 2025, la disminución de las primas de riesgo en Colombia ha sido inferior a la de países con economías similares como Brasil, México o Chile.
Las advertencias de Moody’s
Las incertidumbres acerca del plan financiero también se dieron a partir de la evaluación de las nuevas proyecciones fiscales del Gobierno por la calificadora Moody’s.
De acuerdo con la agencia, el documento oficial prevé una disminución del déficit fiscal; sin embargo, el ajuste estructural se sigue retrasando. Esto implica que, durante los años siguientes, el desbalance en las cuentas públicas podría continuar.
La agencia de calificación estima que el déficit fiscal se mantendrá por encima del 6 % del PIB en 2026, lo cual significaría un tercer año seguido con un índice superior a ese nivel.
Según Moody’s, una parte del recorte que el Gobierno planea se debe a modificaciones en las proyecciones macroeconómicas, particularmente a la alza de la estimación de inflación para 2026. El plan financiero ahora incluye una inflación de alrededor del 6 %, un porcentaje significativamente más alto que el 3,2 % considerado anteriormente en el presupuesto inicial.
Esta corrección en las previsiones de inflación está en sintonía con lo que el mercado esperaba, que se elevó luego de que el salario mínimo se aumentara cerca del 23%. No obstante, el Gobierno ha atribuido parte de ese cambio a los efectos del conflicto en Medio Oriente sobre los precios internacionales.
La calificadora también cuestiona el ajuste del gasto público propuesto en el plan financiero. El documento sugiere que el gasto disminuiría en 1,5 puntos del PIB o más en 2026; sin embargo, no especifica claramente las acciones específicas necesarias para llevar a cabo dicha reducción.
Esto indica que, aparte de los factores globales, hay aspectos propios del país que influyen en la confianza de quienes invierten.
Un desafío de largo plazo
Más allá de las cifras de un año específico, el diagnóstico del CARF apunta a un problema estructural.
Reencauzar las finanzas públicas hacia una trayectoria sostenible exigirá decisiones que van más allá de ajustes puntuales en el presupuesto.
“El ajuste requerido para estabilizar la deuda neta se estima entre 3,5 y 4,5 puntos del PIB”, advierte el comité.
El país enfrenta una brecha fiscal significativa que no se cerrará solo con medidas temporales.
Por esa razón, el organismo insiste en la necesidad de discutir reformas con efectos permanentes que permitan aumentar ingresos o reducir gastos de manera estructural.
Un contexto político complejo
Colombia celebrará elecciones presidenciales a finales de mayo, con una transición de gobierno prevista para agosto. Ese calendario genera dudas acerca de la posibilidad de aplicar modificaciones fiscales en el corto plazo.
Según el análisis de Moody’s, las presiones de gasto podrían aumentar en el periodo electoral, lo cual haría más difícil implementar acciones de consolidación fiscal antes del cambio de gobierno.
La agencia también señala que la evolución de la calificación crediticia del país podría depender en parte de las decisiones que adopte el próximo gobierno en materia fiscal y económica.
Actualmente Colombia mantiene una calificación Baa3, el nivel más bajo dentro del grado de inversión según Moody’s.
Un deterioro adicional en los indicadores fiscales podría poner en riesgo esa calificación en el mediano plazo.
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