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El juez Ahmed Bima, del tribunal de la “sharia” (ley islámica) de la ciudad de Minna, capital del estado de Níger, en la región central de Nigeria, ordenó la liberación de Masaba, previo pago de dos millones de nairas (17 mil dólares) y solicitó que el gobierno provincial le provea alojamiento y protección.
Masaba, quien fue arrestado el 15 de septiembre pasado y está siendo procesado por injurias a un credo religioso y matrimonio ilegal, podrá ser visitado en su nuevo domicilio por cuatro de sus esposas, el máximo de cónyuges que el Corán permite a los hombres musulmanes, dictaminó el magistrado.
Poco después de que Masaba fuera detenido, la mayoría de sus esposas y buena parte del centenar de sus hijos se manifestaron frente al Departamento de Justicia en la ciudad de Minna para pedir su libertad diciendo que “él es quien nos consigue el pan”.
“No nos condenéis a la prostitución” y “estamos sufriendo”, gritaban las mujeres de Masaba, que, apoyadas por sus hijos, defendían estar legalmente casadas con él.
La acusación contra Masaba, según la ley islámica, podría llevar a que éste sea condenado a muerte por lapidación, pena que ya le ha impuesto la agrupación integrista islámica Janatu Nasril Islam, que no tiene autoridad legal para hacerlo.
La introducción en 1999 de la “sharia” en el norte de Nigeria, donde los musulmanes son mayoría, desató una serie de sangrientos enfrentamientos entre éstos y los cristianos de la región, que causaron la muerte de miles de personas, y obligaron al Gobierno a declarar el estado de emergencia y enviar tropas al área.
La autorización para adoptar la “sharia” si las poblaciones de esos estados así lo deseaban fue vista como un gesto hacia la comunidad musulmana, que podía reaccionar airadamente si las decisiones de sus cortes religiosas eran suprimidas por los tribunales laicos federales.
Aunque una decena de personas han sido condenadas a muerte bajo la “sharia” desde su introducción en Nigeria, nadie ha sido ejecutado hasta ahora. Sin embargo, se han registrado amputaciones de manos por robo y flagelaciones en público por delitos menores.