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Históricamente hemos tenido un alto grado de aprecio y respeto por El Espectador, reconociendo en sus páginas una gran objetividad y transparencia. Por lo anterior nos sorprendió un artículo publicado el pasado sábado en su edición impresa. Me refiero al artículo “El informe de la discordia”, de la sección judicial.
El Ministerio de Defensa Nacional, desde finales del año 2002, viene publicando mes a mes la información detallada que contiene los logros de la Política de Seguridad Democrática. Dicha información proviene de las más serias fuentes (La DIJIN de la Policía Nacional, el Comado General de la Fuerzas Militares, Fondelibertad, el Observatorio de Derechos Humanos, la Dirección Nacional de Estupefacientes, entre otras) y el Ministerio actúa como compilador de las cifras, en el esfuerzo para mostrarle de la manera más transparente a la opinión pública en general, todo lo tiene que ver con las cifras asociadas a la consolidación de la Seguridad Democrática. No ha pasado un mes sin que los ciudadanos encuentren toda la información en la página web del Ministerio y, en conjunto con las fuentes primarias de información, se han hecho esfuerzos técnicos para verificar, depurar y presentar oportunamente las cifras. Manteniendo un diálogo objetivo y abierto con la opinión pública.
El informe contiene más de 60 indicadores que muestran la evolución de los delitos de mayor impacto sobre la ciudadanía, la lucha contra el problema de las drogas ilícitas, los resultados operacionales de la Fuerza Pública y el impacto de las mejoras de seguridad en las variables económicas y sociales del país, entre otros. Resulta sorprendente, o para usar palabras propias de su periodista, desconcertante, que pese al extenso contenido del informe, el mencionado artículo haga referencia a muy pocos indicadores, y con ello pretenda establecer un manto de dudas sobre la totalidad de los resultados de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, los cuales saltan a la vista.
El artículo “El informe de la discordia” se refiere a las cifras publicadas en relación con las capturas de miembros de organizaciones narcotraficantes y de grupos armados ilegales. Las capturas son registradas tal como las fuentes las entregan, y así se reportan mensualmente. Número de capturas no es exactamente equivalente a número de personas, dado que a la misma persona se le puede capturar más de una vez. Adicionalmente, es importante aclarar que el análisis en este caso es de la capacidad de la Fuerza Pública para actuar frente al delito y no podríamos, desde el Ministerio de Defensa, hacer seguimiento a las acciones del poder judicial, cuya independencia respetamos profundamente.
Por otro lado, el artículo cuestiona las cifras de miembros de grupos armados ilegales abatidos en combate, sin ningún argumento de fondo. Una muerte en combate se establece solo cuando se cuenta con el acta de levantamiento del cadáver y la necropsia, realizados por miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación o la Policía Judicial, el acta de defunción y la orden de operaciones del Comandante respectivo, en desarrollo de la Misión Táctica.
En el artículo no solo se hace una interpretación poco objetiva de las cifras en mención sino que se deja de lado la idea de que el concepto de Seguridad Democrática es un concepto integral, que no solo involucra variables económicas y sociales
del país. Gracias al círculo virtuoso que se ha generado entre seguridad y bienestar, los colombianos hemos recuperado la confianza, tal como lo evidencian los niveles de crecimiento económico (por encima del 7%), dato récord en varias décadas y la reducción a un digito (9,9%)de las cifras de desempleo.
Así las cosas el artículo ignora indicadores claves de los logros alcanzados por esta política. Ignora, por ejemplo, que los homicidios muestran una caída del 40% entre 2002 y 2007, ubicándose en la menor cifra de los últimos 20 años. Así mismo, que los secuestros extorsivos mostraron una caída del 87%, los atentados terroristas una disminución del 76% y las extorsiones una de 54% en el mismo periodo, solamente para mencionar algunas variables.
Juan Carlos Pinzon Bueno.
Viceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación. Bogotá.
Lucho y la Presidencia
Hemos leído la entrevista del ex alcalde y candidato presidencial Luis Eduardo Garzón (El Espectador, semana del 26 de abril al 3 de mayo), en la que afirma “…se ha hecho una gran confrontación con la guerrilla, pero no con el narcotráfico”. El candidato Garzón o está desinformado o ha omitido lo realizado en la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno de Uribe.
