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Pasada la hora de la indignación y el llanto por la muerte infame del menor Luis Santiago Lozano, a manos de su propio padre, se imponen momentos de reflexión y análisis sobre el significado y las consecuencias de este hecho abominable condenado por todos.
Los acusados se encuentran tras las rejas, en poder de la justicia competente, esperando el fallo merecido. Las estridencias y aullidos de venganza y muerte contra estos delincuentes deben cesar para que los administradores de justicia puedan actuar con absoluta independencia y objetividad sin presiones indebidas.
Después de lo ocurrido debemos hacernos algunas reflexiones:
El Estado, es cierto, tiene la facultad de investigar y el poder de sancionar a los culpables de un crimen, pero también tiene el deber de reconocerles y respetarles sus derechos sustantivos y procesales, tales como la vida, la integridad personal, la alimentación, el alojamiento, la salud, la dignidad humana y el debido proceso. Eso dicen la Constitución y la ley. El escarnio público al que fueron sometidos por parte de los medios, los secuestradores y asesinos del niño, aún antes de la condena, y la tentativa de linchamiento de éstos por parte de algunos ciudadanos energúmenos, son hechos repudiables y violatorios de los derechos humanos de aquellas personas, pues tales prácticas vejatorias están prohibidas en la ley.
Debe recordarse que en Colombia, que es un Estado Social de Derecho, no existen la pena de muerte ni las penas infamantes. Si además de la función retributiva las penas tienen funciones resocializadoras, los procesados tienen derecho a regresar, ya regenerados, al seno de la sociedad para ser útiles a ella, en algún momento de su vida, sin que nadie puede oponerse a ello.
Al imponerles a los procesados las penas privativas de la libertad correspondientes (prisión, arresto), y sobre todo, a la hora de su ejecución, deben tenerse en cuenta sus condiciones personales de salud y edad para que las sanciones respectivas no se conviertan en la práctica en penas inhumanas, degradantes y crueles, contrarias a nuestra civilización y a la propia dignidad humana.
Cualquier sanción penal, como la cadena perpetua, que irrespete la dignidad humana, derecho este constitucional fundamental que acompaña al hombre en todas las circunstancias y momentos de su vida, se convierte, de hecho, en una pena degradante, inhumana y cruel, proscrita hoy por hoy en Colombia y en la mayoría de los Estados de Derecho.
La cadena perpetua para violadores y asesinos de niños que algunos proponen, además de inhumana, degradante y cruel, no es la solución para el problema que plantean estas prácticas criminales, pues donde existe esta pena, y aún la pena de muerte, el índice de criminalidad, en vez de bajar, ha subido alarmantemente como ocurre en E.U., lo que demuestra la ineficacia de la sanción.
Jorge Nova Pereira. Bogotá.
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