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Último jueves de marzo y primer viernes de abril de 2022. Dos casos distintos en las formas, pero iguales en el fondo, muestran la vulnerabilidad de los menores de edad, en las instituciones educativas del Distrito.
El jueves, una adolescente de 14 años fue trasladada al Hospital de Meissen, tras ser agredida físicamente por varias de sus compañeras, a las afueras de un colegio, en la localidad Rafael Uribe Uribe. El viernes, un juez envió a la cárcel preventivamente a un profesor de educación física, imputado por abusar sexualmente de un niño de cinco años, en un colegio en la localidad Bosa.
Son casos que, aunque se han evidenciado con fuerza este año en la capital, han sido constantes en los últimos cinco años en los colegios distritales y a los que debe brindárseles atención, para cortar la cadena de naturalización y silencio que propicia que sean sistemáticos.
Así lo evidencian las cifras que la Secretaría de Educación entregó a El Espectador sobre los procesos disciplinarios activos por violencia sexual contra menores. De los 163 casos activos desde 2017, el pico más alto se presentó en 2019, con 59 procesos, seguido por 2021 con 48 y 2020 con 24, con la particularidad de que en ese año escolar los menores solo estuvieron dos meses en las aulas. Las localidades con más casos están en el sur y suroccidente de Bogotá: Kennedy, con 30; Ciudad Bolívar, con 15; Bosa, con 14 y San Cristóbal, con 13.
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Dos expertos en educación y psiquiatría infantil, consultados por este diario, hablaron de las causas por las cuales estas denuncias se han conocido -al menos mediáticamente-, en un efecto “bola de nieve” en 2022, año que marcó el regreso total a la presencialidad, tras casi dos años de virtualidad y alternancia durante la pandemia. Además, cuáles son los riesgos fuera de los colegios y cómo debe enfrentarse ese fenómeno que queda fuera del alcance de las autoridades educativas y de las directivas de los colegios.
Fuera de los colegios, entorno peligroso para los menores
De acuerdo con las cifras del Sistema de Alertas entregadas por la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Educación, la calle y la vía pública son los lugares, después del colegio (con 1.633 denuncias) y los hogares (con 4.182), donde más casos de violencia sexual se pusieron en conocimiento con 349. Y 2019 fue el año en el que más casos se conocieron, con 137.
Estos datos reflejan lo dicho por la psiquiatra infantil y de adolescencia, Olga Albornoz, quien afirma que “los perversos han existido, existen y existirán siempre y, obviamente ellos, con su perversión, van a localizarse donde abunden más niños”, como las cercanías a las instituciones educativas, las comunidades religiosas o los boyscouts.
Por otro lado, el doctor en Educación y docente del Distrito, Juan Carlos Jaime, señaló que las problemáticas de convivencia en los entornos escolares están disparadas, debido a que “realidades externas se están expresando en los colegios”, como la exposición al entretenimiento en la televisión y el internet, durante las cuarentenas, lo cual “generó en ellos unas adicciones y una sexualización de la publicidad, la música y los videos”.
¿Qué hacer?
Al contacto con las secretarías de Educación y de Seguridad, para conocer los programas que propenden por la seguridad integral de los menores de edad en los colegios y alrededores, estas instituciones mencionaron el programa interinstitucional “Entornos Educativos Protectores y Confiables”, que se empezó a implementar en julio de 2021 e integra a los centros educativos, padres de familia y vecinos de esos espacios, para identificar factores de riesgo y encontrar estrategias para mitigarlos.
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No obstante, Olga Albornoz va más allá y sugiere más alternativas de cuidado de los menores fuera de los colegios, como en los casos en los que los padres de familia o cuidadores no puedan estar con sus hijos después de clases. “En la pandemia, como los niños estaban en casa, se nos olvidó el sistema de protección” y que “el mayor abuso a los menores se da por familiares o cercanos. Por eso debería haber sitios donde dejar los niños y no donde la familia extensa. El Estado debe darle el plan B a los padres y eso sí lo debe subsidiar”.
Así mismo, tanto ella como Juan Carlos Jaime hablaron de la preparación y selección de los profesores en los colegios, en cuanto a su formación para minimizar la problemática convivencial y en los filtros sobre salud mental, que se le deben aplicar a los docentes antes de ingresar a un planten educativo.
¿Qué aprender de las denuncias?
Sin duda, el mensaje que han dejado las denuncias y hasta protestas en rechazo a los casos de abuso y acoso en los colegios de Bogotá, es el de romper la cadena de silencio cómplice; de desnaturalizar prácticas de acoso, y de señalar conductas que quedan ocultas. Por ello, no es que solo estén presentándose estos casos en los colegios, sino que son develadas públicamente con más ahínco que antes.
Así lo señala la psiquiatra Albornoz, dado que “la pandemia no hizo nacer más perversos. Lo que pasa es que los menores, al estar encerrados, el acercamiento tan íntimo de un extraño, ahora les parece raro y lo están hablando más”.
O como lo dijo el doctor Jaime, “el movimiento feminista ha generado un aporte al desnaturalizar una serie de prácticas patriarcales, que se dan en los colegios. Esto desencadenó que hoy la niñez no se queda callada y denuncia. Ha sido un aporte para desnaturalizar esas situaciones, como que no es normal decirle a una niña o una joven una frase insinuante”.
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