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Tuvieron que pasar 116 días y un matizado cambio en la conformación del Congreso para que las actividades en el Capitolio se reactiven. A partir de este 16 de marzo y durante los próximos tres meses la rama Legislativa volverá al ruedo para dar cierre a cuatro años de labores que estuvieron enmarcados entre polémicas y disputas con la Casa de Nariño que agudizaron la polarización y la radicalización de los polos políticos. Y en medio de esto hay varios pendientes que se tendrán que resolver en Senado y Cámara —antes del 20 de junio— marcados por una intensa campaña por la Presidencia.
Aunque más de 900 proyectos se encuentran en trámite en las oficinas del Congreso, son pocos los que podrán ver la luz para convertirse en leyes en estos pocos meses. El foco y la prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro parece estar centrado en iniciativas que permitan sacar pecho y dejar un legado con el que pueda impulsar la reelección de su proyecto político. Así ha sucedido con la reforma pensional —hoy competencia de la Corte Constitucional— y con la reestructuración del sistema laboral que precisamente en junio cumplirá un año de su modificación.
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Ahora bien, los pendientes tocan temas claves para las regiones y el futuro del Ministerio de la Igualdad. El primero se trata de la Ley de Competencias que fue presentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, como requerimiento obligatorio para poner en marcha la reforma al Sistema General de Participaciones que determinó la destinación de recursos en hasta un 39,5 % durante los próximos 12 años, de manera progresiva, a departamentos y municipios. Eso sí, ese compromiso fiscal depende de la aprobación de ese proyecto de ley en el que se deben reorganizar las obligaciones que asumirían las administraciones regionales. Como han señalado fuentes consultadas por El Espectador, muchos de los territorios no estarían listos para asumir esas nuevas competencias.
Y si bien desde las regiones claman por más recursos, el déficit fiscal por el que atraviesa la nación, que según Corficolombiana llegó al 6,4 % del PIB – el más alto en décadas-, es uno de esos impedimentos que tiene en la incertidumbre el avance de este proyecto. No en vano la administración Petro ha intentado impulsar dos leyes de financiamiento que no han sido aprobadas por este Congreso. La más reciente ha sido implementada mediante decretos y aprovechando los rótulos de emergencia económica.
De otro lado, también clave para el desarrollo regional, está la jurisdicción agraria y rural. Ese proyecto de ley es fundamental para la implementación de una reforma agraria que ya se está ejecutando, pero que depende de una iniciativa en la que se definen los apartados legales y jurídicos para la distribución de tierra en Colombia. Aunque sus dos primeros debates ya surtieron efecto, ha pasado más de un año y las plenarias tan siquiera han dado arranque para su discusión.
Aunque en los pasillos del Capitolio se hablaba de acuerdos entre todos los sectores, la bancada oficialista del Pacto Histórico alertó de un supuesto intento de sabotaje de la oposición para aprobar esta ley. Son las plenarias de Senado y Cámara las que tienen en sus manos el futuro de este proyecto que debe salir antes del 20 de junio. En Cámara la discusión inició, aunque con paso de tortuga, mientras que en el Senado no avista su agendamiento para la primera semana de labores.
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Centrando ahora el foco en las comisiones, la principal actividad está en las primeras de ambas corporaciones. En Cámara el gobierno Petro se juega el futuro del Ministerio de la Igualdad, que según ordenó la Corte Constitucional aludiendo a vicios de trámite, tiene que ser discutido otra vez y contar con una nueva ley que permita extender su funcionamiento más allá del de junio. El archivo ya fue esquivado en diciembre del año pasado, pero el debate de la ponencia seguirá en ese recinto tras un cambio en la cabeza ministerial y numerosas críticas por su ejecución que para cierre del 2025 estaría rondando el 5,1 % en inversión según informes presentados por legisladores de oposición, aunque desde la cartera aseguran tener un avance superior al 40 %.
Mientras tanto, la Comisión Primera de Senado tendrá la discusión de una reforma integral al Icetex que ya la Cámara aprobó a finales del año pasado. Ese proyecto busca destinar recursos propios para esa entidad y cuenta con un respaldo de sectores de oposición y con la negativa de la bancada de gobierno. Es de hecho el primer debate que se surtirá tras la reanudación de actividades.
En esa misma Comisión también está el proyecto que busca erradicar la mutilación genital femenina (o ablación) y que llega con un amplio respaldo de varios sectores. Ahora bien, el tiempo le juega en contra a una iniciativa que requiere de dos debates en el lapso de tres meses. La constitución de una Agencia Espacial radicada por el Ministerio de Defensa o la regulación de la inteligencia artificial son otros puntos a discutir en esa célula.
El impacto de las elecciones
Una de las principales preocupaciones que han expresado los presidentes de Senado, Lidio García (Liberal), y de Cámara, Julián López (La U), es la conformación del quórum para estas discusiones. Ya durante el segundo semestre del año pasado fue uno de los principales retos debido a que el grueso del Congreso estaba centrado en las campañas electorales del pasado 8 de marzo. Esa situación se puede repetir ahora que muchos de los legisladores en activo no volverán a pisar esos pasillos a partir del próximo 20 de julio.
De los 105 senadores que hoy ocupan una curul, cerca de 60 no volverán a ese recinto, por lo que algunas voces de los partidos han dicho a este diario que podría ser normal una asistencia baja a las sesiones plenarias. Nombres como Angelica Lozano (Alianza Verde), Carlos Fernando Motoa, Armando Zabaraín (Cambio Radical), Alejandro Chacón, Alejandro Vega (Liberal), Efraín Cepeda o Germán Blanco (Conservador) finalizará sus labores en el Senado una vez culmine esta legislatura.
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Es más, si comparamos los mapas con los que inició la primera legislatura del 2022 y cómo iniciará el nuevo Congreso, son 73 Senadores nuevos de acuerdo a los datos de preconteo. Esa cifra podría variar con los resultados finales del escrutinio que adelantan los órganos electorales.
En la Cámara el panorama es similar. Todas las bancadas sufrieron un proceso de renovación y más de 100 representantes culminarán su periodo en poco más de tres meses. Ese panorama podría dejar discusiones descafeinadas y muy similares a lo que se presentó durante noviembre y diciembre – en plena campaña – cuando fueron más las discusiones por los movimientos de la Casa de Nariño que por proyectos de ley. Esto se radicalizará con el proceso para escoger al sucesor del presidente Gustavo Petro.
Al fin y al cabo, estos meses serán de balance por el legado de cada congresista, partido y hasta del Gobierno, que propiamente para la aprobación de proyectos, pues los motores se lubricarán para esa nueva rama Legislativa que iniciará labores el 20 de julio. Ese Congreso tendrá de arranque el futuro de la Constitución de 1991, pues el presidente Petro llevará un proyecto con el que se pretende convocar a una asamblea constituyente acusando un requerimiento popular y con el terreno allanado por una bancada del Pacto Histórico, que es mayoritaria en Senado y Cámara, pero que igualmente tendrá que negociar para convertirse en mayoría.
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
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