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La seguridad en Bogotá es un reto complejo. No solo porque la ciudad concentra uno de los mayores flujos de armas y delitos del país, sino que las estrategias de las últimas administraciones no han logrado el resultado esperado: convencer a la ciudadanía de que la capital es cada vez más segura. Aunque las estadísticas muestran que muchos delitos han disminuido, de poco vale cuando la sensación de impunidad y de falta de policías en las calles son permanentes.
Ante esto, el alcalde Carlos Fernando Galán (como lo hicieron otros mandatarios antes) intentará posicionar una agenda legislativa en torno a la llamada “reforma a la justicia”. En lo particular, él busca que se endurezcan las sanciones para los delincuentes y habilitar más cámaras para la Policía. ¿Pero tiene chance esta reforma? ¿Qué tanto podrá influir en la sensación de inseguridad? Esto dicen los expertos.
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Aunque Galán se refirió a la reforma desde el inicio de su Gobierno, no había dado detalles. Después de las pasadas elecciones, el mandatario pretende afianzar relaciones con los congresistas electos y, en una reunión en el Palacio Liévano, les quiere exponer los tres puntos que desea se incluyan en la agenda del Congreso. Uno de ellos tiene que ver con el “acceso inmediato de la Policía a las imágenes grabadas por cámaras privadas de seguridad que miran a la calle”.
A esto se suma la iniciativa de impulsar una agenda común entre Alcaldía, Policía, Rama Judicial y Congreso “para contar con más herramientas para capturar y sancionar a los delincuentes”, y finalmente abogar por “sanciones efectivas” en delitos como el de hurto de celulares, ya que una de las principales quejas es lo complejo que es para las autoridades capturar a un delincuente y lo fácil que queda en libertad, lo que aumenta la sensación de impunidad. “Al alcalde le interesa que a la agenda de seguridad se le dé continuidad, para que el nuevo Congreso no empiece de cero, sino que desde ya discutan esos temas”, dice Andrés Macías, experto en seguridad de la U. Externado.
Concejo pide tener voz
Desde el Concejo de Bogotá, la lectura es más crítica en torno a las razones que motivan al alcalde a buscar las reformas. El cabildante Julián Uscátegui (Centro Democrático) sostiene que “él tiene a disposición múltiples herramientas para fortalecer la seguridad de Bogotá y la lucha contra el crimen organizado. Facultades legales, constitucionales y herramientas que le hemos dado desde el Concejo”. Más allá de reformar la ley, él “debe aumentar los recursos para seguridad, que hoy no supera el 3 % del presupuesto de la ciudad”.
Sobre sanciones más duras para delincuentes y una reforma a la ley para asegurar que delincuentes comunes paguen cárcel en lugar de quedar libres, señaló: “hay que fortalecer la capacidad de custodia y para hacerlo debe contratar la construcción de cárceles para sindicados a través de alianzas público-privadas, algo que ya contempla la Ley de Seguridad Ciudadana”.
A lo anterior suma la necesidad fortalecer el parque automotor, pues “el 30 % está fuera de servicio”, y considerar la integración de 160.000 vigilantes de seguridad privada que hay en la ciudad. “Esto no se ha hecho. Por eso insisto en que el alcalde tiene herramientas, facultades, formas de actuar frente a esta crisis de seguridad que no ha utilizado. Antes de buscar reformar la ley o buscar otros actores, debería asumir su responsabilidad y hacer lo que le corresponde”.
Humberto “Papo” Amín, actual presidente del Concejo, solicitó al alcalde que los concejales también sean escuchados en este proceso. En respuesta, el mandatario aseguró que la próxima semana convocará a una reunión para construir una agenda conjunta que permita fortalecer la lucha contra la criminalidad en la ciudad.
¿Con acceso a cámaras privadas?
“El acceso a las cámaras privadas puede ser útil desde un punto de vista reactivo, porque permitiría que la Policía pueda reaccionar rápidamente”, señaló Macías. Pero hacerlo conlleva pensar en otros componentes, como la violación de la privacidad de los ciudadanos cuando no se esté buscando a un delincuente. “¿Cómo lograr que la Policía pueda tener acceso a cámaras sin que se viole la privacidad de los civiles que también fueron captados en cámaras? Yo creo que por ahí va a pasar un tema judicial bastante complejo, que sí es viable solventarlo, pero no va a ser una discusión fácil”, agregó el experto.
En esa misma línea, Alejandro Benavides, abogado y experto en criminología, señala que si bien es claro que el Distrito, a través del alcalde, puede establecer una agenda interdisciplinaria con el Congreso, la Rama Judicial y la Policía, hay limitaciones con el tema de las cámaras. “Para efectos del reconocimiento facial y biométrico, dicha información no se puede obtener a través de una decisión administrativa. Al involucrar derechos fundamentales como la ley de habeas data, la intimidad y la protección de otros derechos, se requiere precisamente que se establezca una iniciativa legislativa en el Congreso a través de una ley que regule el tema con claridad”.
El otro aspecto que se debe tener claro es que el acceso a las cámaras privadas no va a evitar ni prevenir que el crimen ocurra. “Las cámaras permiten reaccionar rápidamente y servir como evidencia para procesos judiciales, pero no permiten una prevención. Y la prevención termina siendo otro elemento fundamental, complejo y muy importante que se logra a través de otros medios”, agrega Macías.
Uscátegui sobre este punto resalta: “para reaccionar de manera más oportuna, Bogotá debe pasar rápidamente de un C4 a un C5 en la Policía, mejorando las capacidades de la institución, y hasta el momento no lo ha hecho. El recurso se le ha aprobado desde el Concejo de Bogotá, pero no ha querido invertir en tecnología como debía”.
Por su parte, Benavides resalta otros puntos clave: “No se requiere solo fortalecer la tecnología o el personal de la Policía para realizar las capturas u operativos en lo que respecta al hurto de dispositivos celulares. Se requiere capacitación constante del personal de la rama judicial y de la ciudadanía en general. Esto, bajo el entendido de que es necesario materializar una política pública que permita, en aras de identificar los factores sociales, políticos y económicos, contrarrestar el tema de la delincuencia”.
Las autoridades locales aseguran que los delitos de mayor impacto bajan en Bogotá, pero no parece ser suficiente para mejorar la percepción de seguridad. En este contexto, las propuestas de Galán, de concretarse, sin duda podrían producir un cambio de rumbo en la estrategia de seguridad. El reto es que estas ideas no queden envueltas en eternas discusiones, sin llegar a una solución real que aporte a la seguridad.
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Por Juan Camilo Parra
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