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El pasado viernes, el Ministerio de Ciencias hizo un anuncio que buena parte del sector estaba esperando: abrió tres nuevas convocatorias públicas por un valor de más de COP 900 mil millones. En un país donde la ciencia siempre está en la cola del presupuesto, anuncios como ese suelen ser un bálsamo para los investigadores y las universidades.
Pero al tiempo que el Minciencias dio a conocer la noticia, varios investigadores y vicerrectores empezaron a compartir entre sus chats un comunicado en el que responsabilizaban a esa cartera, encabezada por Yesenia Olaya, de actuar de manera “improvisada” y de haberle hecho “perder tres años de trabajo al país en ciencia”.
El documento había sido firmado, hasta la tarde del lunes, 16 de marzo, por más de 50 investigadores y vicerrectores de investigaciones de las universidades del Quindío, del Valle, del Cauca, de la U. Industrial de Santander, de la U. de Antioquia, de la del Tolima, de la U. Pedagógica y de la U. Surcolombiana. También había, incluso, miembros del equipo que participó en la formulación de otras convocatorias (como la 41).
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“Lo ocurrido es muy grave”, señalaron en el texto. “Colombia perdió cerca de tres años de trabajo técnico, institucional y territorial en el sistema de ciencia. No por falta de proyectos de calidad, ni por ausencia de capacidades en las regiones, sino por la improvisación, la desarticulación y la falta de planeación del Ministerio de Ciencia, que actúa como Secretaría Técnica del OCAD de Ciencia, tecnología e innovación”.
“Colombia perdió cerca de tres años de trabajo técnico, institucional y territorial en el sistema de ciencia»
A lo que se referían es al papel que ha jugado la cartera de Yesenia Olaya en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), que se encarga, entre otras funciones, de aprobar convocatorias como las que anunció el Minciencias el pasado viernes, y que son financiadas con la plata de regalías, producto de la explotación minera y de hidrocarburos.
Ofrecen sumas nada despreciables para hacer ciencia: para los años 2023 y 2024 el Gobierno dispuso de COP 2,9 billones para distribuirlos a través de convocatorias públicas, aunque no ejecutaron todo el dinero y, al parecer, lo añadieron a la nueva tanda. Por eso, en principio, para los años 2025 y 2026, el monto era de COP 2,7 billones, pero según la última actualización del plan —publicada hace cuatro días—, ahora es de COP 3,7 billones. Es una cifra que equivale a trece veces el presupuesto que tuvo para este año el Invima, la agencia encargada de aprobar y vigilar el mercado de los medicamentos.
Como lo recordaban los vicerrectores en el comunicado, el Minciencias juega un rol clave en ese OCAD, pues entre sus tareas está estructurar, administrar y operar esas millonarias convocatorias públicas, que, luego, presenta a los otros integrantes de ese organismo (gobierno central, gobernadores y universidades) para que sean aprobadas. Luego de que dan su aval, el Minciencias también se encarga del proceso de las evaluaciones de los proyectos y de darles luz verde a las propuestas para que obtengan financiación.
Pero las últimas reuniones que ha convocado el ministerio han caído como un baldado de agua fría a varios representantes de las universidades. “En la última reunión —llevada a cabo la semana pasada— expresamos la preocupación tan grande que hay en todo el ecosistema de investigación”, señala Enrique Vera, rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y uno de los seis representantes de las universidades ante el OCAD. “Hay molestia en la comunidad porque hay convocatorias que ya no van a ser financiadas. Una cantidad de proyectos se van a quedar sin fondos, pese a haber hecho un esfuerzo gigante para tener las propuestas que, además, implican reunir muchos aliados”.
A lo que se refieren tanto Vera como el grupo de vicerrectores que han firmado el comunicado es a que todo parece indicar que varios proyectos de investigación que estaban en el proceso para ganar una de las convocatorias del bienio 2023 y 2024 no van a recibir la plata que esperaban.
“Esta situación significa un descalabro para todo el sistema de ciencia”, sintetiza Fáber Giraldo, vicerrector de investigaciones de la Universidad del Quindío. “Varios proyectos ya estaban en etapas avanzadas y ahora van a tener que empezar todo el proceso de nuevo. Hemos hecho esfuerzos económicos, hemos buscado expertos para elaborar en tiempo récord esos proyectos, hemos sacrificado la vida familiar y ahora quedamos en el limbo”.
“Esta situación significa un descalabro para todo el sistema de ciencia”.
Fáber Giraldo, vicerrector de investigaciones de la Universidad del Quindío.
El caso de esa universidad ilustra lo sucedido. El pasado febrero, el Minciencias les respondió una solicitud en la que pedían respuesta sobre la verificación de los requisitos de un proyecto con el que habían participado en la convocatoria 37 (abierta el 31 de diciembre de 2024). En la U. del Quindío estaban nerviosos porque el plazo para validar esos requisitos vencería el próximo 30 de marzo y el Ministerio no les había contestado.
