Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El proyecto de ley para el sometimiento de grupos criminales y de narcotráfico fue presentado por el gobierno de Gustavo Petro, en una de las carreras más ambiciosas por lograr la denominada “paz total”. Los detalles se mantenían en absoluto secreto, a tal punto que recién se conoció ayer, 15 de febrero, que los delincuentes sí o sí pagarán cárcel, que no se les otorgará un estatus político y que no se creará un tribunal especial como la JEP para los sometidos. Es decir, que todo se manejará bajo las normas de la justicia ordinaria y, por ello, la Fiscalía será uno de los soportes más importantes del proyecto.
En contexto: Este es el proyecto para el sometimiento de grupos criminales y de narcotráfico
Sin embargo, solo un mes antes, las relaciones entre la Fiscalía y la Presidencia no eran las mejores. Mientras el máximo mandatario anunciaba un cese al fuego con el Clan del Golfo y ordenaba suspender las órdenes de captura contra sus líderes, el ente investigador se negó por una razón de peso: consideró que el Clan no tiene ningún estatus político y, por tanto, el Gobierno no podría adelantar acciones enmarcadas en diálogos de paz. Es decir, que contra grupos criminales y narcotraficantes lo único que procede es el sometimiento y, mientras eso sucede, la Fiscalía sigue haciendo lo suyo.
En medio de las discusiones, el Gobierno afinó su proyecto de ley y, en realidad, le otorgó a la Fiscalía grandes responsabilidades para materializar la idea. Lo primero que determinó es que, por solicitud de presidente Petro, la Fiscalía suspenderá las órdenes de captura “que se hayan dictado y las que se lleguen a dictar, durante la etapa de conversaciones y procesamiento contra los integrantes de la estructura armada organizada”. Luego, cuando ya se tengan plenamente identificadas las estructuras, en la etapa de procesamiento, la Fiscalía presentará ante los jueces de la República el escrito de imputación colectiva, contrastando sus bases de datos con la información que aporten los mismos criminales.
Le puede interesar: ¿Por qué la extradición no está incluida en la ley de sometimiento?
La Fiscalía, por otro lado, tendría la responsabilidad de convocar a todas las personas que se consideren víctimas de los integrantes del grupo armado. Con esa información, la entidad elaborará una lista y escuchará los pedidos de verdad que las mismas víctimas requieran. Según el proyecto de ley, los procesados estarán obligados a contar la verdad de sus métodos de financiación y reparar a las personas a las que les hicieron daño. A cambio de ello, recibirán beneficios como penas reducidas (entre seis y ocho años de cárcel) y serán incluidos en programas de reinserción a la sociedad.
Los grupos armados que quieran someterse presentarán un listado de integrantes, el cual deberá incluir a los que ya están privados de la libertad. La Fiscalía tendrá un plazo de tres meses, prorrogable por un término igual, para constatar y aprobar que a organización está contando la verdad. Una situación que no tendrá problema, según le dijo el fiscal Francisco Barbosa a El Espectador: “Sin la Fiscalía no es posible hacer un proceso de sometimiento. Tenemos caracterizadas las estructuras criminales, las víctimas, los victimarios y los corredores regionales de criminalidad”.
Antecedentes: La “paz total” camina por la cuerda floja de la crisis carcelaria
Por último, la Fiscalía será la institución que acopie toda la información que entreguen las organizaciones criminales con respecto a las redes que construyeron y los colaboradores que ficharon en las regiones. Sobre todo, si esas redes involucran a otros grupos, a agentes del Estado y a terceros civiles. Asimismo, la Fiscalía verificará que los sometidos entreguen armas, entreguen a los secuestrados, liberen a los menores de edad reclutados y presenten el inventario de bienes y dinero vinculados a la actividad ilegal (sobre el cual podrán mantener el 6%).
El fiscal Barbosa, por otro lado, celebró que el Ministerio de Justicia apostara por la prisión y la justicia retributiva para el proyecto, dado que no podría disfrazarse un proceso de sometimiento como si fuese uno de paz. Asimismo, propuso que haya penas diferenciadas para quienes son responsables de graves violaciones de derechos humanos y quienes están más bajo en la línea de mando. Concluyó que la entidad está capacitada para soportar la ley de sometimiento: “Yo le dije al presidente en agosto, en la primera reunión que tuvimos: no se pongan a buscar otras entidades para hacer un sometimiento, porque no le sale bien y no le alcanza el tiempo”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más