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Después de 10 años de vacíos y tropiezos en la investigación por el mayor escándalo de corrupción de la última década, la Fiscalía estaría avanzando en una línea de investigación que es, para muchos, una de las deudas más hondas de la justicia. Se trata del expediente contra cuatro altos directivos de Odebrecht, la multinacional brasileña que entre 2009 y 2014 repartió sobornos a funcionarios del gobierno colombiano y a congresistas para que beneficiaran a la empresa con megacontratos de infraestructura vial.
El Espectador conoció que el ente investigador avanza en un principio de oportunidad con Luiz Bueno, representante de Odebrecht en Colombia; Eleuberto Martorelli, director de la empresa para América Latina; y Milton Hideaki Sendai y Manuel Cabral Ximenes, antiguos responsables de la Ruta del Sol 2, uno de los principales proyectos que lideraba Odebrecht en Colombia.
Justamente, por este billonario contrato, que conecta al centro del país con la región Caribe, es que la Fiscalía tiene sus ojos puestos en los brasileños. Incluso, se trata de un asunto pendiente desde la administración de Francisco Barbosa en la Fiscalía General, ya que en agosto de 2023 el ente investigador anunció que les imputaría los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Sin embargo, esa audiencia nunca se adelantó.
Ese mecanismo de negociación, el principio de oportunidad, está contemplado en el sistema penal colombiano y consiste en que la Fiscalía (con la previa aprobación de un juez) puede suspender o renunciar a la acción penal contra una persona investigada a cambio de que colabore con la justicia.
De acuerdo con la información aportada por la Fiscalía, desde el 15 de agosto de 2025 los abogados de los directivos de Odebrecht “han solicitado que se revisen las condiciones en las que resulte viable la eventual concesión de un principio de oportunidad en su favor; circunstancia que ha determinado la interacción periódica con dichos apoderados judiciales a fin de identificar los eventuales hechos que deberían incorporarse en una matriz de colaboración, a partir de la cual se pueda proceder a una posible imputación de cargos y/o a la concreción de un principio de oportunidad, en la modalidad que la colaboración eficaz así lo aconseje”, dice el documento de la Fiscalía General.
Sin embargo, en la respuesta al derecho de petición, la Fiscalía no cierra la posibilidad de imputarles cargos si el principio de oportunidad no llega a buen puerto: “Sin perjuicio de que la entidad, en el entretanto, continúe con sus esfuerzos y responsabilidades para fortalecer probatoriamente sus indagaciones e intensificar las pesquisas orientadas al esclarecimiento de los distintos delitos que tuvieron ocurrencia en el contexto de tan grave entramado criminal. Ello significa que, en todo caso, de fracasar los acercamientos y negociaciones con los ciudadanos brasileños, los cuales deberán adelantarse en un tiempo razonable, la Fiscalía actuará acorde con los desarrollos investigativos, en virtud de sus responsabilidades legales e institucionales”.
El fiscal Mejía también señaló que “no existe registro” de que la administración de Francisco Barbosa haya solicitado audiencia de imputación de cargos contra los brasileños mencionados. Sin embargo, agregó que durante los últimos dos años (lo que lleva la administración de Luz Adriana Camargo) han recabado información clave para sus investigaciones.
“Con el apoyo fundamental de la cooperación internacional, las investigaciones de la Fiscalía en el caso Odebrecht por primera vez han podido contar con registros bancarios y/o financieros asociados con los distintos pagos corruptos que realizó la multinacional en Colombia e identificar personas naturales y jurídicas que en dicha ruta del dinero intervinieron; insumos de superlativa importancia probatoria al momento de atribuir responsabilidades”, señaló el coordinador de fiscales del caso Odebrecht.
¿Por qué la Fiscalía los investiga?
En noviembre de 2023, cuando el ente investigador anunció la imputación, señaló que su línea de investigación contra los exdirectivos de Odebrecht se basaba en un asunto que era más que conocido desde 2017, cuando estalló el escándalo de los sobornos: que la sede de Odebrecht en Brasil creó el Departamento de Operaciones Estructuradas, el cual se dedicó a repartir en distintos niveles los sobornos con los que lograban adueñarse de grandes proyectos de infraestructura y financiar campañas políticas en Colombia y Latinoamérica.
Según el ente investigador, en el caso colombiano el dinero se movió a través de las compañías Kleinfeld Services Limited e Intercorp Logistics Ltd., empresas de Odebrecht ubicadas en paraísos fiscales.
Estas dos compañías también aparecieron en los expedientes de las autoridades de Latinoamérica que investigaron a la multinacional. Por ejemplo, la Fiscalía ecuatoriana determinó que a través de Kleinfeld, aparentemente, se movió un soborno de US$1 millón a un ministro de Rafael Correa. Incluso, un directivo brasileño que declaró ante el ente investigador del vecino país indicó que esta firma, constituida en Antigua y Barbuda, también movió coimas en Perú y Panamá.
Una investigación del portal periodístico IDL Reporteros señaló que Intercorp Logistics, también constituida en Antigua y Barbuda, movió US$500.000 para sobornar a funcionarios corruptos de Petrobras, la petrolera estatal brasileña.
En medio de este laberinto judicial del caso Odebrecht, Bueno, Sendai y Cabral han sido mencionados como los directivos que estuvieron detrás del soborno de US$6,5 millones que recibió el exviceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales, quien habría torcido el contrato de la Ruta del Sol 2 a favor de la multinacional brasileña.
Este diario se contactó con el abogado Jaime Granados, quien representa a Martorelli, Bueno y Sendai. Sin embargo, solo atinó a decir: “¡Sin comentarios!”.
El expediente contra los exdirectivos de Odebrecht es apenas uno de los pendientes que tiene la Fiscalía en el caso de la corrupta multinacional, el cual lleva cerca de diez años sin esclarecer plenamente a otros posibles implicados en el escándalo de corrupción más grande del país en su historia reciente. Parte de esa verdad podría estar en la información que entreguen los brasileños a la Fiscalía General colombiana en su negociación.
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Por David Escobar Moreno
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