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Son incontables los hechos de corrupción que han sucedido en el país en las últimas cuatro décadas. Aunque la lista es muy larga, es importante mencionar algunos de los casos más graves para que se entienda la magnitud del problema y que los ciudadanos comiencen a reaccionar frente a este flagelo. Por ejemplo, la narcopolítica y su hermana, la parapolítica; el Proceso 8.000; Dragacol; la yidispolítica; Reficar; el Cartel de la Toga; Centros Poblados; y el más reciente, la Unidad de Gestión del Riesgo. Ningún gobierno, como tampoco las cortes, los órganos de control, el Congreso y los partidos políticos, pueden afirmar que han sido ajenos a esta, y en todos estos casos han participado personas y entidades del sector público y privado y en muchos también personas naturales. Todo esto a costa de las finanzas públicas y por ende del bienestar de los ciudadanos.
Por supuesto, esto no significa que todos los políticos, gobernantes, jueces, magistrados, congresistas y empresarios sean corruptos. Lejos de ser así. Y tampoco que no se haya hecho nada para combatirla. El problema es que muchos prometen que la van a combatir, pero las promesas no se cumplen. Nombramientos para pagar favores políticos o para garantizar apoyo incondicional a los proyectos del gobierno son prácticas que induce a cometer este delito. Esto afecta la legitimidad y credibilidad de las instituciones.
Otra de las características de la corrupción es que trasciende las fronteras, lo cual no solo dificulta aún más combatirla, sino que la convierte en un negocio transnacional de incalculables proporciones. Por esto es incomprensible la reciente decisión del presidente Gustavo Petro de concederle asilo al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, con el argumento que se trata de un perseguido político. No presidente: él es una persona que ha sido condenada por la justicia panameña de varios delitos de corrupción. Esto no solo constituye un irrespeto al sistema judicial y a la separación de poderes del vecino país, sino que viola tratados internacionales como los convenios de asilo político de Caracas y Montevideo, de los cuales los dos países son signatarios. Ninguno permite que personas condenadas en firme por delitos comunes, blanqueo de capitales asociado, desfalco o corrupción sean declarados perseguidos políticos.
Al respecto, Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de transparencia internacional, afirmó lo siguiente. “Que el presidente Petro decida que Matinelli es un perseguido político es darle la bendición a lo peor de lo que nos ha pasado”.
Como también llama la atención el nombramiento como ministro Delegatario a Armando Benedetti mientras el jefe de Estado regresa de su viaje a China. Si bien esta información estuvo apenas unas pocas horas en la página de la Presidencia, la intención era esa. El ministro no ha sido condenado, pero tiene en curso varias investigaciones por presunta corrupción.
Combatir la corrupción no puede quedarse en discursos. Requiere de acciones firmes, respeto a las decisiones judiciales y protección de quienes imparten justicia y a los denunciantes. Y no acusar ni estigmatizarlos, acusándolos de conspiradores y de promover golpes blandos.
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