‘El presidente recibe órdenes del fiscal’: Sandra Morelli

Desde Roma, la excontralora Sandra Morelli volvió a arremeter contra el fiscal, la Corte Suprema de Justicia y hasta el presidente de la República. Dos semanas después de haber viajado a Italia para hacer el quite a las decisiones de la Fiscalía, Morelli le dijo a RCN que la justicia la va a condenar por las presuntas irregularidades en el cambio de sede de la Contraloría y que desde ya anticipa “que es una decisión injusta, arbitraria y aterradora”. Según ella, el ente investigador, en cabeza de Eduardo Montealegre, tiene “un plan para acabar con la Contraloría y desacreditar todas las decisiones que ha adoptado”, teniendo en cuenta que impactaron el bolsillo de empresarios que son “amigos íntimos” del fiscal. Tal sería el caso de Carlos Palacino, a quien la Contraloría le ordenó pagar $1,4 billones por la apropiación de recursos públicos en Saludcoop; el de los socios de la doble calzada Bogotá-Girardot, a los que les embargó $17.931 millones, y el de Carlos Collins, comprometido en la investigación por los retrasos en la construcción del túnel de La Línea.

Por eso aseguró que su caso “tiene que ver con la afectación de intereses económicos y la imagen de determinados actores que han coincidido para retrotraer las cosas al estado anterior; es decir, para no pagarle los dineros al Estado”. También cuestionó los obstáculos que supuestamente le puso la Fiscalía para adelantar investigaciones por corrupción y aseguró que Montealegre tiene “demasiados intereses políticos y económicos cruzados”, por lo que “el Estado de derecho en Colombia es un hazmerreír”. Además inmiscuyó en su enfrentamiento con el fiscal al propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, de quien dijo que “recibía órdenes” de Montealegre por haber firmado los decretos leyes que reformaron la Fiscalía, en vez de haberles dado un trámite legislativo en el Congreso. Sobre ese punto dijo que “el presidente está criando un engendro, un cuervo, que es el fiscal” y que en “Colombia se rompió el Estado de derecho y no hay separación de poderes”.

Sin embargo, a la par que arremetió contra el Ejecutivo y el ente investigador, Morelli defendió la labor del procurador Alejandro Ordóñez, quien recientemente salió en su defensa y declaró que la Fiscalía la había “masacrado”. Además abogó por la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y el ex alto comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, quienes también salieron del país para eludir decisiones judiciales. Respecto al proceso contra Hurtado, dijo que estaba “politizado” y que su salida a Panamá sólo había ganado relevancia cuando el gobierno Santos se distanció del senador Álvaro Uribe, lo que convirtió a esa exfuncionaria en objeto de la discordia entre las dos corrientes políticas. En referencia a la condena que le impuso la Corte Suprema al exministro Arias, dijo: “Me cuesta mucho trabajo pensar que una persona sometida a la Ley de Justicia y Paz pague 8 años y él pague 17; eso da cuenta de en lo que se ha convertido la justicia”. Asimismo aseguró que “nunca se me hubiera ocurrido plantear la responsabilidad penal” de Restrepo, y dijo que ninguno de los tres debería regresar a Colombia.

La excontralora también se defendió de la columna publicada en este diario por el abogado Ramiro Bejarano, en la cual la cuestionó por tener cuentas bancarias en paraísos fiscales. Dijo que esos dineros provenían del patrimonio de su familia, que estaban destinados al pago de deudas y que se habían consignado en esos lugares atendiendo a los trámites fijados por una entidad bancaria. “Esa es la prueba de que la Fiscalía está infestada de delincuentes que actúan dolosamente. A mí no me alcanza la plata, porque yo no robo, yo sí pago impuestos, no me los paga Saludcoop”. Finalmente dijo que no confía en la Corte Suprema de Justicia y que las altas cortes están movidas por intereses políticos y económicos.

Mientras tanto, el ente investigador continúa el proceso en su contra por los sobrecostos en el arriendo de la nueva sede de la Contraloría. El pasado jueves le imputó los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales y peculado en favor de terceros. No obstante, en caso de que el Tribunal de Bogotá acoja la tesis de la Fiscalía y emita sentencia condenatoria, la decisión no tendría efectos reales porque la excontralora ya anunció que no tiene intención de regresar al país y que no se someterá a la justicia, pese a que en reiteradas ocasiones había afirmado lo contrario.