Fáber Giraldo dice que ya estaban en el listado de elegibles (un paso previo para que los proyectos sean aprobados, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos), “pero lo que nos respondió el Minciencias fue que el proyecto ya no era jurídicamente viable”.
¿El motivo? Como se lee en ese documento, un concepto emitido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) les impedía continuar con la “viabilidad, priorización y aprobación de proyectos provenientes de convocatorias de bienios anteriores” que no se encuentren incorporados en el nuevo plan de convocatorias (las del 2025 y 2026).
En otras palabras, tras ser evaluados, los proyectos de las convocatorias de los años 2023 y 2024 que estaban en la lista de “elegibles”, pero aún no habían sido aprobados para que les desembolsaran los recursos, tendrían que dar un paso al costado.
“Esa decisión afecta a las convocatorias 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 y “represa recursos por casi COP 2,7 billones”.
De acuerdo con el comunicado de los vicerrectores, esa decisión afecta a las convocatorias 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 y “represa recursos por casi COP 2,7 billones”.
Lo otro que les incomoda es que ahora deban pagar los platos rotos, cuando, señalan, “esas convocatorias estuvieron marcadas por múltiples adendas (en promedio 7 por cada una), cambios de cronograma, ajustes reiterados, cambios en las reglas de juego y decisiones tardías y arbitrarias”.
El concepto de la discordia
El pasado 12 de febrero se reunieron nuevamente todos los integrantes del OCAD de Ciencia. Entre ellos, estuvieron Carlos Andrés Amaya, gobernador de Boyacá y representante de los departamentos, y la ministra Yesenia Olaya. Como consta en el acta, hacia el final de la reunión, Carolina Montealegre Castillo, secretaria técnica del OCAD y funcionaria del Minciencias, les informó sobre un concepto que habían recibido del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Había sido emitido el 26 de diciembre de 2025 por parte de la oficina jurídica de esa entidad, en respuesta a una pregunta planteada por Montealegre Castillo sobre el manejo de los recursos de las convocatorias anteriores, como la del 2023 y 2024. En aquel concepto, explicó Montealegre Castillo en el encuentro, “se confirma que los proyectos que iniciaron su trámite y no concluyeron su aprobación en el bienio 2023-2024 deben iniciar nuevamente su trámite en el bienio 2025-2026. Esto implica que los proyectos que actualmente se encuentran en revisión del OCAD, correspondientes a las convocatorias 33, 37 y 43, deben reiniciar el trámite en la vigencia 2025-2026”.
Para explicar de manera más sencilla qué quiso expresar en esas 15 páginas, Frank Olivares Torres, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del DNP, dice lo siguiente en una llamada: además de aclarar cómo opera el sistema presupuestal de las regalías, “lo que dice el concepto es que los recursos que no estén aprobados al 31 de diciembre en el que finaliza ese bienio, pasan automáticamente como disponibilidad del bienio que sigue”. Es decir, que la plata de las convocatorias del bienio 2023 – 2024 que no fue ejecutada pasaría a la tanda de convocatorias del 2025 y del 2026.
Ese documento, agrega Olivares Torres, también señala “expresamente que un proyecto que no se haya logrado aprobar al 31 de diciembre del año en el que finalizó el bienio, no puede ser aprobado cuando ya se puso en marcha el nuevo bienio. Entonces, un proyecto que venía del bienio 2023-2024, pero no finalizó su ciclo presupuestal al 31 de diciembre [del 2024], no se podría aprobar en el nuevo bienio [2025-2026]”.
Pero, ¿es un concepto que, obligatoriamente, tiene que acoger el Ministerio de Ciencias como Secretaría Técnica del OCAD? “No, obligatoriamente, no. Nosotros establecemos márgenes de interpretación, pero no es un concepto vinculante”, responde Olivares Torres.
¿Qué sucede si el Minciencias no acoge ese concepto? ¿Hay alguna consecuencia jurídica? “Técnicamente, no. Pero apartarse del concepto requeriría una explicación un poco más extensiva por parte del Ministerio”, contesta.
Pese a que desde el viernes le insistimos al Minciencias para conversar con ellos, hasta el cierre de esta edición no habíamos logrado respondieran varias inquietudes sobre su decisión y el futuro de esos recursos.
¿Un problema de fondo?
Una de las preguntas que hoy se están haciendo varios investigadores en el sector es cuántos proyectos resultaron afectados por esta decisión, pues nadie tiene claridad de ese número. Tampoco la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), que representa a 98 instituciones de educación superior. Como confirma Elizabeth Bernal, su secretaria académica, pese a que le enviaron un derecho de petición al Minciencias con ese y otros interrogantes hace 20 días, aún no reciben respuesta.
La otra gran duda que tienen y que Ascún también le manifestó al Minciencias en ese documento es ¿por qué esa cartera no optó por el mismo camino elegido por el Ministerio de Ambiente? Según escribieron, el Minambiente enfrentó una situación comparable respecto de los saldos no ejecutados del bienio anterior, pero sí modificó el plan de los años 2025-2026, “para habilitar una convocatoria dirigida a proyectos que habían sido previamente declarados elegibles en convocatorias anteriores”.
