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La escena de muerte se repite. A un detenido, por presunto abuso sexual, lo asesinaron en un centro de reclusión en Bogotá. El ataque ocurrió el pasado viernes, en la estación de Policía de La Candelaria, donde otros reclusos agredieron a Luis Alberto Ortiz Palomino, de 28 años, hasta dejarlo inconsciente. Aunque lo alcanzaron a trasladar con signos vitales al hospital Santa Clara, poco pudieron hacer. La gravedad de las lesiones provocó su deceso.
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El caso de Ortiz Palomino se suma al asesinato de Sebastián Roa, de 25 años, que se registró el pasado 7 de enero, en la Estación de Policía de Rafael Uribe Uribe, y el de Juan Pablo González, el pasado 6 de noviembre, en la Estación de Puente Aranda, para mencionar tres de los cinco homicidios que se han registrado en el último año. La explicación de la Policía, en la mayoría de ellos: una riña en la celda.
Al ampliar el intervalo de muertes en las cárceles o centros de reclusión, se tiene que entre 2018 y 2023 se han reportado 42 casos, la mayoría en la localidad de Puente Aranda, que suma 28, entre ellos los 23 de la Cárcel Modelo, durante el motín de 2020. A esta localidad le sigue Rafael Uribe Uribe, con 10, entre ellos ocho en La Picota, seguidos por Teusaquillo, Tunjuelito y La Candelaria, con de un caso.
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Esta seguidilla de crímenes está, sin duda, ligada a un fenómeno: el hacinamiento, que dificulta a la Policía ejercer control en los centros de reclusión. Son pocos uniformados para tantos internos, en especial, en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en las estaciones de Policía, donde la sobrepoblación sigue desbordada: 155 %, según el último reporte, elaborado de manera conjunta el Ministerio de Justicia, el Inpec y la Policía de Bogotá.
No obstante, hay otro factor, igual o quizá más grave: la omisión de algunos uniformados que, en ocasiones, facilita el accionar delincuencial en estos sitios. Así se presume ocurrió en el caso de González, el año pasado, y por el cual, cinco uniformados responden ante los jueces. En el reciente caso de La Candelaria, apenas abrieron las investigaciones.
Hacinamiento en cifras
Para dimensionar el problema de la sobrepoblación privada de la libertad en las URI y estaciones de Policía en Bogotá, basta con una imagen: en el espacio, inicialmente destinado para dos internos, se tienen que acomodar cinco. Las cifras generales permiten dimensionar la situación. Indican que Bogotá cuenta con 20 sitios de reclusión, los cuales, en total, tienen infraestructura para albergar 1.227 presos, pero el reporte de esta semana revela que hay 3.140, es decir, la sobrepoblación llega al 155%. Con una particularidad: uno de cada seis son extranjeros.
Del total de las personas privadas de la libertad y/o en situación de detención, se establece que 2.737 ostentan la calidad de imputados y 363 ya condenadas. A pesar de la insistencia de la Alcaldía para que reciban los condenados en las cárceles como La Modelo y La Picota o la habilitación de algunos cupos en la cárcel Distrital, los esfuerzos son paños de agua tibia. Así lo dijo la Procuraduría a finales de enero, cuando advirtió que la vulneración de los derechos de los privados de libertad persiste y calificó las medidas de la administración para resolver la problemática como “insuficientes y sin el impacto esperado”.
Al revisar en detalle las URI y estaciones de Policía, ese poco impacto se refleja en las cifras. Hay casos críticos como el de Usaquén, con 108 internos en un espacio habilitado para 10 internos (hacinamiento del 980%); el de Bosa, con 236 en un espacio para 35 (574%), el de San Cristóbal, con 191 en un espacio para 35 (445%) o el de Usme, con 105 en un espacio para 20 (425%). Como lo evidenció Noticias Caracol, hay estaciones donde habilitaron el espacio donde se guardaban las canecas de basura, para encerrar reclusos, o carpas.
