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En sus conclusiones tras estudiar el informe sobre el respeto de Japón al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el órgano de expertos independientes constata que el número de ejecuciones ha ido aumentando a lo largo de los últimos años.
Los expertos alegan que, a pesar de que la mayoría de las encuestas de opinión en el país asiático favorecen la pena capital, ésta debería ser abolida.
También estiman que Japón debería introducir un sistema obligatorio de recurso en los casos en que se haya pronunciado la pena de muerte, y garantizar que todo nuevo proceso, o una petición de gracia lleven implícita la suspensión de la ejecución de la pena.
En 2008 se han registrado 15 ejecuciones en Japón, y desde que en 2006 se suspendió una moratoria de hecho de 15 meses de la aplicación de la pena capital, 28 personas han sido ajusticiadas.
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