La crisis del Congreso

Cuatro de la coalición de gobierno solamente en la última semana. Los escándalos de corrupción para aprobar la primera reelección ensombrecen la aprobación de la segunda. Paradójico resulta que como salida a la crisis del Congreso se presente el llamamiento al pueblo para que decida sobre el cambio constitucional que permita continuar al presidente Uribe en el poder. Si los congresistas no cumplen con su tarea de representación popular de conformidad con las normas procesales, que sea el pueblo mismo quien tome las decisiones más cruciales. Tal es el argumento que se escucha a los amigos de la reelección.

Nadie duda que la política en Colombia atraviesa por una profunda crisis. Esto en parte por los dineros del narcotráfico, pero también como consecuencia de prácticas clientelistas y decisiones de los propios congresistas, entre ellas la que aprobó el trasfuguismo político para evitar el castigo electoral a los partidos con vínculos paramilitares. Menos clara y atendible resulta la propuesta de corregir las fallas del sistema de democracia representativa mediante la sustitución de la decisión parlamentaria por la del pueblo. La creencia en que la decisión directa del pueblo maximiza la libertad de todos es un espejismo. Ella no subsana el desconocimiento de las garantías institucionales para las minorías. Dada la complejidad de los asuntos humanos en las sociedades modernas, la decisión popular directa no es la más adecuada para reemplazar la división social del trabajo propia de la democracia representativa, la cual permite una respuesta especializada en temas complejos.

A la crisis del Congreso no debemos responder con su reemplazo por la democracia directa propia de reducidas comunidades como la polis griega. O’Donnell ha puesto de presente los peligros de la democracia plebiscitaria, que hoy en día adopta la forma extrema de la democracia mediática. La respuesta democrática a las fallas del parlamentarismo se encuentra más en el fortalecimiento de los partidos políticos, en la democratización de su organización y funcionamiento y en el aumento de su responsabilidad ante los electores. La recuperación de los mecanismos de representación y participación políticas se garantiza mediante una educación para la democracia, donde los ciudadanos sean formados para ejercer la crítica, y la crítica a la crítica. Esto en un ambiente donde los medios de comunicación permitan la libre formación de la opinión pública, y no como sucede hoy con medios de comunicación que teledirigen las emociones populares para apoyar al déspota de turno y recibir así sus favores.

La principal tarea en la búsqueda de una salida a la crisis de representación política es una educación que forme en la libertad y contra el servilismo. Por fortuna tenemos instituciones como la Corte Suprema de Justicia, que en buena hora rectificó su doctrina sobre la renunciabilidad del fuero de los congresistas ya que éste protege la función y no a la persona, o la Corte Constitucional, que se juega ahora toda su credibilidad en el análisis del procedimiento de aprobación de la ley que permite la reforma constitucional por referendo. Veremos si nuestro régimen sigue siendo republicano, o si éste ha sido reemplazado por el régimen totalitario propio de los Estados autárquicos del pasado.