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El Tribunal Superior de Cartagena acaba de emitir un fallo en contra de una de las personalidades y políticos claves del departamento del Cesar a finales de los años ochenta y noventa. La Sala Especializada de Restitución de Tierras de esta instancia judicial emitió hace unas semanas un fallo en el que negó a Orlando Velásquez García su intención de recuperar la finca El Venado, de 175 hectáreas y ubicada en Manaure (Cesar). Según su testimonio ante las autoridades, le fue arrebatada en 1991 por campesinos que habrían sido organizados por la guerrilla de Eln. Sin embargo, para el juez del caso esa afirmación, y otras de Velásquez, no son reales.
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El Tribunal señaló que, aunque Velásquez García es víctima del conflicto, los hechos que narró, básicamente, no coinciden cronológicamente. Pero para entender esta decisión judicial es clave saber lo que representa Velásquez en la vida pública del Cesar, específicamente en Valledupar. Aunque es de origen barranquillero, Velásquez García lleva seis décadas viviendo en la capital del departamento, destacando por su labor de político y reputado médico. Pero también por ser fundador del Festival de la Leyenda Vallenata junto al expresidente Alfonso López Michelsen, el compositor Rafael Escalona y la exministra de Cultura Consuelo Araujo, secuestrada y asesinada por las Farc en 2001.
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El caso
El fallo de 71 páginas recoge la denuncia de Velásquez García, quien señala que compró esa finca en los años setenta y que posteriormente, en 1989, transfirió el inmueble a una familiar. “No obstante, el reclamante quedó ejerciendo la posesión sobre los fundos, puesto que la transferencia de los bienes, se trató de una mera apariencia jurídica para ocultarlos de la masa conyugal, puesto que se encontraba enfrentando un proceso de divorcio”, dice el fallo. Además, Velásquez señaló que en esos años el Eln y el frente 41 de las Farc, al mando de Iván Márquez (Hoy prófugo de la justicia), empezaron a extorsionar a los habitantes de Manaure, territorios en el piedemonte de la Serranía del Perijá, en el cual nació el Eln.
Dos años después de esa transferencia inmobiliaria, en julio de 1991, Orlando Velásquez García fue secuestrado en la finca El Venado por el Eln, quienes se comunicaron con la cabeza de las Farc en el departamento, Juvenal Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, con el fin de “hacer un canje por su secuestro, pero este jefe guerrillero al enterarse que se trataba de Velásquez García, les manifestó que debían soltarlo, debido a que era una persona de bien de la ciudad de Valledupar, que no tenía problemas con nadie, motivo por el cual fue liberado a los tres días”, señala el fallo del Tribunal de Cartagena conocido por este diario.
Posterior al secuestro, Velásquez dice que regresó al predio y se encontró con que el mismo estaba invadido por personas desconocidas, las cuales habían ingresado por orden del Eln, y que le habían robado más de 100 cabezas de ganado. Luego de abandonar la finca, el médico Velásquez comenzó a recibir visitas en su consultorio de integrantes del grupo guerrillero para exigirles el pago de vacunas, a amenazarlo de muerte. Pero dijo ante las autoridades que nunca accedió a las peticiones del grupo criminal. Velásquez García, que fue alcalde de Manaure y secretario de Gobierno de Cesar en los años ochenta, le dijo a la justicia que por estas amenazas tuvo que salir del país en diciembre de 1992.
Sin embargo, para las dos magistradas de la Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena esta narración de los hechos no coincide con lo que algunas pruebas aportadas al expediente reflejan. Por ejemplo, hay evidencias de que mientras estuvo en Estados Unidos mantuvo contratos de arrendamiento con los campesinos que ocuparon la finca el Venado. Incluso hay registros de que, a principios de este siglo, Velásquez García también hacía posesión material de dos parcelas de la enorme finca, que para hacerse una idea, representa cerca de 120 canchas de fútbol profesional.
Incluso, la Sala dice que Velásquez García, en abril de 2006, pagó voluntariamente una hipoteca que había sobre el predio. Lo cierto es que para el Tribunal Superior de Cartagena este tipo de acciones, (la suscripción de contratos de arriendo con los campesinos, la asistencia a reuniones en la Alcaldía y con las familias que se encontraba en la parcela, las peticiones que radicó con el Incora para venderle la tierra) indican que este “no ostentó una actitud propia de quien es despojado de por la violencia”, pues siguió ejecutando acciones ante las autoridades sobre su inmueble, la finca El Venado.
“El señor Orlando Velásquez García, si bien es víctima de la violencia, como quiera que este fue secuestrado por tres días, como lo reconocieron varios de los declarantes, y por la presencia de grupos armados, lo cierto es que no se tiene claridad de la fecha exacta en que tal suceso ocurrió (…) no hay prueba de que esta hubiera sido provocada por la militancia de los campesinos en el Eln, o algún otro grupo armado al margen de Ley; y si ello ocurrió después, tampoco hay prueba, ni indicios de que se hubiera realizado bajo situaciones de fuerza o de la violencia”, puntualizó el fallo del Tribunal de Cartagena.
Es decir que, aunque García Velásquez diga que fue sacado de estas tierras violentamente, los contratos que mantuvo con el campesinado demuestra que su declaración ante las autoridades no fue del todo transparente y que estos ocupantes son legales y no tuvieron relaciones con grupos guerrilleros.
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Por David Escobar Moreno
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