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El Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional al pago de una indemnización por los perjuicios causados a una docente que participó en unas manifestaciones adelantadas en el año 2000 frente a la Secretaría Distrital de Educación en Bogotá.
La docente perdió uno de sus ojos debido a la herida que sufrió con un gas lacrimógeno que fue lanzado por los policías que se encontraban en manifestación con el fin despejar la vía que había sido obstaculizada por los docentes.
El alto tribunal encontró probada una falla en el servicio por parte de los agentes de la Institución, pues se omitieron los manuales de atención, manejo y control de multitudes, en los que se establece la prohibición para que estos artefactos sean disparados hacia las multitudes.
La Sala tuvo en cuenta el testimonio de uno de los patrulleros quien “afirmó que se usaron gases y que incluso uno fue enviado hacia la tarima del evento, donde lógicamente se encontraban la mayoría de los asistentes”.
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