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Ha hablado El Espectador (artículo del 05-05-09) de “conejos al aborto”, porque entidades como la Procuraduría no están en la actualidad haciendo propaganda a realizar más y más abortos en los tres casos en que se “despenalizó” ese delito por sentencia de la Corte Constitucional, con la asesoría y recursos de la ONG Women’s Link.
A esa mitigación de la campaña abortista que se venía haciendo, para la cual ha habido desde el Ministerio de Protección Social ríos de plata y múltiples foros bien financiados, a esa merma de tono a tal campaña, y a la defensa del sagrado derecho a la “objeción de conciencia” (Constitución Art.18) que alegan honestos profesionales, es cuanto califican ciertos escritores de “conejos al aborto desde la Procuraduría”. Se aterran ante esos conejillos con que con toda razón y vital entereza se enfrentan a ese “orangután” al que se dio libre tránsito por Colombia desde la Corte Constitucional (10-05-06) al “despenalizar” en algunos casos el aborto, y detrás del cual han aparecido otros congéneres aún de mayor peligrosidad como el Decreto 4444 de la Presidencia de la República (13-012-06). En este último no solamente se reglamentó sino que se quiere avanzar a la “legalización”, en esos casos en los que sólo se había dicho en la Sentencia que “no eran delito”.
Ciertamente que han ido adquiriendo garras más potentes esos orangutanes, que bajo pretexto de “derechos de las madres” los autorizan para devorar a los más indefensos, como son los niños en el vientre materno. A pesar de multitudinarios rechazos en contra, la Corte “despenalizó” el delito del aborto en tres especiales casos, pero por el mencionado Decreto se autorizan y aún se exigen algunas acciones a entidades, con miras a “regular el goce efectivo” de las madres de cuanto quieran considerar no como algo solamente no penalizado sino como “permitido” y garantizado por la ley así se atropelle el sagrado y primero de los derechos, el de la vida, (Constitución Art.11). Quiere también ese lamentable Decreto pasar por encima del derecho a la “objeción de conciencia”, con el sofisma de que se aplica a las personas físicas pero no a las entidades, como si paredes u oficinas de edificios fueran las que decidieran y no estuvieran siempre de por medio directivos que tienen también el sagrario de su conciencia.
No está de más advertir que la Iglesia Católica no es ninguna ONG y que quienes llevan en su mente y corazón el mensaje de Cristo no están obrando a nombre de esa entidad sino como ciudadanos colombianos inspirados en ese mensaje, que, por lo demás, brota de la Ley Natural que defiende la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.
Mons. Libardo Ramírez Gómez. Bogotá.Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
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