A esto se suma una situación también preocupante: la proporción de uniformados frente a la población carcelaria. Hay casos como en la localidad de Ciudad Bolívar, donde hay 15 uniformados para vigilar 235 detenidos (un por cada 16); Los Mártires, donde hay nueve para vigilar a 130 (uno por cada 14), o Bosa donde hay 18 para custodiar a 236 (uno por cada 13). Si a eso se le suma que ese grupo de agentes se deben distribuir por turnos, la proporción es peor.
Y si a esto se le suma las precarias condiciones sanitarias y de salud, son todos ingredientes para una “bomba carcelaria”, que amaga con explotar cada vez que hay un motín, riñas dentro de los centros de reclusión o cuando los presos toman justicia por mano propia, con se ha registrado en los últimos meses.
¿Por qué persiste esta situación? Para César Restrepo, jefe del área de seguridad, de Probogotá, hay una explicación: no se ha entendido que tratar privados de libertad requiere de estándares arquitectónicos, de servicio y de espacios para manejo de población en condiciones críticas. “Bajo el esquema actual y el hacinamiento es probable que ocurran asesinatos. Sin contar los heridos, extorsionados o violados, que son estadísticas que nadie está recogiendo”, agrega el experto, quien cree que la responsabilidad es del Estado, por no disponer recursos para tener sitios adecuados.
En especial, porque, en las condiciones actuales, los servicios y protocolos no existes, dice. “Si en una celda para 20 meto a 60 presos, se verán esos delitos. Si mezclo ‘superdelincuentes’ y personas sin experiencia criminal, le doy poder a los experimentados para someter a los demás. Por eso es necesario tener cárceles donde se pueda controlar mejor a los reclusos e, incluso, protegerlos. Pero si eso no pasa, seguirán en manos de los delincuentes”.
A pesar de que, cada vez que hay un homicidio en una URI o una estación de Policía, las miradas apuntan a los uniformados, para Restrepo, los agentes también son víctimas en todo esto. “El último responsable es la Policía, porque no debería tener gente allá, esas no son sus funciones. La Policía es víctima del desgobierno y el desorden. Estamos perdiendo uniformados, que deberían estar vigilando las calles, cumpliendo funciones que no les compete y exponiéndolos a sanciones por cosas que no saben manejar”
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Pero los delitos, no son la única situación que se deriva del hacinamiento, también están las precarias condiciones de salud. El personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, viene haciendo seguimiento y reiterados llamados a las autoridades distritales por el respeto de los derechos humanos de 88 casos urgentes de personas privadas de la libertad en las Estaciones de Policía y la URI de Puente Aranda, que requieren atención inminente por su grave estado de salud.
Se trata de seis personas con fracturas sin atención, seis en condición de discapacidad, seis con VIH y 30 que necesitan atención psiquiátrica urgente. También se han evidenciado detenidos con diagnósticos de hipertensión, diabetes, cáncer, epilepsia y hemofilia, entre otros.
“Toda vulnera el estándar internacional y nacional de derechos humanos de estos sujetos de especial protección, pues como lo dijo la Corte Constitucional, el hacinamiento y la no distinción de personas condenadas con imputadas en los centros carcelarios, conlleva a conductas de tortura, o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, indicó el personero de Bogotá, quien agregó que se han hecho reiterados llamados al Distrito para que ejecuten un plan de contingencia, en el que se adquieran títulos inmuebles, para la descongestión de los centros de detención transitorios, como lo indica la sentencia SU 122 de 2022.
Todas estas condiciones evidencian las complejidades detrás de lo que se vive en los centros de reclusión en las localidades, que conlleva no solo a condiciones de vulnerabilidad de las personas con prisión preventiva, sino la necesidad de destinar mayor pie de fuerza para la vigilancia y protección de los procesados por la justicia. Si no se toman acciones urgentes, este caótico panorama nunca cesará. Lo peor, es que parece que la situación no tiene pronta solución.
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Por Alexánder Marín Correa
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