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La gestión del agua y la relación de las ciudades y el territorio alrededor de este recurso es uno de los ejes centrales del Plan Nacional de Desarrollo que presentó el gobierno de Gustavo Petro al Congreso este mes.
El foco en este tema es evidente cuando se miran cifras de este calibre: 12 millones de personas en Colombia no tienen acceso al agua potable y un millón y medio sigue haciendo sus necesidades al aire libre, por falta de sistemas de saneamiento básico.
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En un país con enormes retos por resolver, la gestión del agua es vital y urgente. Catalina Velasco, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, habla en esta entrevista del panorama y qué se está haciendo para lograr una solución definitiva.
El PND enfatiza en la relación con el agua. ¿Cómo estamos en términos de manejo de ese recurso?
Fíjate que la reforma a la salud tiene una cosa muy interesante en los determinantes de la salud, que son agua potable y saneamiento básico. Hay dos historias de cómo estamos en el país: 12 millones de personas no tienen un adecuado servicio de agua potable. Escucha esto: la Corte Constitucional le dice al Estado colombiano que hay un estado de cosas inconstitucional por la falta de agua potable para los niños wayuus y está en peligro la supervivencia del pueblo porque los niños que no tienen agua se mueren. Exterminio del pueblo wayuu, dice la Corte Constitucional: 20 litros diarios de agua para beber y no hay. Tú te metes a la ducha y en un minuto salen 20 litros. Eso es para que el niño viva. Y no, no tenemos eso.
En saneamiento básico: un millón y medio de personas que defecan al aire libre y la mitad de las aguas residuales del país se van a las fuentes de agua. Cuando hablamos del ordenamiento alrededor del agua, hoy sí se está muriendo la gente por falta de saneamiento básico y de agua. Entonces, la realidad es inmensa. Al ritmo que venía invirtiendo el Estado colombiano necesitábamos, en agua y saneamiento, 107 años para garantizar el derecho al agua potable: ¡107 años!
Ante la magnitud del problema, ¿cómo acortar esos 107 años?
En el Ministerio a mi llegada había $3,4 billones contratados y sin ejecutar. Y $6,5 billones en proyectos haciendo fila para un aval técnico por parte del Ministerio. Cuatro años de atraso y 695 proyectos haciendo fila. ¿Qué pasa? De esos 695, 200 no sirven. Dijimos: “Señores, malísimo su proyecto, se lo devolvemos”. Ya hicimos esa depuración. En el último bimestre validamos 60 proyectos. Nunca antes había pasado eso y ahora nos toca ponernos al día, esperemos hacerlo en dos años.
¿Cómo llegamos a ese estado de cosas?
¿Qué pasaba? Había $370.000 millones para inversión de agua. Entonces, cogían un proyecto, lo validaban, lo contrataban y ahí lo dejaban. No se ejecutaba. Así estaba funcionando el Ministerio de Vivienda en el área de agua. Y aquí hay que hacer dos cosas: ponernos al día. Cuando nos presentan un proyecto, nosotros lo validamos. Pero los municipios categoría cinco, seis y el sector rural no tienen la capacidad ni siquiera de formular un proyecto. Esto cuesta $400 o $500 millones. ¿Por qué? Pues porque necesita a todos los expertos, los estudios. Lo que queremos es montar la ventanilla de formulación de proyectos para municipios cinco y seis y para el sector rural.
¿Cómo funcionaría la ventanilla?
Miramos el ejemplo de Bolivia. ¿Qué hicieron allá? Mensualmente, el gobierno de Evo Morales se sentaba con los alcaldes y les pedía sus proyectos de agua. Y algunos pasaban una hoja de cuaderno con un diagrama básico que, por decir, tenía tantos tubos y una bocatoma. Y atrás de esto había un equipo que convertía ese requerimiento en un proyecto viable y a cada municipio se le dieron US$500.000 para una iniciativa de agua potable. No lo ejecutaba el municipio, sino una unidad central y así subió 10 puntos la cobertura de agua potable rural en Bolivia en cinco años. Entonces, lo que vamos a hacer es la oficina para hacerles los proyectos a los municipios cinco, seis y rural. Eso se lo hizo la CAF a Evo y nos está ayudando a hacerlo a nosotros. En Colombia, el presidente nos dio $1 billón adicional el año pasado. Entonces con eso triplicamos la inversión en agua. Nunca antes había habido $1 billón para inversión en agua en el país. ¿Qué reto tenemos? Pues contratar y ejecutar, pero bueno, ya por lo menos tenemos plata. Y hay proyectos validados que no estaban antes.
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¿Cómo garantizar que los proyectos avalados sí se ejecuten?
Pongo un ejemplo. En Istmina, Chocó, hay un proyecto de $30.000 millones, que está avalado desde 2015. No hay nada. Ocho años y se han gastado esos recursos en obras abandonadas, porque nadie va a mirar, a hacer supervisión. En Río Quito, también en Chocó, dice en nuestra base de datos que hay otro proyecto ya entregado. Pero el alcalde del municipio me llama y me dice que el acueducto no funciona. Y en nuestros papeles dice que está entregado y todo funcionando. Esas obras arrancaron en 2010, entonces son 13 años para un microacueducto.
Hablábamos de 107 años. ¿A qué meta aspiramos implementando estos cambios?
