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La quiebra de la aerolínea Ultra Air, que surcó los cielos colombianos en 2022, dejó una estela de defraudados. Empleados, bancos, proveedores y pasajeros a los que la compañía les quedó debiendo, porque lo poco que tenía en activos no alcanzó para pagarles a todos. En total, se habla de acreencias que superan los COP 100.000 millones. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades abrió una puerta para buscar recursos en otros bolsillos.
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La entidad, a través de la Dirección de Procesos Especiales, admitió formalmente en enero la demanda de acción de responsabilidad subsidiaria que radicó el abogado Juan Manuel Sáenz De Brigard, a nombre de la sociedad Aerofull S.A.S., representada legalmente por Carlos Duarte Gámez, contra William Noel Alexander Shaw, para que responda con su patrimonio. Aunque la admisión fue hace dos meses, al empresario se le notificó a mediados de febrero. La noticia es que ya venció el plazo de 20 días hábiles que tenía para contestar y ejercer su derecho a la defensa, ante las acusaciones de gestión irregular y desvío de recursos que señala la demanda.
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¿Qué busca la demanda?
El demandante busca recuperar casi COP 4.000 millones, de los cuales COP 3.274 millones por el suministro de 156.454 galones de combustible, que Shaw solicitó justo en los días previos al cese total de operaciones (cuando otros proveedores le cerraron el crédito), y COP 766 millones que invirtió en la aerolínea en 2021, bajo la promesa de recibir acciones. La firma demandante sostiene que estos dineros fueron captados sin tener un reglamento de emisión aprobado y que no se usaron para capitalizar o financiar la operación.
¿Pero por qué contra Shaw? El proceso se basa en el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, la cual establece que, cuando la insolvencia de una sociedad es producida por actuaciones de su controlante en su propio interés, estos deben responder de forma subsidiaria por las deudas. Esto es lo que busca demostrar Aerofull, apoyado en otro auto de las Supersociedades, de agosto de 2023, en el que declaró a Shaw controlante de Ultra Air S.A.S. y de Inversiones Emma Shaw S.A.S.
En aquel momento, la entidad le impuso una multa de COP 50 millones por no haber inscrito dicha situación en el registro mercantil, ocultando por años su identidad como matriz. Para el demandante, Shaw gozaba de una total autonomía y discrecionalidad en la administración, sirviendo incluso como avalista personal en créditos bancarios, lo que confirma su influencia dominante en todas las decisiones estratégicas que llevaron al colapso.
Ahora, la Supersociedades se alista para programar audiencia y decretar pruebas, para resolver en el fondo de una reclamación que no solo busca recuperar miles de millones de pesos, sino que levantaría el velo que protege el patrimonio personal del fundador de la aerolínea. Este caso se perfila como un proceso clave para determinar el alcance de la responsabilidad de los fundadores y administradores en el colapso de las aerolíneas de bajo costo en el país.
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Si la Superintendencia falla a favor de Aerofull, se sentaría un precedente en el derecho societario del país, ya que, en primer lugar, Shaw sería condenado a pagar de su propio bolsillo los más de $4.000 millones, incluyendo los intereses de mora a la tasa máxima legal. Sin embargo, el impacto iría más allá, pues un fallo en este sentido abriría la puerta para que otros acreedores sigan este camino y Shaw podría terminar enfrentando reclamaciones por la totalidad de la deuda por pagar que dejó la aerolínea.
Esta aerolínea de bajo costo inició operaciones en Colombia el 23 de febrero de 2022, pero solo duró 13 meses en el aire, hasta que el 29 de marzo de 2023 anunció la suspensión de actividades, por factores como el costo del combustible (pasó de US1,60 a casi US4,90 por galón) y una devaluación del peso del 31%.
Aunque primero se sometió a un proceso de reorganización empresarial, este fracasó y el 29 de junio de 2023 se decretó la liquidación judicial. Como los aviones estaban en leasing, realmente eran pocos los activos para cubrir acreencias. El balance en marzo de 2025, cuando terminó la liquidación, fue que solo lograron pagar COP 7.800 millones y quedaron deudas sin saldar por COP 104.168 millones, entre ellos, miles de pasajeros que perdieron el dinero de sus tiquetes.
Los procesos
Como antecedente, el 12 de noviembre de 2025, la Supersociedades emitió un auto de Vinculación de Responsabilidad de la Matriz, buscando que los socios capitalistas respondan con su patrimonio personal. Este movimiento es el que actualmente, con la admisión de la demanda de Aerofull, lo que mantiene una mínima esperanza de recaudo adicional para otros acreedores.
Tras el anuncio del entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sobre una denuncia penal por Estafa contra los directivos de la aerolínea, como William Shaw (CEO), David Bojanini (Presidente de Junta) y otros miembros, por ofrecimiento engañoso, argumentando que se vendieron cerca de 379.000 tiquetes sabiendo que la operación era inviable, la Fiscalía quedó con la tarea, desde marzo de 2023, de determinar si los directivos ocultaron el estado de insolvencia mientras lanzaban promociones a “precios de remate”, semanas antes del cierre. Los abogados de las asociaciones de consumidores han pedido la extensión de dominio sobre propiedades de los socios principales para crear un fondo de compensación.
Shaw no se ha quedado quieto. Según el reporte de la Rama Judicial, ha denunciado a la Superintendencia de Sociedades ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Hoy la Supersociedades tiene en sus manos uno de los casos más significativos de la década. La justicia deberá determinar si el fracaso de Ultra Air fue realmente una fatalidad económica o si, como sostiene la demanda, fue el resultado de una gestión que priorizó intereses particulares sobre la estabilidad de la empresa y la confianza de sus acreedores. Mientras tanto, miles de afectados esperan que esta vez la justicia no se quede en el aire.
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Por Alexánder Marín Correa
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