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La detención de Carlos Palacino por el CTI el pasado 9 de marzo es, de alguna manera, la reivindicación de la Fiscalía General de la Nación con la ciudadanía, que, desde las denuncias de la contralora Morelli sobre la desviación de los recursos de la salud en la EPS Saludcoop, en cuantía de $1,4 billones durante la prolongada presidencia del señor Palacino, esperaba la acción de la justicia por tal desfalco. El peculado cometido es de suma gravedad, porque comprometió la vida de los afiliados a esa entidad, en la categoría de delito de lesa humanidad.
La trascendencia de esta medida es que abre la posibilidad de esclarecer la enmarañada red que fraguó Palacino alrededor de Saludcoop, para protegerse por los desvíos de los recursos de la UPC, que implica a los miembros de las juntas directivas de esa EPS, a empleados de la misma, a los exfiscales Montealegre y Perdomo, a prestantes abogados, a instituciones financieras, a parlamentarios de varios partidos, a funcionarios de gobierno de los Ministerios y Superintendencias respectivos, a algunos medios de comunicación, a instituciones y profesionales del sector salud; todos los cuales podrían ser imputados por omisión o acción.
La Fiscalía y los organismos de control del Estado deben investigar si las prácticas perniciosas identificadas en Saludcoop han sido ejecutadas por otras EPS, como la negación de servicios a los afiliados, o el cobro de la UPC por los denominados duplicados o falsos afiliados, o la desviación de recursos para capitalización e inversiones diversas. En 2011 la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a 14 EPS y a Acemi (gremio de las EPS) por conformar un cartel para ocultar y falsear la información remitida a los entes reguladores.
La unidad Anticorrupción del ente investigador produjo la captura de Palacino por el supuesto peculado en la apropiación indebida de recursos de la UPC entre los años 2000 y 2004. Si la defensa del capturado pudiera invocar la prescripción por la antigüedad de la investigación, los responsables directos de la pérdida de esos recursos de la salud son los exfiscales Montealegre y Perdomo, que se propusieron envejecer la denuncia de la contralora Morelli y los funcionarios gubernamentales que, ignorando la denuncia, no se constituyeron en parte civil para recuperar el dinero aportado por los ciudadanos en los parafiscales.
Recientemente el superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz, emitió dos resoluciones confirmando la multa a Medimás por la vulneración de servicios a 3.238 afiliados y formalizando el retiro de la EPS Sánitas de 31 municipios del país, dejando descubiertos a 24.000 usuarios a quienes se les decretó el “retiro voluntuario”.
La coyuntura de los hechos aquí relacionados confirman el fracaso del sistema de salud amparado por la Ley 100 que, como se ha reiterado en esta columna, no solo es corrupto, sino que genera corrupción. Ojalá así lo perciban los nuevos legisladores y los candidatos presidenciales para tramitar el cambio de modelo hacia el que favorezca el derecho fundamental a la salud consagrado en nuestra Constitución Política.
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