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Miles de jueces y trabajadores judiciales en huelga. Una disputa diplomática con Estados Unidos. Un líder excepcionalmente poderoso que promete desafiar a sus críticos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está tratando de impulsar una enorme reorganización del sistema judicial de su país a través del Congreso. Quiere que casi todos los más de 7000 jueces del país sean elegidos en lugar de nombrados, alegando que los cambios son necesarios para infundir confianza en un poder judicial que muchos mexicanos consideran un bastión de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo.
Las medidas propuestas podrían dar lugar a una de las revisiones judiciales de mayor alcance de cualquier democracia. Relativamente pocos países permiten que los jueces sean elegidos a una escala significativa —los ejemplos incluyen a Estados Unidos, Suiza y Bolivia— pero ninguno en el grado que López Obrador está proponiendo, según los juristas.
“Estoy convencido cien por ciento de que esto es anómalo a escala internacional, se mire por donde se mire”, dijo Mitchel Lasser, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de Cornell, quien ha escrito sobre las diferentes formas de seleccionar a los jueces en todo el mundo.
Los críticos de la propuesta sostienen que el plan hará poco para solucionar problemas como la corrupción y la impunidad. En su lugar, argumentan, la reforma está diseñada para aumentar el poder del movimiento político de López Obrador.
Las tensiones en torno a las propuestas se están extendiendo a las calles del mayor país hispanohablante del mundo, donde los manifestantes intentan frenar el plan.
Aun así, el presidente y sus aliados están aprovechando el momento para conseguir la aprobación de las medidas en las últimas semanas del gobierno de López Obrador, antes de que deje el cargo en octubre.
Esto es lo que hay que saber sobre la propuesta de reforma judicial de México.
¿Qué cambios provocarían las medidas?
Las propuestas de gran alcance cambiarían la forma en que se seleccionan los jueces en todo el poder judicial de México, pasando a un sistema en el que los candidatos a jueces y magistrados deben presentarse a elecciones en lugar de ser nombrados basándose en gran medida en una batería de pruebas, calificaciones y formación.
Casi todos los más de 7.000 jueces de México, incluidos los de la Suprema Corte y los de los niveles federal, estatal y local, podrían verse afectados por las medidas, lo que convierte a la revisión en una de las más amplias de su tipo que se haya intentado en cualquier parte del mundo en las últimas décadas, según los juristas.
Las nuevas medidas se aplicarían a los 11 magistrados que integran actualmente la Suprema Corte de Justicia; a 1635 jueces y magistrados federales; y a más de 5700 jueces a nivel estatal y local. Se eliminarían las largas listas de requisitos para ser juez, sobre todo a nivel federal, lo que abriría el camino para que se presentaran personas que simplemente tuvieran una licenciatura en Derecho y algunos años de experiencia jurídica.
Sin embargo, hay algunas excepciones notables a la elección de jueces en la reforma propuesta por México. Las medidas no se aplicarían a los jueces militares, ni a los jueces involucrados en conflictos de tierras o disputas específicas entre organismos administrativos y ciudadanos. Tales excepciones representan una pequeña fracción de los jueces de México.
Las propuestas también remodelarían la Suprema Corte, que se ha convertido en blanco de la ira de López Obrador en los últimos años tras emitir fallos que frustran algunas de sus propuestas. El número de magistrados se reduciría de 11 a 9 y la duración de sus mandatos de 15 a 12 años. En algunos casos, los salarios y prestaciones de los magistrados también podrían reducirse en un intento de recortar gastos.
Además, los cambios políticos crearían un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos miembros también serían elegidos por votación popular y tendrían amplios poderes para investigar y posiblemente incluso despedir o destituir a jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Las decisiones del tribunal serían definitivas e inapelables.
¿Cuáles serían las diferencias del plan de México con la forma en que otros países seleccionan a los jueces?
Las medidas tienen el potencial de convertir al sistema judicial mexicano en un caso atípico entre los países democráticos. Son relativamente pocas las democracias que recurren a elecciones populares para seleccionar a los jueces; Estados Unidos puede ser el ejemplo más destacado, con muchos estados que permiten a los votantes elegir a los jueces.
