Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El sábado pasado, 21 de marzo, se cumplieron tres años de la desaparición de mi padre, Jaime Gómez, quien fue reconocido a través de varios medios de comunicación como el asesor de Piedad Córdoba, que se perdió al subir la montaña del Parque Nacional. Su historia no es muy distinta a la de muchos otros que en Colombia son desaparecidos y asesinados.
En 2006 tuvimos que batallar contra los medios de comunicación y las autoridades nacionales para que reconocieran que se trataba de una desaparición y en consecuencia actuaran. La Sijín hablaba permanentemente de autodesaparición o de robo. Los medios hicieron eco de estos mensajes y pusieron a la familia a pelear contra la difamación de su buen nombre.
El 23 de abril aparecieron sus restos en una zona en la que habíamos buscado previamente. El levantamiento del cadáver no se hizo con los procedimientos debidos y una serie de irregularidades hicieron parte de ese momento y del traslado de los restos a Medicina Legal. Después ni se diga. Instituciones y funcionarios del gobierno actual cometieron irregularidades bastante serias.
En mayo de 2006 se abrió un expediente en Fiscalía. Desde entonces han sido asignados distintos Fiscales que no avanzan en las hipótesis del asesinato, ni en los móviles, ni en los responsables. Parecen no recoger el pequeño trabajo de fiscales anteriores, no valoran lo que decimos, no cuentan con metodologías adecuadas, han dejado perder información valiosa. El cuadro, impunidad. Han sido varias batallas, una de ellas el reconocimiento de que fue un homicidio. Pese a las observaciones de peritos forenses independientes, que establecieron el 24 de abril que se había tratado de un homicidio, Medicina Legal dio declaraciones vacías de fundamento y confusas que hicieron circular la idea de un accidente. Los medios contribuyeron a esto de manera irresponsable, así como personalidades del país, incluido el Presidente. En octubre de 2007, la Fiscalía reconoció públicamente que fue un homicidio.
No fue posible, pese a todo lo que se hizo para quitarle relevancia al caso, cerrarlo diciendo que fue un accidente, crimen pasional, robo o suicidio; no nos pudieron quitar el derecho a un proceso de investigación. Ahora trabajamos porque no se nos niegue el derecho, como es común en Colombia, a saber la verdad y a que se aplique justicia. El Estado ha actuado en omisión y en obstrucción de la justicia. ¿Será que también actuó directamente en la vulneración de los derechos de mi padre? Sólo una simple pregunta, porque entonces no entiendo por qué no avanza nada, o por qué no, al menos, de manera diligente.
Diana Marcela Gómez Correal. París.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
Conoce más