El Procurador y los proyectos productivos

En el citado evento, en efecto él, con la mayor objetividad, precisión y compromiso, manifestó que la Procuraduría General de la Nación (PGN) tenía razón en las observaciones que presentaba y que, como lo dice el documento, toda la información que recogimos fue suministrada por su oficina y por las demás entidades públicas responsables del tema, información que nosotros contrastamos con las quejas y denuncias que a diario recibimos de la población desmovilizada, pues como lo demuestran los incidentes en Cali de la semana pasada entre la Policía y un grupo de desmovilizados, hay un alto grado de inconformidad e incertidumbre entre esa población, por el incumplimiento de los compromisos adquiridos con ellos por el Gobierno Nacional.

Por lo anterior y porque considero imprescindible que la opinión pública sea informada de manera clara y objetiva, debo hacer las siguientes precisiones sobre las declaraciones a la prensa de dicho funcionario:

Tal como lo señala el informe en la página 39 del documento y como lo indica el oficio número 6663 del 7 de junio de 2007, suscrito por el doctor Andrés Vergara Ballén, jefe de la Unidad Administrativa y Financiera de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica, el Gobierno Nacional ha invertido, en los 10 años, 1997-2007, la suma aproximada de un billón de pesos, “…que las entidades involucradas en la ejecución de la política de reintegración (antes reincorporación) del gobierno actual han destinado al desarrollo de sus actividades propias…” en programas de desmovilización colectiva e individual.

En ningún momento se dice en el informe que esa suma la haya manejado la oficina de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica, cuyas labores iniciaron apenas el 7 de septiembre de 2006. Nos referimos a los recursos que en general ha ejecutado el Estado a través de sus distintas entidades, durante los últimos 10 años, entre ellas: el Ministerio del Interior y de Justicia, a través del programa para la Reincorporación a la Vida Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas; el Ministerio de Defensa Nacional, a través del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado —Gpahd—; la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; el Ministerio de la Protección Social; el Sena, el ICBF y el DAS.

En lo relacionado con proyectos productivos, la Alta Consejería para la Reintegración, a través del oficio 4084 del 26 de marzo de 2007, suscrito por la doctora María Isabel Agudelo Valencia —Área de Proyectos—, nos informó haber recibido 3.321 proyectos productivos del Programa para la Reincorporación a la Vida Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas del Ministerio del Interior, por un valor de $26.841’817.575 y 40 proyectos productivos por un monto total de $5.216’000.000 de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que los manejaba cuando se trataba de desmovilizaciones colectivas.

Sobre el resultado de los mismos, la citada funcionaria, en entrevista realizada el día 11 de septiembre de 2007, informó a la PGN que, previa evaluación, el 99% de los proyectos productivos eran inviables, resultados que, como bien lo expresó el doctor Pearl, en entrevista a El Espectador, fueron muy pobres, lo que llevó, como lo expresa igualmente en la entrevista dada al diario El Tiempo, “…a parar el anterior esquema de proyectos productivos…”.

Al manifestar esa oficina que el 99% de los proyectos productivos eran inviables, señalando entre otras muchas causas la ausencia de criterios de selección pertinentes por parte de las entidades que venían manejando el tema, y su propósito de diseñarlos con un esquema totalmente diferente, que, como lo dije públicamente, compartimos y respaldamos, debemos entender que procederán a diseñar nuevos criterios de selección, pues los anteriores, de acuerdo con su análisis, no sirvieron para los propósitos de oportunidad y eficiencia.

El Alto Consejero le manifestó al periódico El Tiempo que “…la Procuraduría General de la Nación usó cifras incorrectas —seguramente, dice— le pasaron mal el número”. La verdad, tal afirmación me sorprende, pues durante siete meses del año 2007 recogimos información en esa oficina, respaldada por documentos, entrevistas y el aplicativo de nuestra batería de indicadores de seguimiento, lo que me impide entender de qué manera pudieron suministrarnos información equivocada y en consecuencia le solicito a dicho funcionario, muy cordialmente, las correspondientes aclaraciones.

 Edgardo Maya Villazón.Procurador General de la Nación.Bogotá.

Xenofobia

Muy buena nota la de Sudáfrica. Excelente. Es increíble que pase esto en un país que fue durante años víctima de la violencia racial. Fueron los mozambiqueños, zimbabueños y otros africanos quienes acogieron a los sudafricanos cuando el apartheid. Mire ahora lo que pasa.

  Santiago Borja. Bogotá.

 Mavé

La verdad es que llegué a El Espectador por Mavé y su tarot. Pero me ha gustado todo lo que he leído y visto, contenido y gráficamente. Primero, gracias por darnos este medio. Segundo, me tendrán diariamente leyéndolos, y tercero, que Mavé escriba más como lo hacía los domingos en donde los vecinos.

  Raquel Ortiz.Bogotá.