Taxis blancos también protestan contra decreto que busca su regulación

Lo cierto es que el decreto aumenta las exigencias para las empresas que quieran operar como transporte especial, entre las que se incluyen los vehículos de turismo, los de transporte escolar y los servicios empresariales. El documento es enfático en que todo servicio que presten debe hacerse mediante contrato escrito. Hoy, las empresas pueden afiliar a cualquier vehículo de placa blanca y los propietarios son quienes se hacen cargo del pago a los conductores. Con el decreto, todo queda en manos de la empresa, que será la responsable de administrar los vehículos y de contratar a los conductores. Es decir, los propietarios recibirán un pago por el alquiler.

Pero crear una empresa no será tan sencillo, ya que el proyecto incrementa los requisitos financieros, estructurales, tecnológicos y de calidad. Incluso exige certificación de calidad ISO 9001, que implica la estandarización de procesos. Según el documento, será indispensable acreditar requisitos como una amplia estructura organizacional, que debe contar con personal de nómina en mínimo cuatro áreas: administrativa y financiera, operacional, de seguridad vial y, por último, tecnológica e informática. Adicionalmente se exige vincular a la nómina a todos los conductores necesarios para la operación de la empresa.

Las nuevas compañías deberán tener indicadores de la operación de los vehículos y un plan de seguridad vial y de mantenimiento de los mismos, además de contar con una estructura tecnológica para la atención de los usuarios y monitorear la prestación del servicio a través de sistema de posicionamiento global (GPS). Incluso, en el caso del transporte escolar deberán instalar cámaras en los vehículos, con acceso a los padres de familia.

En cuanto a los requisitos financieros, se exigirá un patrimonio mínimos de $600 millones, que debe incrementar entre 5 y 10 millones por cada carro vinculado. De igual forma exige que la compañía sea propietaria de al menos el 30% de los vehículos y la responsable de contratar a los conductores, asignarles un salario y pagarles prestaciones sociales. En cuanto a los carros afiliados (propiedad de terceros), los administrará la empresa, que se encargará de asignarles conductor y horario.

El decreto acaba con las licencias de operación indefinidas y les fija una vigencia de cinco años. Para renovarlas tendrán que cumplir con todos los requisitos como si fuera la primera vez. En cuanto a las pólizas de seguro, también aumentan las exigencias. Actualmente el monto asegurable es de 60 salarios mínimos por pasajero y el nuevo decreto fija el monto en 200 salarios mínimos, lo que implica un incremento del valor de las pólizas por cada vehículo. Finalmente se establece una vida útil de 20 años por cada vehículo de servicio especial y de 10 años en el caso de los vehículos de transporte escolar.

Las diferencias con la norma actual son notorias. Por ejemplo, apenas se les exige un patrimonio mínimo de $200 millones y ser dueñas de un vehículo. Esto es lo que ha permitido el auge del esquema de afiliación, con el que las compañías operan con carros de terceros sin ninguna responsabilidad ni injerencia en el servicio.

Ante las particularidades del borrador del decreto, Faryd Acevedo, vocero de los taxistas de servicio especial, criticó la medida. “El 80% del parque automotor de transporte especial es de pequeños empresarios. El ministerio pretende que les entreguemos nuestros carros a grandes empresas para que nos paguen una retribución. Hoy manejamos nuestro vehículo y generamos ingresos con clientes, familiares, turistas. Con el decreto vulneran nuestros derechos como propietarios. Pasaríamos a recibir lo que la empresa nos quiera pagar. Además, las compañías pequeñas van a desaparecer. El parque automotor de las grandes empresas será del 30% y su negocio será vincular más carros y cobrar un cupo, como en los taxis. Hay que decir que las empresas pequeñas no tienen el respaldo de las grandes para generar ingresos. Todo esto vulnera nuestro trabajo”, concluyó.

Por ahora, el decreto para regular el servicio público especial sigue siendo un borrador bastante criticado. Falta ver cómo jugarán los anuncios de protesta de los conductores para saber si se convierte o no en realidad.