Ya estamos haciendo pruebas y tenemos unos lugares para empezar. Santa Bárbara, Antioquia, e s el primer caso en el que diseñamos nosotros el proyecto. Ya estamos haciendo trabajo de campo, topografías… Las metas del Plan de Desarrollo son, efectivamente, mover los indicadores de agua potable y de calidad de agua. Ese es nuestro objetivo. El primer reto gerencial es que lo que está contratado sin ejecutarse se ejecute y que funcione y no sea en el papel. Y lo que está en fila para validación nos pongamos al día. Creo que en dos años nos ponemos al día de cuatro años acumulado, con lo nuevo que va entrando. Hay que contratar y hacer las supervisiones.
Hablemos de vivienda
Hay temores en el sector de la construcción por los impactos que la inflación, las tasas de interés y el dólar puedan tener sobre la vivienda de interés social (VIS)…
El sector de la construcción tiene ciclos naturales. Hay que empezar por eso. Tiene sus momentos. Cuando está en la baja es VIS el que lo soporta, el VIS es el colchón del sector de la construcción. Las empresas constructoras saben que el VIS mantiene la máquina prendida. Eso es normal y regular. Los subsidios son un impulso, son la gasolina para la vivienda de interés social. Nos pegan durísimo tres cosas: precios de los insumos, tasa de interés e inflación, y todo se juntó. O sea, realmente es una variable exógena que tenemos que enfrentar.
¿Qué es importante? Primero, evacuar el inventario actual y mantener los proyectos que están en curso, no dejar que se caigan. Ese es un propósito que tenemos. Entonces, los subsidios que van a entrar con los recursos que ya tenemos van a eso, al inventario de VIS y VIP. Hay 23.000 viviendas listas y los subsidios que vamos a entregar tienen como condición que la escritura se firme a más tardar en seis meses. Eso es muy importante porque es para evacuar el inventario.
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Eso es en lo inmediato, ¿qué viene en el mediano plazo?
Que las familias tengan unas cargas hipotecarias menores. Si las familias tienen una vivienda que vale menos y unos subsidios robustos, ojalá con concurrencia, por ejemplo, de cajas de compensación municipales y de Mi Casa Ya, que no les deje esa carga financiera tan grande; eso va a mover el sector. Concentrarse también en vivienda de interés prioritario (VIP), hacer concurrencias y mover por ese lado el sector en el escalón más inferior de la industria, de la oferta. En eso estamos concentrados. Es un año de ajuste y de cumplir con lo que se venía. Yo no puedo ponerle freno de mano al sector.
¿Qué mejorías traen los cambios que recientemente anunciaron en Mi Casa Ya?
Mi Casa Ya es un gran programa porque dirige recursos del Estado a las familias y al sector de la construcción en simultáneo. Ahora, se concentra en tres grandes ciudades y áreas metropolitanas: Cali, Barranquilla y Bogotá, y debemos llegar a otro tipo de municipios y ciudades, al resto del país, especialmente a municipios de categorías tres, cuatro, cinco y seis.
Si hay más equilibrio territorial, pues eso es bueno para todos. Los precios de la vivienda y del suelo son menores. La calidad de vida y el desarrollo económico si es más repartido, pues es mejor. Entonces, queremos orientar hacia municipios tres, cuatro, cinco y seis. Queremos que se produzcan más VIP, que se produzca vivienda rural, que se llegue a familias con menores ingresos. Entonces, estamos mandando señales de ubicar los subsidios con base en esos criterios, de manera que la oferta, si quiere acceder a subsidios, se reoriente. Creemos que los subsidios del Estado deben llegar a las familias que más los necesitan. Creemos que la acción del Estado, la política pública, tiene también un propósito regulatorio de una industria y un propósito de orientación hacia una población específica.
¿Cómo han sido recibidos estos cambios en el sector?
Desde el día uno se los hemos dicho a todos los agentes del sector, a los constructores, al sector financiero, a las cajas de compensación familiar, a las entidades territoriales y a los gobiernos. Queremos promover la vivienda de interés social, pero hacer ese énfasis en la gente con menores ingresos, en el renglón VIP, en el rural, en los municipios pequeños. Y el instrumento cayó muy bien. Nos han dicho todos que se lo esperaban, que tenía que reinventar su propio negocio y que entendían que los propósitos del Gobierno fueran esos y que los acogían con gusto.
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Es un momento en el que hay muchas reformas entrando al Congreso, lo cual genera fricciones políticas. ¿Cómo ve su relación con la rama Legislativa?
Yo creo que el sector vivienda y agua es fantástico. ¿Quién pelea con un acueducto, con un proyecto de vivienda? Todo el mundo lo necesita. La propuesta a la sociedad desde el Gobierno es que sumemos entre todos. Trabajemos juntos. Yo voy al Congreso y me proponen proyectos de agua desde Comunes hasta el Centro Democrático. Todo el mundo dice agua, todo el mundo dice vivienda, porque en todos los pueblos y en todas las sociedades, en todas las comunidades, se necesita. Creo que el agua y la vivienda son un instrumento de la paz total, en darles a las comunidades que no tienen estos derechos una oportunidad y en unir a la sociedad a través de los proyectos de agua y de vivienda y a la sociedad política y a la sociedad empresarial y a la comunidad. Entonces, la relación con los constructores, fantástica; con los de la banca, fantástica; con las cajas de compensación, fantástica; con los alcaldes y gobernadores, fantástica. Todos sumamos.
Si todo es tan fantástico, ¿por qué tenemos estos atrasos?
Porque llevamos peleando tantos años. Falta gerencia, interés en lo público, y hay corrupción, desgreño y debilidad institucional.
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