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Hay un refrán estadounidense que reza, “momentos extremos exigen medidas extremas”. Aunque actualmente los ojos del mundo están puestos en las medidas que el gobierno de Estados Unidos tome para resolver la crisis financiera, nuevos acontecimientos en el manejo del orden público de ese país han pasado desapercibidos, aun cuando pueden ser más históricos y trascendentales que la misma crisis. El gobierno estadounidense ordenó que efectivos del Ejército hagan labores de orden público dentro de los Estados Unidos, aparentemente sin justa causa.
Según informó el Army Times el pasado 8 de septiembre, “a partir del 1º de octubre fuerzas del ejército norteamericano, antiguamente estacionadas en Irak, traerán sus experticias a suelo estadounidense”. El equipo de combate de la 1ª brigada de la 3ª División de Infantería (que lleva 35 de los últimos 60 meses involucrada en fuertes combates en Irak), estará encargado de manejar el ejército del norte durante los próximos 12 meses.
El comando central de la operación estará en la base aérea Peterson de Colorado Springs, en el estado de Colorado. Sin embargo, los hombres del equipo de combate se ubicarán en su base en Fort Stewart, Georgia, algo que demuestra el ámbito de operación nacional de la misión.
De acuerdo con el comunicado, no es la primera vez que el ejército ha sido desplegado en casa (como en 2005, después del desastre del Katrina), pero algo que omite el mismo es que es la primera vez que se despliega sin existir un inminente problema de orden público y, además, de manera permanente.
La razón de la sin razón
El ejército explica la histórica decisión de manera sencilla: es una misión que busca mejorar la capacidad de respuesta del gobierno federal a emergencias nacionales, bien sean de origen natural o humano. Según informó el Army Times, las tropas estarían destinadas a contener multitudes y desobediencia civil.
Aunque los efectivos que participan en la misión son en su mayoría miembros del ejército, otras ramas de las fuerzas armadas estadounidenses estarán involucradas, como la fuerza aérea y los guardacostas.
El comandante del equipo asignado, coronel Roger Cloutier, dijo que no podía “pensar en una misión más noble que ésta. Hemos estado alrededor del mundo en estos tiempos de conflicto, pero ahora nuestra misión es cuidar ciudadanos en casa” (…) “Si vamos a entrar, vamos a entrar a ayudar a ciudadanos americanos en suelo americano, a salvar vidas, brindar apoyo vital, ayudar a remover escombros, restaurar la normalidad y apoyar a cualquier agencia local que nos necesite”.
Un asunto ilegal
El problema con el mandato que ha impartido el Ejecutivo a las fuerzas armadas, es que es ilegal según dos leyes. Ambas tienen más de un siglo de vigencia y son consideradas pilares del sistema legal estadounidense. Su importancia se deriva de su función de restringir considerablemente el poder del Presidente sobre las fuerzas armadas cuando éstas deban ser utilizadas dentro de su territorio.
La primera de estas leyes es el Acta de Insurrección de 1807, la cual pone condiciones específicas para que el Presidente pueda dar la orden de utilizar fuerzas armadas federales dentro de E.U. Aunque esta ley fue reformada en 2007 para ampliar las facultades del Presidente, dicho cambio se revirtió este año, dejando la ley como estaba originalmente.
La segunda norma trata la ilegalidad de llevar a cabo una acción como la que adelantará el ejército estadounidense a partir de este mes. El Acta de Posse Comitatus (Poder o fuerza del país), establece que, salvo excepciones específicas en la ley y la Constitución, cualquier persona que utilice las fuerzas armadas o la fuerza aérea para hacer cumplir la ley, será conmdenado a dos años de cárcel, multa o ambas.
La acción del gobierno de Estados Unidos deja claro que el país de la libertad utiliza su músculo bélico para custodiar a sus ciudadanos sin una razón aparente.
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