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La Inteligencia Artificial (IA) no es el futuro, es una realidad que está aquí y ahora. El poder judicial de Colombia ya lo entendió y tiene luz verde de la Corte Constitucional para implementar estas herramientas en su trabajo. Sin embargo, aunque desde hace un tiempo se vienen adoptando los beneficios de la IA en la justicia nacional, hay incógnitas sobre los problemas, dudas y límites que trae consigo. El Espectador revisó cómo ha sido el uso de la IA hasta ahora en el país, cómo está parado frente a otras naciones y lo que le falta para disipar cualquier duda sobre su viabilidad en esa rama del poder.
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El pasado 12 de agosto la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, determinó que la IA no puede reemplazar a un juez a la hora de tomar una decisión judicial. Lo que sí puede, es ser usada durante los procesos. En palabras del alto tribunal, “es admisible emplear estas tecnologías con fines de gestión administrativa y documental; apoyo a la función judicial en actividades que no suponen una labor de creación de contenido, interpretación de hechos o textos, ni solución de casos; y corrección y síntesis de textos, siempre y cuando estos sean supervisados por el operador jurídico para determinar su precisión, coherencia y correcta aplicación”.
Lo positivo de la IA:
Para la profesora Marina Gascón Abellán, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad Castilla-La Mancha (España) y quien fue conferencista en agosto pasado en el encuentro del Consejo de Estado en la materia, la IA tiene ventajas como, por ejemplo, el aporte de modelos de razonamiento para los jueces, es decir, ponerles de presente posibles escenarios en los casos. Dice la académica, también, que “se miden riesgos y pueden calcular si se hace necesaria o no, por ejemplo, una medida cautelar”. Y aunque enumera más ventajas, también hay falencias de la IA que deben solucionarse.
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Según la catedrática española, las herramientas de IA pueden ayudar a descongestionar sistemas judiciales que no dan abasto, como en Colombia. “Ayudan en pleitos sencillos o rutinarios: lo burocrático”, señala. Asimismo, Gascón pone de presente que puede apoyar en los despachos con el análisis de las pruebas en distintos casos. “Pruebas como reconocimiento facial, medir la velocidad de un vehículo, servicios de transcripción de audio a texto. La IA analiza los datos y es preciso a una velocidad que los humanos no pueden. El tiempo es algo altamente valioso en los procesos judiciales”, para que no prescriban, resalta.
Las herramientas, además de ser usadas por los juzgados, pueden llegar a ser usadas como un apoyo a las disciplinas forenses, según la académica. De acuerdo con ella, la informática forense con ayuda de la IA agilizaría análisis de documentos, huellas, detección de rostros, registros dentales y más.
La importancia de la regulación:
Aunque los beneficios que se avizoran son muchos, lo que aún se analiza, como primera medida, son los riesgos y problemas que tendrían estas herramientas a la hora de aplicarlas en la justicia. Rubén Martínez Gutiérrez, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante (España) resalta que para que la IA sea aprovechada de la mejor manera y se tenga certeza de hasta dónde va, es necesario una regulación. El experto resalta que estas herramientas en la justicia se vienen usando en la Unión Europea desde hace años, por lo cual fue necesario crear una ley para su uso.
Martínez dice que, aunque Colombia tiene un sistema judicial de una estructura compleja, en el uso de la IA está dando apenas sus primeros pasos. Agrega que las sus herramientas no son infalibles y aún están en pruebas para implementarse al 100% en la justicia. Agrega que los procesos de adaptación en estos casos son largos, pues en la Unión Europea el primer marco regulatorio para la IA se presentó en abril de 2021 y la ley completa entró en vigencia apenas en agosto de este año.
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Una regulación, señala la académica Gascón, daría las pautas para enfrentar algunos problemas que podrían traer consigo el empleo de la IA en la justicia. Por ejemplo, señaló la experta española, las herramientas en los procesos requieren el uso y el almacenamiento de datos personales. Una regulación, dice, marcaría la pauta para saber hasta dónde se permitirá una eventual recolección de información. Asimismo, expone que se puede establecer también el grado de responsabilidad de un funcionario judicial cuando la IA falle, pues, recuerda, “siempre habrá un porcentaje de error, por más pequeño que sea”.
Lo que resaltan los expertos es que es primordial que los jueces y demás funcionarios de la rama judicial se capaciten para el mejor aprovechamiento de las herramientas, pues pueden llegar a incurrir en errores propios de la IA, como el uso de jurisprudencia inexistente en algún caso, caer en deep fakes (pruebas creadas o manipuladas que, tal vez, no pueda identificar la IA). La finalidad de esas capacitaciones es que los jueces cumplan con su misión de preservar la seguridad, privacidad, igualdad y derechos.
Por ahora, los despachos judiciales en Colombia podrán valerse de la IA como un bastón para hacer su trabajo. Pero, la regulación es fundamental para que las herramientas sean realmente efectivas. Actualmente, hay al menos cinco proyectos de ley relacionados con el desarrollo y los límites de la IA, pero ninguno contempla como eje central su aplicación en la justicia. Así las cosas, a pesar de la luz verde para su uso, hay un largo trecho pendiente para que sea eficaz.
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