Pero el sistema estadounidense de elección de jueces ha dejado perplejos durante mucho tiempo a otros países, que intentan proteger a los jueces de la voluntad popular y reforzar la independencia judicial. Algunos juristas de Estados Unidos también se preguntan si las elecciones judiciales a nivel estatal deberían servir de modelo para otros países.
“Estados Unidos tiene una de las judicaturas más politizadas del mundo”, afirmó Lydia Tiede, profesora de Derecho de la Universidad de Houston, y señala que la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA) es una de las organizaciones que abogan por el abandono de las elecciones judiciales.
Sin embargo, la elección en Estados Unidos tampoco se aplica a todo el poder judicial federal, donde los jueces siguen siendo nombrados por el presidente.
Suiza permite que los jueces sean elegidos a nivel local por votación popular, pero los federales son seleccionados por el Parlamento del país. En Japón, los jueces del Tribunal Supremo son designados por el gobierno, pero luego son evaluados en referéndum popular cada 10 años.
“Es algo prácticamente sin precedentes en la forma en que México lo propone”, dijo Tiede, refiriéndose a la magnitud de las medidas.
Los aliados de López Obrador en el Congreso reconocen que las medidas son radicales. Pero argumentan que cambios tan profundos son necesarios para que el poder judicial responda mejor a todos los mexicanos.
“Acá será el primer país que elija a todo mundo, que elija a jueces federales, ministros de la Corte, todo”, dijo Gustavo Fernández Noroña, líder entrante del Senado. “Va a ser único”.
El paralelismo más cercano a lo que sugiere el presidente de México es la experiencia de Bolivia con la elección de jueces tras promulgar una nueva Constitución en 2009. Pero incluso en el caso de Bolivia, los cambios no se aplicaron a todo el poder judicial, sino que se centraron en cómo algunos de los jueces más poderosos pueden ser elegidos por votación popular en lugar de ser seleccionados por el Congreso.
A partir de listas de candidatos creadas por el poder legislativo nacional, los votantes de Bolivia pueden elegir a los jueces de los tribunales superiores; a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, que decide sobre la constitucionalidad de las leyes; y a los miembros del Consejo de la Magistratura, órgano que nombra y destituye a los jueces.
El experimento de Bolivia ha suscitado críticas generalizadas tanto en el país como en el extranjero. Los líderes políticos consiguieron que jueces afines a sus puntos de vista fueran elegidos para puestos tan potentes en el poder judicial, y luego utilizaron los tribunales para perseguir a sus oponentes. Las luchas de poder también han provocado retrasos en las elecciones judiciales de Bolivia.
“Hay una conclusión generalizada en el país, incluso en partidos del oficialismo y oposición, que la reforma en vez de transformar la justicia ha contribuido en su deterioro”, dijo Vladimir Peña, politólogo en Bolivia. Las encuestas de opinión, añadió, sitúan con frecuencia al poder judicial como la institución más desaprobada del país.
¿Cuándo podrían aprobarse y aplicarse las medidas?
Los líderes del partido de López Obrador, Morena, están tratando de impulsar las medidas a través del Congreso en septiembre, el último mes de los seis años de mandato del presidente. Tras su aplastante victoria en las elecciones generales de junio, el partido Morena cuenta con amplias mayorías en ambas cámaras.
Mientras que la votación de las medidas podría comenzar ya la próxima semana, el plazo para que los votantes puedan elegir a los más de 7000 jueces del país sigue siendo confuso.
Además de ser aprobadas por ambas cámaras del Congreso, las medidas tendrían que ser adoptadas por la mayoría de las legislaturas estatales. Entonces, los 32 estados tendrían que cambiar sus constituciones y elegir entre organizar elecciones en 2025 o esperar hasta 2027. Los líderes de los legisladores también han debatido la aplicación gradual de los cambios, con una gran parte del poder judicial sometido a elecciones en 2025 y el resto en 2027.
“Es una reforma tan profunda que requiere gradualidad a nivel federal”, dijo Hamlet García Almaguer, diputado de Morena que ayudó a diseñar parte de la propuesta.
Genevieve Glatsky contributedcolaboró con reportería desde Bogotá, Colombia; Eve Sampson desde Nueva York; y Miriam Castillo desde Ciudad de México.
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