Olvida el candidato Garzón que en 2000, Colombia tenía 162.510 hectáreas de coca, y para 2006 habíamos reducido a 77.870 hectáreas. A diciembre del año pasado habíamos capturado 7.995 integrantes de bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Las autoridades han incautado, desde agosto de 2002 a hoy, 768,64 toneladas de cocaína. Se han asperjado 834.232 hectáreas y 162.660 se han erradicado manualmente. Tenemos 33.167 Familias Guardabosques. 753 personas se han extraditado. Se capturó a Diego Montoya y a su hermano Eugenio. También a Olmes Durán, Juan Carlos Ramírez Abadía y Eduardo Restrepo Victoria, alias El Socio, entre otros.
Resulta paradójico que el candidato Garzón no comprenda que luchar contra la guerrilla y los paramilitares es también luchar contra el narcotráfico.
César Mauricio Velásquez O.
Secretario de Prensa Presidencia de la República. Bogotá.
De Profamilia
Al revisar El Espectador que circuló el pasado sábado 26 de abril nos encontramos con el artículo “La mala educación”, que
incurre en imprecisiones y faltas a la verdad:
En el lead dice: “Expertos coinciden en que la educación sexual ha fracasado. Algunos van más allá: ha empeorado el problema. En medio de este panorama, Profamilia propone implantar anticonceptivos bajo la piel de las adolescentes”. Falso. En ningún momento, como respuesta a la educación para la sexualidad, Profamilia ha propuesto hacer inserciones masivas del implante subdérmico a mujeres adolescentes. Profamilia no tiene por objetivo realizar actividades masivas de distribución de métodos anticonceptivos.
Es peligroso afirmar y generalizar que “la información sexual que reciben los/las jóvenes colombianos/as por parte de sus educadores, en vez de orientar, está aumentando de manera significativa la probabilidad de un embarazo adolescente”. Con esta afirmación se desconocen los esfuerzos realizados desde los sectores salud y educación, públicos y privados, que sin duda también han tenido experiencias exitosas. Desconoce también actividades de los medios de comunicación como las trabajadas con ustedes.
Dice textualmente: “La mayoría de los expertos consultados coinciden en que se corre el riesgo de provocar un incremento en las enfermedades de transmisión sexual, pues las adolescentes, al sentirse protegidas de un embarazo, prescindirán del uso del condón”. La tasa de uso del condón en las mujeres adolescentes (15-19 años) es del 6,2%. ¿Cómo van a dejar de usarlo si realmente no lo utilizan? ¿Acaso usan el condón como un método de prevención de las infecciones de transmisión sexual? Es claro que el condón debería ser usado como la mejor y única alternativa para la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Pero en la realidad no ocurre.
“Por otra parte, creen que la promoción de un método anticonceptivo sin un proyecto educativo serio no tiene sentido”. De acuerdo. El tema de la sexualidad va mucho más allá. Por eso, en un esfuerzo común de la Secretaría de Salud Distrital, de las localidades de Suba y Engativá y el Fondo de Desarrollo Local de las mismas, a través de un convenio con Profamilia, se organizó el proyecto de apoyo a programas integrales de salud.
María Isabel Plata. Directora Ejecutiva, Profamilia. Bogotá.
Disturbios y Universidad
Y el consabido disturbio en una universidad pública ocurrió el 29 de abril en la Surcolombiana, en Neiva. Lo más espectacular esta vez fue la osadía de los participantes en la tropelía: rociar líquido inflamable a un grupo de policías que intentaban contener la manifestación para luego prenderle fuego. No hay nada que justifique tal acto de sevicia.
Esto demuestra una vez más el desprecio a la vida de algunos violentos que se enmascaran en la Universidad. Las estrategias y pertrechos para sus desmanes cada vez son más perversos: a los explosivos, que llaman papas, les están agregando metralla. La Universidad no se hace más grande con explosivos ni con incineraciones. No se hace más grande con disturbios ni con asonadas. Los violentos, los explosivistas, los incendiarios no pueden tener cabida en la Universidad.
Repudio los pirómanos en la Surcolombiana, repudio las papas bomba, repudio los cocteles molotov. Repudio los tropeles en la U. Los enmascarados que buscan reyertas con la Policía no pueden refugiarse más en los claustros, los encapuchados y los explosivos tienen que salir de circulación.
Condeno que los desmanes sean en mi nombre, en nombre de la Universidad Nacional; condeno que se invoque para eso la universidad pública. ¡No en mi nombre! La dignidad humana está por encima de todo. No se trata de estar en un bando o en otro, se trata de ética, se trata de lo más elemental: el respeto por la vida humana. No acepto lo que ha pasado en Neiva, ni los tropeles que han pasado en los campus de mi Universidad, por eso no callo, por eso escribo rechazándolos.
Duván Rozo Riaño. Estudiante de Antropología, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.