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Los desbalances urbanísticos de la ciudad son evidentes. Según la zona en la que se transite, la experiencia puede variar en cuanto la facilidad para caminar, conversar en una alameda e ir con sus hijos a un parque. Para reconocer los contrastes basta con caminar por los lánguidos y maltrechos andenes de Bosa y luego visitar Barrios Unidos o Teusaquillo, donde parques como el Simón Bolívar o el Park Way reflejan el privilegio.
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Aunque varios factores los que inciden en esta dinámica, lo cierto es que el déficit de espacio público ha sido determinante en esa asimetría urbana. Hoy Bogotá tiene apenas 4,5 metros cuadrados de espacio público por habitante (m²/hab), muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es mínimo 15. Y, por si no fuera poco, su distribución es inequitativa, con localidades muy pobladas y pocas zonas para el disfrute de sus habitantes.
Los datos, en detalle, lo demuestran. Mientras localidades como Santa Fe tiene 13,18 m²/hab efectivos; Teusaquillo, 12,07 m²/hab, y Barrios Unidos, 12,07 m²/ hab, hay otras como Rafael Uribe Uribe (2,99 m²/hab), Los Martires (2,50 m²/hab) y Bosa (2,09 m²/hab) que representan la otra cara de la moneda, con barrios densos en población y poco espacio para ser transitados.
Esta lógica se debe a la forma desorganizada en la que creció la ciudad hacia las periferias y la concentración de inversión y empleo en unas zonas concretas, y la naturaleza original de informalidad, que permea a todos los barrios en los límites de la ciudad. Con todo ello, la ciudad ha intentado equilibrar el desajuste a través de iniciativas propias, como obras de valorización e, incluso, apalancándose en las cargas urbanísticas a través de los derechos de cesión.
Todas las iniciativas, sin embargo, no han reflejado un cambio sustancial en la problemática. A corte de 2023, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la segregación especial persistía, pese a los esfuerzos por mejorar el panorama.
En medio de esta situación, los formuladores del POT 555 (norma que rige los designios urbanos de la capital) fijaron una serie de instrumentos para optimizar el espacio público y, sobre todo, dotar de nuevo mobiliario a las localidades rezagadas. Es ahí en donde entra el decreto 072, el cual se reglamentó a finales de 2023, trayendo consigo nuevas herramientas para que la ciudad logre sortear ciertos obstáculos burocráticos e incorporar espacio público con mayor facilidad.
Tal fue el impacto de la medida, que la ciudad logró incorporar, desde su implementación, más de 1,3 millones de M2, a través de la figura en 2024, lo cual representó el 72 % del total del mobiliario público que ganó la ciudad en este periodo, cuando se reportó la cifra récord de 1,8 millones de m2 incorporados.
¿Cómo funciona?
El Espectador contactó Alejandra Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Defensoría Del Espacio Público (DADEP), una de las promotoras de la normativa. “Lo primero que logra el decreto es la facilidad a la hora de incorporar nuevos metros cuadrados de espacio público que, si bien existían, no estaban incluidos en el inventario. Tenemos el caso de barrios con terrenos sin inversión (que suplían la función de parque) y con este decreto vamos a poder mejorarlo e incorporarlo al mobiliario público”.
Pero la utilidad del decreto no solo queda en los barrios y las iniciativas comunitarias. Un artículo hace que, en el despliegue de una obra pública, como la de una vía, también se pueda incorporar espacio público. “Digamos que el IDU construye una vía y en ese terreno donde se hacía la vía tenía predios que no hacían parte del inventario. Pues ahora, después del decreto, ya con la construcción, lo incorporamos automáticamente”, comentó Rodríguez.
Compensación: punto neurálgico del 072
Existe otra herramienta en el decreto que, a simple vista, despierta inquietudes. La norma abre la posibilidad de que algunos privados, obligados a ceder parte del terreno de sus construcciones para generar espacio público, lo puedan compensar económicamente, para que el Distrito pueda generar espacio en otro lugar de la ciudad.
