La pelea entre el sindicato y el supersociedades

En un oficio conocido por El Espectador la Procuraduría acaba de abrir indagación preliminar contra el saliente superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, y otros tres funcionarios de esta entidad por supuesto acoso laboral contra una miembro del sindicato de esa entidad. ¿La razón? Que desde septiembre del año pasado a todos los funcionarios de la Supersociedades se les restringió el acceso al radicador de la entidad debido a la sospecha de que funcionarios de la entidad le estaban filtrando información reservada a empresas investigadas y con el fin de proteger a la misma entidad. Esto, supuestamente, ha entorpecido la labor de los trabajadores. El superintendente señala al respecto que no ha habido acoso sino todo lo contrario y ya una vez la justicia le dio la razón.

En un fallo de tutela del 26 de marzo de este año, conocido por El Espectador, un juez de Bogotá le dijo no a las pretensiones de otro miembro de ese sindicato, Andrés Peña, para que se le restableciera el acceso irrestricto al radicador. De acuerdo con el juez, «la medida del uso restringido del radicador no solamente afecta al accionante y se trata de una medida de la gestión administrativa para la organización y distribución del trabajo (…) La decisión adoptada responde a razones y motivos de carácter objetivo, como es la implementación del Sistema de Gestión Integral, el cual requiere que se afronte los riesgos en el uso de la información y de la documentación dentro de los diferentes procesos».

Por su parte, en un oficio conocido por este diario, el supersociedades sostuvo que «la funcionaria Adriana Duque no ha sido sujeta a un entorpecimiento laboral por parte mía ni en razón a las determinaciones tomadas por la administración. Todo lo contrario: ha contado con las condiciones necesarias para el desempeño de sus funciones, máxime cuando sus compañeros de trabajo en igualdad de condiciones han cumplido con las tareas asignadas en concordancia con los nuevos parámetros de seguridad establecidos, pues se recuerda que el acceso a los diferentes documentos almacenados en el sistema se encuentra gobernador por políticas transversales que se aplican en igualdad de condiciones para todos los servidores». Y recordó que los funcionarios pueden acceder a los documentos del radicador por medio de una solicitud.

Pese a ello, tanto Peña como Duque aseguraron, en su momento, que esta decisión ha entorpecido su trabajo. De hecho, en la queja presentada ante la Procuraduría, Duque señaló que solicitó que «se me exonere de toda responsabilidad en cuanto a la parálisis de los procesos, la atención de las peticiones y demás asuntos que debo atender en el ejercicio de mis funciones, sin recibir respuesta alguna a mi petición (de que se le dé acceso irrestricto al radicador».

La Procuraduría citó a varios funcionarios de la Superintendencia para que den su versión de los hechos y a la misma Superintendencia para que informe sobre las medidas tomadas para proteger los datos reservados de esta entidad y que tanta controversia han generado.

Pero de fondo hay un problema mayor: vale recordar que esta medida se originó, precisamente, por denuncias de que algunos funcionarios de la Supersociedades estaban filtrando documentos reservados a empresas investigadas por esa entidad, lo que amenazaba con poner en riesgo a varios procesos, entre ellos, el de Interbolsa. Fuentes de la Superintendencia le informaron a este diario que actualmente hay dos procesos disciplinarios contra miembros de esa entidad, entre ellos, miembros del sindicato por la presunta filtración de información.

«Es que antes de abrir la investigación formal, algunas empresas ya sabían que las íbamos a investigar. Todo esto, al parecer, porque algunos funcionarios estaban accediendo al radicador y filtrando la información privilegiada que en este se encuentra». Sea como sea, el superintendente Vélez ya se encuentra de salida, a la espera de que llegue su reemplazo, Francisco Reyes. La pregunta es si la Procuraduría decidirá abrir un proceso contra Vélez y los otros tres funcionarios o no. Y si los procesos disciplinarios que se adelantan por la presunta filtración de información por parte de algunos miembros de esta entidad llegarán a buen puerto.