Frank Olivares Torres, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del DNP, prefiere no opinar sobre el camino que tomó cada ministerio con la plata que no ejecutó de las convocatorias anteriores, pues indica que es una decisión que está en manos de cada cartera. “La interpretación que se haga a partir del concepto ya es un tema que se escapa de la competencia del DNP”, señala y reitera que las rutas que tomó tanto el Minambiente como el Minciencias son válidas.
Para Ascún, lo que está sucediendo muestra problemas de fondo en torno al papel del ministerio de Yesenia Olaya como Secretaría Técnica del OCAD.
“Desde junio de 2023, la función de Secretaría Técnica, en cabeza de la Ministra de Ciencia Tecnología e Innovación, se delegó en 10 personas del Ministerio, generando alta rotación y pérdida de continuidad”.
ASCUN
Una cifra que le señalaron a la Procuraduría en una carta enviada el pasado diciembre ayuda a entender su desacuerdo: “Desde junio de 2023, la función de Secretaría Técnica, en cabeza de la Ministra de Ciencia Tecnología e Innovación, se delegó en 10 personas del Ministerio, generando alta rotación y pérdida de continuidad”.
Allí también le manifestaban un listado de preocupaciones. “Las IES reportan falta de claridad en la programación de sesiones del OCAD”, “las citaciones se envían con tiempos insuficientes para análisis técnico profundo”, “hay demoras en estructuración de las convocatorias” y eso “trae como consecuencia retrasos en la ejecución del plan bienal, como lo ocurrido para el bienio 2023-2024 en el cual -para entonces- aún hay recursos muy importantes sin ejecutar”.
¿Qué pasará con la plata?
La última reunión de OCAD fue el miércoles 11 de marzo. Aún no han publicado el acta de los detalles de ese encuentro, pero Enrique Vera, rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, no quedó nada conforme con lo que sucedió.
Cuenta que luego de manifestarle nuevamente a la secretaria técnica de OCAD, Carolina Montealegre Castillo, la preocupación que hay en el sector por la posible pérdida del trabajo que han invertido los investigadores en la estructuración de proyectos del bienio 2023-2024, pasaron al siguiente punto: la aprobación de las tres convocatorias que el Minciencias anunció el viernes pasado y que, juntas, suman más de COP 900 mil millones.
Están orientadas a proyectos sobre “energía sostenible”, la “garantía del derecho humano a la alimentación” y la “atención de emergencias climáticas en los territorios”.
Vera dice que los montos que presentó el Minciencias para esas convocatorias lo sorprendieron. A sus ojos, eran muy altos y constituían la evidencia de que ya el Minciencias había incorporado recursos del pasado bienio a las nuevas convocatorias, lo cual, añade, les quitaría dinero a los proyectos del pasado. “Yo creo que se podría haber explorado otra jurisprudencia para que los investigadores no perdieran ese esfuerzo”, agrega.
Aunque no da detalles de los montos, una mirada a las modificaciones del “Plan Bienal 2025 – 2026” da algunas pistas. Mientras que, cuando fue publicado ese plan en octubre, mencionaba la disponibilidad de COP 2,7 billones para siete convocatorias, la última actualización, hecha el 12 de marzo, indicaba que ese monto ahora es de COP 3,7 billones para diez convocatorias. Una de las nuevas que abrió el OCAD es por COP 100 mil millones para el “fortalecimiento de capacidades territoriales en situación de emergencia”, anunciada, oficialmente, el viernes.
A la convocatoria que busca “Garantizar el derecho humano a la alimentación (DHA) y la soberanía alimentaria” también le subieron el monto. Pasó de tener COP 222,4 mil millones a COP 446,5 mil millones. La relacionada con “energía sostenible” pasó de COP 270,9 mil millones a COP 377,6 mil millones”.
Por esos cambios, Vera fue partidario de que el “vértice de universidades” (compuesto por seis representantes) se abstuviera de votar las propuestas, para dejar en claro el desacuerdo. Sin embargo, Ivaldo Torres Chávez, rector de la Universidad de Pamplona y vocero de ese “vértice” ante el OCAD, hizo caso omiso a esa sugerencia y votó.
“Es que no es un secreto que Torres Chávez es cercano al gobierno de Gustavo Petro”, asegura otro alto directivo del sector, que pide mantenerse en el anonimato.
Desde el sábado nos contactamos con su equipo para conocer su versión de lo sucedido, pero al cierre de esta edición no habíamos podido conversar con el rector de la Unipamplona.
Por lo pronto, los vicerrectores e investigadores tienen varias peticiones para el Ministerio de Ciencias. Entre ellas “que adopte una solución institucional clara, excepcional y transparente para los proyectos ya evaluados y elegibles, sin obligarlos a reiniciar desde cero” y “que tome los correctivos internos para que esta improvisación institucional no vuelva a ocurrir”
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Por Sergio Silva Numa
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