La premisa, a simple vista, podría ser interpretada como la opción de saltarse la norma con dinero. Sin embargo, no es del todo así. Pedro Solarte, abogado catastral, explicó que este componente solo aplica para casos excepcionales, en donde “haya una imposibilidad técnica y justificada para ceder el espacio público”.
A tal efecto, cuando no se pueda llevar a cabo la cesión de los predios, el privado “deberá acordar con el Distrito otro tipo de compensación, ya sea económica o en metros cuadrados en otro lugar de la ciudad”. Esto lo confirmó el DADEP, que aclaró que “el espacio público de la ciudad no está en venta. Lo que se propone aquí es que se puedan dar compensaciones para la ciudad y los casos de imposibilidad en la cesión de predios no queden atorados”.
Y agrega: “Por ejemplo, un privado que no pueda ceder el espacio puede construir un parque en otro punto de la ciudad o pagar una compensación económica”. Esta suma se calcularía con base en los metros cuadrados del área a sustituir, su valor de referencia y el costo de adecuación. Esta parte del decreto, en todo caso, solo aplicará a casos específicos. El uso de estos recursos corre por cuenta de la Secretaría de Hacienda, puntualizó Rodríguez.
Aspectos a corregir
De acuerdo con las cifras que el DADEP compartió con El Espectador, la mayoría de m2 incorporados en 2024 se concentraron en la localidad de Santa Fe, con un total de 625.338 m2, bastante lejos de Usme, la segunda en el escalafón, con 219.582 m2. Aunque cada nuevo fragmento de espacio público es una ganancia para los ciudadanos, lo cierto es que Santa Fe ya es la tercera localidad con el mejor índice de m2/hab. Usme, por su parte, está en la parte media de la tabla, por lo cual esta incorporación sí pudo contribuir a revitalizar sus calles.
Por otro lado, las localidades más rezagadas, como Los Mártires y Bosa no tuvieron una participación significativa en esta nueva oleada de mobiliario público. En el primer caso, no hubo un solo metro cuadrado incorporado y durante 2025 apenas se han podido habilitar 3.415 m2 nuevos. Bosa, entre tanto, incorporó 84.158 M2 nuevos en 2024, aunque ninguno en el presente año. De tal modo que, si bien, el mecanismo parece eficiente, no corrige el desequilibrio espacial entre el centro y la periferia.
Continúa la cruzada por el espacio público en Bogotá. Una urbe moderna, que aspira a ser el corazón de un área metropolitana y referente en el continente, necesita corregir cualquier disparidad en su habitabilidad. Sin importar el estatus, la ubicación o la condición socioeconómica, las normas de espacio público deben ser respetadas y acatadas por todos. Veremos, más adelante, como termina de desenvolverse esta nueva herramienta.
El caso de la embajada de EE. UU.
Finalmente, hay un caso particular, en medio del decreto, que todavía no se resuelve y se mantiene detrás de un manto de intriga. Cuando el 072 fue sancionado, a finales de 2023, El Espectador pudo conocer que a través de su cuerpo jurídico se intentaba mediar con la Embajada de los Estados Unidos. El complejo consular estaría ocupando una “muela” en el costado oriental, de casi 1.000 m² de zonas verdes que, en teoría, le pertenecen al Distrito. Estos antejardines, con el RUPI 1677-2, deberían ser destinadas a zonas recreativas. En aquel entonces, fuentes anónimas le informaron a este diario que la negociación había escalado al mismísimo Congreso de los Estados Unidos.
Lo anterior, dado que la competencia de acogerse a este plan para, por ejemplo, reponer este espacio público a la ciudad en otra zona, residía exclusivamente en el cuerpo legislativo de este país. Con todo y que, para esa fecha, la cosa parecía avanzar, todavía no se ha definido el mecanismo por el cual la embajada repondrá ese espacio público. La última actualización que se le compartió a El Espectador desde el DADEP, no disto mucho de la obtenida en 2023: “el asunto es confidencial y está en trámite”.
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