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Si tuviésemos que calcular la escala del problema que hoy enfrenta el Sisbén, la comparación más precisa sería Cúcuta. Las inconsistencias que presenta ese sistema, donde se clasifica a los ciudadanos que deben beneficiarse de los programas sociales y subsidios del Gobierno, son tan numerosas como la población de esa ciudad. Es decir: hay 653.000 casos falsos que están entorpeciendo la ayuda que necesitan recibir 34 millones de habitantes. Y un buen porcentaje de ellos son “vivos” que han estado colándose a punta de mentiras.
La cifra la dio a conocer ayer Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Luego de hacer una revisión del programa y de cruzar sus registros con otras bases de datos, la entidad que dirige se percató de que estaba sucediendo algo muy grave. Muchas personas estaban haciendo fila para obtener subsidios de programas como Ser Pilo Paga o Familias en Acción sin merecerlo.
Un caso preocupante es el número de personas fallecidas que encontraron en las listas del Sisbén: 457.000. Eso quiere decir que durante un buen tiempo los colombianos han estado pagándole la salud (el régimen subsidiado) de medio millón de fantasmas, lo que equivaldría, según cálculos de Gaviria, a $364.000 millones.
Las razones de esta situación son diversas, pero hay dos a las cuales hay que prestarles atención: o bien los familiares no los reportan cuando mueren, o bien los alcaldes no están haciendo con juicio la tarea de revisar y actualizar las bases de datos.
“Les hacemos un llamado para que revisen cada uno de esos casos. No es la primera vez que se los advertimos”, dijo Gaviria.
Y para tratar de frenar este problema, la Defensoría empezará a vigilar más de cerca los municipios con graves inconsistencias. “Mi propuesta es que traslademos este problema a la comisión anticorrupción que conforman el vicefiscal, el viceprocurador y el vicecontralor”, señaló Jorge Otálora, cabeza de esa entidad.
De acuerdo al número de casos, Bogotá es la ciudad que lidera la lista de personas fallecidas, con 53.338, seguida por Cali, con 26.345; Cartagena, con 10.279, y Cúcuta, con 9.966.
Sin embargo, este inconveniente es sólo una de las grietas del Sisbén. Hay otras más. Por ejemplo, unas 83.000 personas con un salario superior a $3,8 millones están reclamando las ayudas y otras 2.500 mienten sobre sus ganancias pues tienen un sueldo superior a los $6,4 millones. En el primer caso, preocupa la situación de La Jagua de Iribico (Cesar), con 1.352 “vivos”; el de Castilla la Nueva (Meta), con 448, y el de Becerril (Cesar), con 614.
Pero, además, son varios los que se inventan otras estrategias para quedar con bajo puntaje en el sistema y acceder a más ayudas. Una de las más frecuentes es que, a la hora de ser encuestados, mienten sobre su nivel educativo o arriendan un apartamento en peores condiciones que el propio. Esa práctica es usual en Cúcuta, con 3.601 casos; San Pelayo (Córdoba), con 3.232, y Barranquilla, con 3.024.
¿Qué hacer? Aunque en el momento el DNP no cuenta con herramientas jurídicas para poner tatequieto al problema, su director está de acuerdo en que hay que hacer una completa reforma que comprenda el análisis de más bases de datos y la creación de mecanismos legales para sancionar a quienes están aprovechándose. Pese a que no se sabe cuándo se creará, es posible que en los primeros meses de 2016 ya se hable de una nueva reglamentación.