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El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene menos de seis meses, antes de que venza el caso por términos, para tomar una decisión de fondo sobre la ponencia que busca formularle cargos al presidente Gustavo Petro por presuntamente haber violado en más de $5.355 millones el tope de gasto en su campaña. Mientras un sector estaría buscando este final, los investigadores del mandatario estarían esperando llevar el expediente hasta su votación.
En la última sala plena del CNE, la del pasado 29 de agosto, varios magistrados solicitaron la ponencia que redactaron durante el último año sus compañeros Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) en la cual aseguran que hay datos, facturas y testigos concisos que podrían desencadenar en sanciones administrativas.
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Esta rotación en la que entró el documento de 350 páginas, que fue revelado en primicia por El Espectador, es de dos semanas para hacer observaciones. Y transcurrido este tiempo, el texto regresará a las manos de los dos investigadores para dar por iniciada la votación: sí o no a la formulación de cargos y apertura de investigación formal contra Petro, su gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y otros vinculados a este equipo.
Pero llegar a la votación podría demorarse un poco más, pues se espera que la ponencia sea solicitada por una magistrada que se ausentó en la pasada sala plena, Alba Lucía Velásquez, quien viene del Pacto Histórico y estaría en contra de abrirle la puerta a una investigación al candidato que apoyó en 2022. Esta postura la tienen otros dos de sus compañeros, Fabiola Márquez, de la misma coalición, y Cristian Quiroz, de la Alianza Verde, un partido que aunque está a punto de escindirse por diferencias en sus posturas políticas, se mantiene aún a favor del Gobierno.
Si Velásquez así lo solicita, sería casi en octubre cuando los togados puedan votar, necesitándose como mínimo seis votos para tomarse una decisión. Aunque son nueve los votantes, las cuentas están divididas, según los cálculos que hacen fuentes del mismo tribunal electoral.
Son tres los votos seguros que tiene la defensa de Petro, quien durante este fin de semana reactivó su discurso de un presunto golpe de Estado en su contra, y son cinco los que votarían a favor del pliego. Estos últimos son los de los dos investigadores Ortiz y Prada, a quien el Pacto Histórico ha intentado recusar por su pertenencia al partido uribista y los muchos trinos en los que ha criticado a Petro, aludiendo a una carencia de objetividad. El togado, fue llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia.
En estos votos también están los de Maritza Martínez (Partido de la U), Alfonso Campo (Partido Conservador) y César Lorduy (Cambio Radical).
La pregunta que se hacen varios es cómo votará el liberal Altus Baquero, pues aunque en un principio se habría inclinado por apoyar la indagación de su compañero de fuerza política, hay voces que aseguran que estaría acercándose a la visión de la Casa de Nariño, que insiste en que el CNE no tiene potestad para investigar al presidente, aunque el Consejo de Estado haya dicho lo contrario, luego del estudio de competencias que hizo durante casi cuatro meses.
De hecho, Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno en la mesa de diálogo con las disidencias de Márquez, y exmagistrado del CNE, le dijo a este diario en una reciente entrevista que no está contemplado constitucionalmente que esta entidad pueda investigar al presidente, pese a que indiquen que es en calidad de candidato.
“Con esa decisión se rompió el principio de integralidad del fuero, y podría afectar no solo al mandatario actual sino a los futuros jefes de Estado pues dejó en manos de un órgano de origen partidista, la estabilidad de la propia institución presidencial”, señaló Novoa.
En contexto: “Puede afectar al presidente Petro y a los futuros mandatarios”: Armando Novoa.
La defensa de Petro buscará continuar con esta premisa, reiterando que solo es la Comisión de Acusación de la Cámara la facultada para investigar, acusar e incluso separar del cargo a un presidente vía juicio político, un escenario que en la historia reciente solo se ha iniciado con el exmandatario Ernesto Samper.
Incluso, como también lo reveló este lunes la unidad investigativa de este diario, los abogados del presidente buscan ‘tumbar’ algunos de los puntos centrales de la ponencia de Ortiz y Prada, que hablan de una violación del tope por más de $5.355 millones. La semana pasada, la defensa presentó un informe ante la Comisión de Acusación en el que se afirma que el CNE tiene un panorama “errado” de los servicios de vuelo que contrató Petro en campaña.
Amplíe esta información: El informe de la defensa de Petro para justificar sus vuelos de campaña.
En todo caso, los caminos de la ponencia son su archivo, en caso de que en febrero de 2025 no se haya avanzado o alcanzado su votación; la apertura de la investigación y la formulación de los cargos administrativos (sanciones, multas económicas, pérdida de personerías jurídicas).
Si el camino es el segundo, el CNE les compulsaría copias a la Fiscalía, que la semana pasada arrancó el recaudo de pruebas para determinar si algunos de los vinculados en la campaña cometieron irregularidades; y a la Comisión de Acusación, que si bien también indaga los señalamientos contra la campaña, no ha avanzado significativamente y está inmersa en dudas frente a los tres investigadores que se seleccionaron, pues son cercanos a Petro: Gloria Arizabaleta y Alirio Uribe (Pacto) y Wilmer Carrillo (Partido de la U).
Esta instancia la conforman 18 representantes, de los cuales hay dos de la Alianza Verde, tres liberales, tres del Pacto, tres conservadores, dos de la U, dos del Centro Democrático, dos del CITREP y uno de Cambio Radical.
Si bien el Ejecutivo parece no tener mucho control de lo que sucederá en el CNE, por lo pronto tiene más tranquilidad en la célula legislativa, pues además de los tres investigadores cercanos, tiene a un aliado presidiendo, el liberal Leonardo Gallego, quien determina a quién entregarle toda denuncia que llegue y a quién les pasaría las posibles copias del CNE que podrían tocar la puerta antes de finalizar este año.
La sala plena que se realice a mediados de septiembre será decisiva, pues dependiendo de todos los análisis que se hagan bajo estas premisas, se determinará si el primer presidente de izquierda en Colombia podría o no ser sancionado administrativamente por una presunta violación del tope de gasto.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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