De La Picota a una cama de por vida

El 12 de marzo de 2012 su vida cambió. Fue víctima de un atentado en una celda, donde varios presos lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Luego intentaron quemarlo vivo. Tras ser rescatado lo llevaron al pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar, donde permaneció un mes y los médicos le dictaminaron muerte cerebral sin posibilidad de recuperación. Esto implicaba el uso de una cama especial, paramédico 24 horas, terapias respiratorias y suministro de medicamentos.

“Nos dijeron que salió caminando de la cárcel, pero que en la ambulancia le dio un paro cardiorrespiratorio, entonces tuvieron que reanimarlo de camino al hospital. El dictamen de Medicina Legal fue una encefalopatía hipoxia isquémica, es decir, una muerte cerebral”, aseguró Judy Rincón, hermana de Jhon Javier.

Desde entonces quedó postrado en una cama y por su delicado estado de salud le concedieron la posibilidad de seguir pagando su sentencia en casa. No podía valerse por sí mismo. Perdió la movilidad, el habla e incluso el control de esfínteres. Como aún le faltaban dos años de condena, el Inpec lo mantuvo afiliado a la EPS Caprecom, que atiende a los reclusos. La entidad le prestó la atención médica que necesitaba: cama especial, enfermera las 24 horas, terapias respiratorias, medicamentos y pañales. Esto hacía un poco llevadera la dramática situación.

Pero los beneficios duraron sólo dos años. El pasado 9 de abril la justicia le concedió libertad por pena cumplida. A partir del momento en que se notificó la decisión, Rincón quedó sin protección médica. Caprecom EPS y el Inpec suspendieron sus servicios pues, según ellos, como ya no tenía la condición de preso, su familia debía encargarse del tratamiento.

Ordenaron retirar la cama especial y el paramédico dejó de ir. Le suspendieron los medicamentos, las terapias y los elementos básicos, como pañales. Jhon Javier quedó sin protección. “Él se enfermó estando en la cárcel, entonces no es justo que nos quiten el servicio así no más. No tenemos dinero y esos tratamientos son muy costosos. Alguien nos tiene que responder, porque sin eso él podría morirse”, afirmó Marinela Loaiza, esposa del expresidiario.

A pesar de que Jhon Javier seguía afiliado a Caprecom, el plan de salud no cubría ni la mitad de lo que ofrecía la EPS mientras tuvo la condición de recluso. Como sus quebrantos de salud aumentaban, porque no le suministraban las drogas necesarias, Marinela insistió ante el Inpec, Caprecom y los juzgados de ejecución de penas para que le restituyeran el servicio. Todos rechazaron su solicitud.

Por ejemplo, la respuesta del instituto penitenciario fue que la entidad nunca vulneró el derecho a la salud de Jhon Javier, pues cuando estuvo a su cargo se le dieron todas las atenciones médicas necesarias. Además dijo que esa responsabilidad debía pasar a Caprecom, donde está afiliado al régimen subsidiado. Por su parte, la EPS guardó silencio.

Al verse sin opciones, Marinela presentó una tutela en contra del Inpec y la EPS, en la que exigió la restitución de los servicios médicos, argumentando que ella carecía de los medios económicos para cubrir los elevados costos del tratamiento. La semana pasada, el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de la familia Rincón.

Por esto, Caprecom deberá responder por los servicios que de ahora en adelante necesite Jhon Javier. Los magistrados ordenaron practicarle exámenes para conocer su estado de salud y el procedimiento a seguir, en el que tendrá que definirse los medicamentos, las terapias e insumos (cama hospitalaria y pañales desechables) y si necesita médico y enfermera domiciliaria. “Todo lo que lleguen a ordenar los médicos, lo tendrá que suministrar Caprecom con la periodicidad que ordenen los profesionales. Se autoriza para que recobre ante el Fosyga lo que llegase a estar excluido del POS”, dice la sentencia.

Como la suspensión del servicio médico se hizo sin justificación, los jueces enviaron copia del proceso a la Superintendencia de Salud y a la Procuraduría para que investiguen las posibles irregularidades que se pudieron haber cometido en este caso.

Aunque ya ganó la primera batalla jurídica, la familia Rincón espera que la demanda contra la Nación también falle a su favor, pues Jhon Javier ingresó sano a la cárcel y desde ese momento su seguridad e integridad eran responsabilidad del Inpec, algo en lo que evidentemente falló la institución. Por el momento, el instituto carcelario ha intentado conciliar con la familia y le ofreció una indemnización por $98 millones. Sin embargo, para Marinela Loaiza ese monto es muy bajo si se tiene en cuenta que su esposo jamás volverá a ser el mismo y estará preso para siempre en su cuerpo inmóvil. 

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@lauradulcero