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El ciudadano Alejandro Ordóñez a la sazón electo Procurador General, se autocalifica como “católico racional” (El Espectador, 2008-12-14, Pg. 9).
Conviene celebrar la aparición de un ejemplar tan raro en el zoo humano, porque a pesar de los esfuerzos sofísticos de los Santos Padres, no ha podido demostrarse la existencia de racionalidad alguna en las creencias religiosas católicas ni, por tanto, que haya racionalidad alguna entre sus adeptos. Todo lo contrario y como lo han probado entre otros Nietzsche y Russell, no ha habido compatibilidad alguna entre razón y fe, porque lo que se intenta probar con la razón no es aceptable por la fe o porque se llama fe precisamente a todo lo que es incompatible con la razón.
Alienta, por tanto, este suceso que podría merecer el epíteto de “hallazgo arqueológico”. Ello induciría a esperar cosas constructivas en el accionar del nuevo Procurador, contrariando los supuestos que en un momento pusieron en riesgo su afortunado nombramiento. Podríamos esperar, por tanto, que la racionalidad católica del nuevo funcionario le lleve a precisar que el compromiso de su Iglesia con la política es profundo, evidente y definitivo y que, por esta vía, este “católico racional” está dispuesto a asumir las responsabilidades civiles inherentes a sus actos. Esperaríamos que a la hora de los conflictos entre sus creencias y sus obligaciones legales, el funcionario tenga el valor de decidir anteponiendo éstas a las primeras de modo que podamos celebrar, ¡por fin!, la aparición de un creyente dispuesto a asumir la responsabilidad civil por sus actos civiles y no que, como ha ocurrido en Colombia durante cinco siglos, se esconda debajo de las sotanas cuando la sociedad le exija responder por sus decisiones políticas. Con otras palabras, esperaríamos que cuando los conflictos del mundo verdadero que maneja la Procuraduría se opongan claramente a los prejuicios religiosos del Procurador, éste actúe aceptando que la Ley es superior a sus creencias y no que cuando los hechos sociales se interpongan con sus creencias, haga lo posible por torcer los hechos para mantener vigentes sus creencias. Esperaríamos también que cuando el Procurador se vea en derecho obligado a respaldar, por ejemplo, la justicia de que dos funcionarios del Estado de un mismo sexo puedan trabajar en sus dependencias sin ser perseguidos laboral o sexualmente, tenga el valor de actuar en derecho a favor de los perseguidos, evitando caer en la tentación de refugiarse en los artilugios irracionales de sus obispos.
En fin, esperaríamos que a la hora de la verdad la “racionalidad” del Procurador no haya sido sólo un disfraz de oveja electoral dentro del que, como enseña la historia desde Núñez, respiraba un lobo fanático deseoso de ser reelegido indefinidamente por las mayorías de fanáticos que hoy hacen ochas y panochas en Colombia a pesar de Colombia.
Bernardo Congote. Bogotá.
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