La finca de la discordia

Nueve años después de haber cumplido decenas de diligencias judiciales y de permanecer recluido en varias cárceles del país, la disputa por una finca tiene a Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, a punto de perder los beneficios de Justicia y Paz. La Fiscalía solicitó su exclusión del proceso luego de comprobar que ocultó información sobre el despojo de La Holanda, propiedad de Hugo Berrío Torres ubicada en Montería (Córdoba). Berrío fue asesinado en 2002 por orden del comandante del bloque Mineros, Ramiro Cuco Vanoy, en desarrollo de una cruda vendetta entre narcotraficantes que produjo la muerte de once personas y que más tarde se conoció como la masacre de Parques del Estadio. Tras su desaparición, Monoleche contrató a un abogado para que pusiera el predio en cabeza de Amparo Pereira, una de sus exesposas, consiguiendo darle apariencia de legalidad al despojo.

En la historia de esta finca aparece, además, el nombre de Benito Osorio, exgobernador de Córdoba y exgerente del Fondo Ganadero de ese departamento, quien se convirtió en uno de los testigos claves de la Fiscalía para develar la empresa criminal que se tejió alrededor del despojo de tierras. Osorio, que aceptó su responsabilidad por esos hechos el pasado 7 de octubre, figura como dueño de La Holanda entre 1983 y 1994, cuando se la vendió a la familia que más tarde la negoció con Berrío. Sin embargo, luego de que Pereira empezara a figurar como la nueva propietaria, el asunto pareció saldado. Hasta 2007, cuando Yanet Arango, la viuda de Berrío, ingresó a la cárcel de Itagüí para pedirles a los ‘paras’ que le devolvieran el predio, avaluado en $1.500 millones.

Más tarde, Arango asistió a un segundo encuentro acompañada de otras herederas de su esposo, que negociaron distintas sumas de dinero para cesar las reclamaciones. Según Monoleche, “a Yanet le dije que le iba a dar $150 millones, pero pidió 300. Yo le contesté que entonces montara una denuncia, pero que si lo hacía iba a perder la tierra, porque no era de un empresario sano sino de un ‘narco’, y que eso pasaba a extinción de dominio. La señora dijo: ‘Yo tengo cómo pelear esto’, y por eso no llegamos a ningún acuerdo”. Desde entonces se enfrascaron en una dura batalla jurídica que ha estado signada por graves acusaciones y que empezó en enero de 2008, cuando Arango denunció a Monoleche por los delitos de testaferrato, lavado de activos, falsedad en documento público, amenazas, desplazamiento forzado y fraude procesal.

Sin embargo, en agosto de 2011, una jueza consideró que ella “incurrió en una serie de contradicciones” y que no había pruebas para condenar al exparamilitar. El caso fue llevado al Tribunal de Montería, que declaró su nulidad desde la apertura de la investigación debido a “protuberantes irregularidades”. Pese a ello, en el expediente quedaron consignadas las primeras acusaciones. El 11 de marzo de 2009, Monoleche le envió una carta al director de Fiscalías de Montería, en la que aseguró que Arango “acudió a personal al margen de la ley a fin de presionar a la señora Pereira” para que le devolviera La Holanda. El ‘expara’ fue aún más lejos y declaró que Arango había delinquido de la mano de Hugo Berrío en el negocio del narcotráfico y que él mismo había sido amenazado por un jefe de los Urabeños. A la par que se cerraba el caso, Monoleche declaraba ante fiscales de Justicia y Paz que poco o nada tenía que ver con el despojo de la hacienda.

Las diligencias continuaron y, aunque no se había podido demostrar la responsabilidad de Monoleche, un fiscal de Bogotá canceló todas las compraventas realizadas con posterioridad a 2002, lo que permitió que en abril de 2012 La Holanda les fuera adjudicada a los herederos de Berrío. Pero el asunto no quedo ahí y en febrero de este año Yanet Arango acudió al Tribunal de Medellín para denunciar que varios emisarios de Monoleche la habían amenazado de muerte. Entonces, el exjefe de seguridad de los Castaño se defendió y aseguró que no había contado la verdad porque “un señor Giovanni, que era el segundo comandante de los Urabeños, me mandó a decir que si denunciaba esto, que si la finca se iba a extinción de dominio, iba a tener problemas con ellos”. En el ambiente de la sala quedó la incertidumbre respecto a quién era el acusado y quién el acusador, mientras ambas partes aseguraban temer por su seguridad.

Sin embargo, el 6 de agosto Monoleche terminó de destaparse y aceptó su participación en el despojo de La Holanda. Además denunció que Arango había brindado la información que permitió encontrar a Fredy Berrío, un hermano de Hugo asesinado en la masacre de Parques del Estadio, porque mantenían una enconada disputa por las jugosas propiedades de su esposo. En la pelea terció la Fiscalía Octava de Justicia y Paz, encargada de documentar el bloque conocido como “Casa Castaño”, la cual el 3 de octubre solicitó la exclusión de Monoleche del proceso de justicia transicional. Según el ente acusador, “son evidentes las contradicciones y las mentiras del postulado, quien decidió presentar la verdad luego de seis años desde que se le indagó por estos hechos, no porque no los recordara, sino para ocultar las circunstancias, garantizar la impunidad y mantener el predio en cabeza de Amparo Pereira”.

El próximo 17 de octubre el Tribunal de Medellín deberá resolver la solicitud de la Fiscalía, que por ahora mantiene frenada la lectura de la sentencia condenatoria que había preparado el magistrado Rubén Darío Pinilla por cuenta de otros crímenes que cometió Monoleche en Córdoba y Urabá. En manos de la justicia queda resolver los interrogantes que han rodeado este polémico expediente.

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