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A juzgar por la dureza de la confrontación entre organizaciones indígenas, Fuerza Pública y Gobierno en los últimos días, los principios constitucionales a favor de una nación multiétnica y pluricultural parecen salir mal librados de la prueba de los años.
Las relaciones de fuerza entre organizaciones indígenas y Estado son de larga data. Sin embargo, a diferencia de lo que sugieren las lecturas de la última minga de resistencia, pocas veces se dan en términos de conflicto abierto. Se expresan, más bien, como una tensión no resuelta entre negociaciones y contradicciones, desde un contexto inicial, marcado por reclamaciones y demandas, seguido por el reconocimiento oficial de la multiculturalidad.
La creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en 1971, inicia un proceso de movilización a nivel nacional que, más allá de los reclamos territoriales, constituye expresión evidente de una identidad cultural proclamada como indígena. Éste apela a la conjugación de las vías de hecho (recuperación de tierras, bloqueo de carreteras y marchas) con las legales. En efecto, el CRIC respalda gran parte de su accionar en la Ley 89 de 1890, por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. No obstante ostentar un carácter racista, su definición de los territorios indígenas (resguardos) como imprescriptibles, inembargables e inalienables y su legitimación de las autoridades comunitarias (cabildos), hacen de esta ley una herramienta clave. Más recientemente la movilización indígena toma un nuevo rumbo al proyectarse en la pugna electoral por cargos ejecutivos y legislativos a nivel municipal, departamental y nacional.
De hecho, para las organizaciones indígenas no se trata de afirmarse “contra el Estado”, sino más bien de exigir de éste —y de la sociedad— respeto e inclusión, con base en la igualdad en la diferencia.
Por un tiempo, la apuesta del diálogo pareció funcionar. En los años ochenta se inauguró, durante el gobierno del presidente Betancur, una política indigenista sin precedentes: implementación de un Proyecto de Desarrollo Indígena desde Planeación Nacional; adjudicación de territorios colectivos; ratificación de autoridades comunitarias y reconocimiento del rango de interlocutores a las organizaciones indígenas. Según Christian Gros, semejante postura obedecería a fines estratégicos; contribuye a la legitimidad estatal en un país donde la presencia de actores armados ilegales se atestigua en múltiples zonas.
Tal posición pragmática, inscrita en una dinámica continental a favor de la ejecución en paralelo de políticas neoliberales y de descentralización, que delegan en esferas intermedias —como departamentos, al igual que los territorios indígenas— competencias de gobierno de baja intensidad, termina —oficialmente— favoreciendo los intereses indígenas con la apertura de Colombia al multiculturalismo. Además de plantear un trato especial para las poblaciones indígenas en cuanto a gestión del medio ambiente, educación y salud, la Constitución de 1991 ratifica el derecho a la autogestión: “los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades” (art. 330).
Por otra parte, el Estado adquiere una responsabilidad explícita al respecto: “[el] Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” (art. 7), “[el] Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados” (art. 13).
Ahora bien, del dicho al hecho… media un abismo. Dada la incompleta reglamentación de los principios constitucionales, el “choque de trenes” entre normas nacionales y consuetudinarias se multiplica, revelando a la vez el carácter polifónico de los aparatos estatales.
A la relativa autonomía reconocida se oponen constantes presiones sobre los territorios indígenas: pro megaproyectos, extracción de recursos naturales o producción extensiva, sin mencionar los actores armados. Al igual que con los acuerdos sobre entrega de tierras el enunciado, expreso en la Constitución, de una consulta previa a las comunidades indígenas en la toma de decisiones que las involucren, no se cumple o se cumple a medias. Por último, a la hora de la seguridad democrática las prioridades sin duda se reorientan. Desde el primer consejo comunitario en Popayán, en abril de 2003, el presidente Uribe advierte, pasando por encima del reconocimiento constitucional de los territorios y autoridades indígenas: ni un centímetro cuadrado del territorio nacional sale del control de las instituciones estatales y la Fuerza Pública.
La Colombia de 2008 parecía olvidar su compromiso como nación diversa. Las poblaciones indígenas se lo están recordando.
Virginie Laurent. Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes. Instituto Francés de Estudios Andinos.
El caso Andrade
Aunque han pasado varios días desde que se supo la noticia, no se pueden olvidar los argumentos del senador Andrade, presidente del Congreso de la República, acerca de los motivos que tuvo para pedirle prestados 250 millones de pesos a un cuestionable amigo suyo. Y dan escalofríos que haya dicho ante los medios de comunicación que lo hizo porque estaba atravesando “una difícil situación económica”. ¡Por favor! ¿Una difícil situación económica para invertir 20 millones en el arreglo del apartamento familiar de Cedritos? Dijo que lo presionó la esposa. ¿Una difícil situación económica para comprar otro apartamento por 80 millones de pesos? Eso dijo. ¿Una difícil situación económica para prestar a un tercero 100 de esos 250 millones? También lo dijo.
Mario DeCastro. Cali.
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