Los chivos expiatorios de Macri

El decreto 70 de 2017 apunta directamente a los migrantes. Señala que “en relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad, se observa que 33 % de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) son extranjeros. Ello denota que la población extranjera detenida en dependencias del SPF está altamente representada entre los detenidos”, teniendo en cuenta que los extranjeros representan el 4,5 % de la población. Por ello propone un mayor control migratorio.

El decreto ha generado varias protestas y hasta roces entre Argentina y Bolivia, mientras el Congreso discute al respecto. El oficialismo asegura que las medidas son necesarias y la oposición cree que no hay razones para que esta reforma se haga mediante decreto y no por vía legislativa. Otros creen que Macri está tratando de obtener votos para las elecciones legislativas de este año, a sabiendas de que la inseguridad es una de las mayores preocupaciones para los argentinos.

Para ellos, los migrantes son sólo un chivo expiatorio de Macri. El Gobierno, según Mariela Belski, de Amnistía Internacional Argentina, no ha logrado demostrar que hay una situación de necesidad o de urgencia que amerite evitar el paso por el debate ordinario en el Congreso, “que haya que sacarlo a los apurones en estos días”.

“Nuestra lectura”, le dijo Belski a este diario, “es que esto se inscribe en un momento preelectoral. Los datos que el Estado aporta, si bien no son falsos, son presentados de forma sesgada: arrojan porcentajes que no reflejan la realidad y que tienden a sobrerrepresentar a la población inmigrante dentro de un universo de personas en conflicto con la ley”.

Por ejemplo, el decreto afirma que mientras el total de extranjeros detenidos representa el 6 % de la población carcelaria, en lo que tiene que ver con delitos vinculados con drogas el porcentaje sube al 33 %. Sin embargo, no aclara que el primer dato, el del 6 %, hace referencia al total de la población carcelaria; mientras que el segundo, que hace referencia solamente al SPF, no incluye todas las cárceles del país.

Según datos del Ministerio de Justicia, del total de personas detenidas por delitos relacionados con drogas en todo el país, el 82 % son argentinas y el 18 % son extranjeras. Lo que corresponde a un total de 1.426 personas. O sea: un 0,06 % del total de la población inmigrante del país.

“Lo que hace el Gobierno es dar datos que, de la manera que los presenta, están sesgados, no son realistas”, sostuvo Belski, quien hizo parte ayer de una audiencia en el Congreso para definir si el decreto es legal o no.

Una de las mayores preocupaciones de los opositores a este decreto es que endurece la ley de forma injustificada. La ley anterior, de 2004, prohibía el ingreso a ese país de personas que estuvieran condenadas o cumpliendo una condena en Argentina o en el exterior o que tuvieran antecedentes por tráfico de armas, de personas o de estupefacientes o lavado de dinero. Cualquier delito que en Argentina mereciera una pena superior a los tres años de prisión. En general: apuntaba a delitos graves.

El decreto actual, en cambio, afecta tanto a quienes tienen antecedentes por un delito grave como el narcotráfico como a quien ha cometido una falta menor. Por ejemplo: una contravención por vender en la calle, por manifestarse públicamente o por haber estado involucrado en un accidente de tránsito. A la vez afecta a personas que estén siendo investigadas, sin tener en cuenta la presunción de inocencia y que, en muchos casos, llevan varios años en Argentina y ya tienen hijos argentinos.

Aunque la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, no ha hablado de los colombianos, sino de peruanos, paraguayos y bolivianos, no se descarta que esta medida afecte a ciudadanos de nuestro país, teniendo en cuenta la estigmatización que sufren en el exterior por cuenta del narcotráfico. A lo cual se suma que, debido a la cantidad de colombianos que se han ido a estudiar y trabajar a ese país, algunos connacionales han sido devueltos con el argumento de que son “falsos turistas” que quieren quedarse a vivir allá.

Ese es el caso de Diana Carolina López Cedeño, una universitaria deportada el pasado 26 de enero. Según le contó a este diario, fue enviada de regreso a Colombia porque, según los agentes de inmigración, se iba a quedar “de ilegal”, pese a que iba de turismo. “Usted viene es a trabajar”, le dijeron. Y eso que el decreto de Macri todavía no había sido firmado.