El precio por cuidar los cerros

Antes de que existieran el barrio Cedritos, Montearroyo y la autopista Norte, la hacienda de Francisco de Paula Santander era la que delimitaba el norte de la ciudad por los cerros orientales. Aunque no está claro el año exacto en que fue construida, algunos dicen que fue durante los siglos XVIII y XIX. La familia heredó la hacienda con un terreno de 300 hectáreas. Más de la mitad del terreno está en la quebrada Bosque de Pinos, zona rural que nunca urbanizaron. Arriba de la carrera séptima, a la altura de lo que hoy es la calle 153, construyeron una casa de dos pisos que es patrimonio nacional: la Casa Museo Francisco de Paula Santander.

Cecilia Fernández de Pallini, tataranieta del general, se encargó de restaurar la casa y convertirla en museo. Su idea tuvo éxito: desde 1982, la hacienda El Cedro, como también es conocido el museo, es visitada por colegios e historiadores. Sin embargo, existe un problema con el terreno que ninguno de los herederos de Santander ha podido resolver: 41 mil metros cuadrados están en la zona de reserva forestal de los cerros orientales.

Desde 1977, año en que el Inderena ordenó la protección de 14.000 hectáreas de los cerros orientales de Bogotá, la familia Fernández ha tenido que pagar impuestos por hectáreas que no se pueden urbanizar: “Hemos tenido que cuidar las tierras de los constructores ilegales. Protegerlas en caso de incendio, velar por la seguridad de la zona y pagar impuestos de renta, predial, valorizaciones y patrimonio. El más absurdo es el de valorización, pues son unos terrenos cuyo valor no reconoce el Gobierno. Los impuestos prediales los han estado cobrando como si fueran terrenos urbanizables no urbanizables, lo cual no tiene sentido alguno”, sostiene Francisco José Fernández, uno de los propietarios de la hacienda.

Sostener el predio, que está avaluado en $3.027 millones, implica gastos cercanos a los $10 millones mensuales, teniendo en cuenta los gastos de seguridad y mantenimiento de la zona. Cecilia Fernández de Pallini dice que han tocado las puertas del Ministerio de Ambiente y del Distrito para buscar una solución.

Después de lidiar con la amenaza de urbanizadores ilegales y con los atracos que se presentan en el lugar, considera que una opción viable “es vender el terreno. Lo haríamos siempre y cuando nos reconozcan por lo menos el valor catastral sobre el que hemos pagado impuestos. Al fin y al cabo, si no hay barrios ilegales allí, es porque lo hemos protegido”.

Las 300 hectáreas están en un limbo jurídico. Pese a que el Consejo de Estado ordenó levantar 1.000 hectáreas de los cerros del área de reserva, solamente una parte del terreno de la hacienda está dentro de esta franja. De hecho, la Secretaría de Planeación está evaluando predio por predio, para establecer en 2016 aquellos que están dentro de la franja de adecuación (donde es permitida la construcción de vivienda) o en la zona de reserva.

Ante el caso de la hacienda del general Santander, la Secretaría respondió que “todos los predios de los cerros se pueden vender o comprar, no hay restricción de ningún tipo. Sin embargo, ser propietario no significa necesariamente tener derecho a urbanizar. Existen incentivos para que estos propietarios paguen un valor menor de impuesto predial si conservan áreas de alto valor ambiental”.

En relación con el pago de impuestos, la Secretaría argumenta que “todo predio debe pagarlos, ya sea urbano o rural. Sobre los predios localizados en la reserva forestal existe restricción del uso y aprovechamiento. El de la familia Fernández se encuentra ubicado parcialmente en la franja de adecuación de los cerros orientales. Sin embargo, la parte sur está en la zona de manejo y preservación ambiental de la quebrada Bosque de Pinos. Por lo tanto, el suelo se encuentra protegido y no podrán urbanizar”.

Hasta el momento, el Distrito no ha mostrado interés en comprar estos predios. Antes, como lo explica Lucila Reyes, directora legal de la Secretaría de Ambiente, es necesario que la administración termine el censo de propietarios y legalice cerca de 65 barrios construidos en la franja de adecuación: “Todavía no se ha establecido qué propietarios tienen derechos adquiridos sobre los predios. Cada caso es distinto y es un trabajo costoso y dispendioso. Existen muchos casos de invasión. El Distrito tiene seis meses para definir estos predios”.

Si la administración alcanza a definir la zona de aprovechamiento ecológico antes de 2016, la familia Fernández podría guardar la esperanza de venderle las 300 hectáreas. Escenario poco probable, pues la Alcaldía aún no cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) acorde con el fallo del Consejo de Estado que ordenó la protección de los cerros.

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@santiagov72