Publicidad

¿Quién ronda a las cortes?

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Existen actualmente evidencias que señalan cómo la creciente independencia del Poder Judicial en Colombia puede estar viéndose afectada por hechos de corrupción, abuso de poder y clientelismo.

Peligro que destaca el informe de 2004 del PNUD sobre la democracia en América Latina, y que ameritaría un debate desapasionado al margen de la polarización política que vive el país.   

El informe del PNUD sobre la democracia en América Latina, publicado en 2004, destaca en su página 84 los importantes avances en cuanto a la independencia del Poder Judicial en la región. No obstante, llama la atención sobre “el uso que puede estar haciendo el Poder Judicial de su creciente independencia”. Se resalta cómo por sí misma, “esa independencia no previene y, en varias hipótesis, puede facilitar tentaciones corporativas de interés sectorial y hasta la corrupción de este poder”. Por eso piden que “los ingentes esfuerzos y las abultadas sumas de ayuda internacional que se están dedicando a la reforma del Poder Judicial, tomen con mayor cuidado que hasta ahora la preocupación que dejamos enunciada”.

En ese sentido, existen razones para pensar que en Colombia esto puede estar sucediendo. Hay evidencias que señalan relaciones entre magistrados y reconocidos delincuentes o sus asociados. De otro lado, el creciente número de ex magistrados aspirando a cargos de elección popular, que hoy utilizan sus fallos de ayer como la plataforma política de hoy, merecen al menos un debate acerca de los alcances de la soberanía Judicial, de lo que hacen eco las cada vez más frecuentes quejas por la supuesta politización de las decisiones de las Cortes. Además, el mismo diseño del Poder Judicial lo hace prácticamente carente de frenos y contrapesos, por lo que es común escucharles apelar a su respeto y soberanía, dando la sensación que se está enfrente de una monarquía absoluta sobre la que no existe recurso alguno.

No obstante lo reprochable que puede parecer la actitud de organismos estatales por el aparente seguimiento ilegal a los magistrados, que merece una explicación clara y contundente del Ejecutivo; también debería serlo una explicación en el mismo sentido, acerca de las ya múltiples evidencias que señalan relaciones entre magistrados y reconocidos delincuentes o sus asociados así como aparentes desviaciones de poder y clientelismo. Tanto el Gobierno como las Cortes deberían entender que querer aparecer ante la opinión pública como libres de todo mal y pecado ante la contundencia de las evidencias y apelar a su soberanía para acusarse mutuamente, sólo contribuye a hacerle daño a la democracia. Por eso, al margen de cualquier polarización partidista, se requiere un análisis serio y desapasionado de lo que está sucediendo.

 Luis G. Morales S. Cali.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com

Conoce más

Temas recomendados:

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido