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Uno de los asuntos que más tensión causa cada vez que se habla de educación superior es la financiación en las instituciones de educación superior públicas (IES). Modificar la “fórmula” que se emplea para determinar el monto que año a año les debe destinar el Estado a estas universidades ha sido el punto de discusión durante los últimos años, incluso fue una de las peticiones del paro estudiantil de 2018, y ya se han presentado algunos proyectos de ley que se han “hundido”. Ahora el Ministerio de Educación elaboró una comisión que revisará detalladamente los elementos que se deben cambiar de la Ley 30, donde está estipulado este modelo.
Esta comisión, creada para modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, fue instalada por el Ministerio de Educación a finales de octubre de 2022 y está conformada por representantes del Ministerio de Hacienda, del Departamento Nacional de Planeación, del Sistema Universitario Estatal (SUE), de las universidades públicas del país, de la red de instituciones técnicas y tecnológicas, del movimiento profesoral y del movimiento estudiantil. Además, es liderada por la viceministra de Educación Superior, Aurora Vergara, y el director de Fomento, Andrés Felipe Mora. La idea es presentar la nueva reforma en el Congreso entre marzo y abril.
Pero, ¿cuál es el problema de estos artículos que busca cambiar el Gobierno? Sergio Lancheros, del grupo de investigación en políticas públicas de educación superior de la Universidad Nacional, explica que la regla que se fijó allí obliga al Gobierno a ajustar todos los años el presupuesto únicamente con el valor de la inflación. Sin embargo, advierte, esta fórmula no contempló otros factores de gastos que tienen anualmente las universidades, como la renovación de infraestructura física y tecnológica, salarios de docentes y administrativos y el avance en investigación. “Entonces, este modelo hace que las IES públicas reciban lo mismo que hace 30 años”, dice. (También puede leer: Petro puso a Colombia a hablar de bienestarina; pero hay que aclarar una gran confusión)
El otro error, añade Lancheros, quien también es candidato a magíster en ciencias económicas de la Nacional, es que en estos artículos no se tuvo en cuenta a las instituciones técnicas y tecnológicas, y al no hacerlo genera que el dinero que se les asigna anualmente a las IES públicas disminuya. Ejemplo de esta situación, cuenta Lancheros, “es que en 2002 el porcentaje del PIB que se les destinaba era del 0,5 %, mientras que en 2019 ese valor apenas llegaba al 0,4 %”. La principal consecuencia de la suma de estos factores es bastante conocida: la desfinanciación progresiva que han tenido las universidades, que se situó en $18 billones.
¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación?
Mora, director de Fomento del MEN, cuenta que ese desfinanciamiento significa que las instituciones de educación superior públicas han avanzado en cobertura, infraestructura y calidad durante los últimos 30 años con los mismos recursos. Por eso, reitera, es fundamental un cambio estructural para modificar estos artículos. Para ello, esta comisión tomó como base el proyecto de Ley 84 de 2022, radicado el 27 de julio de 2022 en la Cámara de Representantes por los senadores Aída Avella, Jahel Quiroga, Ariel Ávila y Gabriel Becerra, y la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.
Esta última explica que para la elaboración de este proyecto se plantearon unas audiencias públicas en varias universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de las regiones. “En ellas hubo participación de estudiantes, representantes estudiantiles, profesorales, trabajadores del SUE y, por supuesto, del Gobierno, en cabeza de los ministerios de Hacienda y Educación”, anota. A los ojos de Lancheros, este documento tiene tres elementos esenciales: el primero, cuenta, es la modificación de la regla de asignación presupuestal. “La idea es que ya no opere con los ajustes sobre la inflación, sino que contemple las variables o los gastos”. (Le puede interesar: La primera infancia en el Gobierno Petro, más allá de la directora del ICBF)
Un segundo punto se enfoca en cómo saldar de forma progresiva la deuda histórica. “Se señaló la creación de un fondo. Desde el centro de pensamiento de la Nacional se habló de un plan de actualización presupuestal durante 10 años, en el que se destine un 1 % del PIB para suplir esas necesidades”, apunta. Y el último es incluir las 30 instituciones técnicas y tecnológicas que no se contemplaron en la fórmula de asignación de recursos. Con los elementos recogidos en esta comisión, cuenta Mora, se planteó una serie de discusiones y se organizó en un documento base. En cada una de esas conversaciones, que se tratan de realizar cada 15 días, se arma una ficha técnica en la que se anotan las recomendaciones y ajustes.
Con esta reforma, apunta Mora, se busca resolver los problemas de financiación que tienen las IES públicas del país, y para ello se armará una base presupuestal. “También servirá para avanzar en la meta de los 500.000 cupos en educación superior”, señala, porque “fortalecerán sus bases presupuestales y esperamos sea un elemento clave para que puedan empezar a aumentar los cupos y la cobertura”. Es un objetivo que, para Lancheros, permitirá establecer un esquema de financiamiento que garantice anualmente aquellos recursos adicionales y suficientes para su funcionamiento adecuado a las misiones de cada universidad.
¿Qué dicen las universidades?
Jairo Torres Oviedo, presidente del SUE y rector de la Universidad de Córdoba, cuenta que “si esta reforma no se prioriza en el Congreso, estamos postergando garantizar un derecho fundamental, como lo es el de la educación”. Para Oviedo, de no modificarse estos artículos, la universidad pública en Colombia no podrá crecer, no podrá ampliar cobertura y tampoco podrá fortalecer su infraestructura. Desde el SUE, añade, se han propuesto unas variables que se deben tener en cuenta y que están pensadas para que se cumplan en los próximos ocho años.
Una es la ampliación de cobertura, pues desde el SUE se propuso garantizar 100.000 cupos nuevos. También está el incremento de plazas de profesores universitarios, que se tiene estimado sea de 3.000 nuevos puestos. Pero advierte, una vez más, que “de no reformarse la forma de financiación de las universidades públicas, nada de esto se podrá cumplir. Ni siquiera la meta que tiene el Gobierno de abrir 500.000 nuevos cupos en la educación superior. Hasta ahora estamos recogiendo los recursos pactados en las movilizaciones de 2018”. (Puede leer: Sindey Bernal, la profesora que promueve una educación más incluyente)
Alejandro Álvarez Gallego, rector de la Universidad Pedagógica, por su parte, comenta que la principal expectativa que tienen con la reforma el Estado “nos entregue la canasta educativa, es decir, lo que equivale al costo de operación por estudiante real. Ahí se suma nómina de profesores, trabajadores y funcionarios, costos de actualización y tecnología, gasto en investigación y el mantenimiento de la infraestructura, entre otras cosas”. Sin esos valores, dice, la educación pública seguiría enfrentando un desfinanciamiento histórico.
Las otras reformas que requiere la Ley 30
Natalia Ariza Ramírez, exviceministra de Educación Superior durante el periodo de la exministra Gina Parody al frente de esa cartera entre 2014 y 2016, señala que en la reforma de estos artículos es esencial entender que “hay grandes discusiones de la ineficiencia que tienen por dentro las universidades. Debemos decidir si queremos darle toda la plata a ese modelo universitario o queremos diversificar”. Por eso, reitera, se debe pensar una modificación integral a toda la ley, donde se incluya a instituciones de educación técnica y tecnológica y que Ariza está apoyando desde el Proyecto Instituto Tecnológico de Uniandes, de la Universidad de los Andes.
Otra de las reformas que plantea Ariza es redefinir las misiones de las instituciones. “Veo tres tipos: las de investigación, de profesionalización y de cierre de brechas. Teniendo eso claro se puede definir el monto que necesita cada una para superar ese déficit”. Sin embargo, advierte, nada de esto serviría si no revisa el salario a profesores. “El monto lo constituyen unos puntos que te van dando de acuerdo con una evaluación que te hacen de las publicaciones que has hecho, de la experiencia que tienes, de los estudios que has realizado. Hay un fomento muy grande en las universidades públicas a que los profesores vayan al comité de evaluación”, dice. (También puede leer: Involucrar a las familias en los colegios: un reto para el aprendizaje)
A pesar de que varios estudios, incluido uno que hizo Ariza en 2015 junto a otro docente en los Andes, que señalan que hay una relación de los altos salarios de los profesores con altos niveles de calidad de la universidad, no hay un decreto o una ley que defina cuál es el tope que deben ganar los docentes. “Un ejemplo es que hay maestros que ganan mucho dinero y les quitan todas las horas de clase porque está investigando. Entonces, para cubrir esas horas, las universidades contratan a maestros de cátedra. Eso encarece mucho el sistema”, comenta Ariza, por eso, insiste, se debe revisar si este modelo sigue siendo rentable.
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