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Un minuto de silencio por buena parte de nuestra historia nacional que estuvo plagada de actos violentos, donde quienes participaban políticamente fueron eliminados. Las balas silenciaron el partido Unión Patriótica, defensores de derechos humanos, movimientos sociales y, si bien gran parte de esas muertes las puso la izquierda; la derecha tampoco salió invicta. El papel del Estado en esos momentos cuando debía garantizar unas condiciones de seguridad integral fue de ausencia y complicidad. Ahora, en el momento más álgido de las campañas electorales, están sobre la mesa, de nuevo, unos requerimientos de seguridad.
En el 2016, el presidente Santos reconoció, en un acto público, la responsabilidad del Estado en la masacre de la Unión Patriótica y aseguró que existirían unas garantías de no repetición consignadas en el Acuerdo Final. En el punto de participación política aparece el apartado de “Garantías de seguridad para el ejercicio de la política”, el cual, a grandes rasgos, plantea la creación de un Sistema Integral de Seguridad que busca articular la protección y promoción de la persona con la libertad de pensamiento y omisión, entre otras “inspiraciones” del Gobierno; pues consigna el Acuerdo que: “la seguridad entendida como valor democrático debe inspirar la actuación del estado”.
En mayo del año pasado el Decreto Ley 895 de 2017 promulga la creación del Sistema Integral de Seguridad. A finales de agosto, la Corte Constitucional avaló el decreto por considerar que se ajustaba a la Constitución. Dentro de los parámetros del decreto se plantean la creación de alertas tempranas y preventivas de seguridad, pese a ello estas últimas semanas hemos presenciado agresiones, atentados, sevicia y abucheos contra quienes participan del ejercicio electoral. Por cuenta de eso, el partido FARC tomó la decisión de suspender su campaña temporalmente, mientras encuentran condiciones de seguridad. Frente al panorama con los líderes sociales y defensores de derechos humanos, varios de quienes incursionan en política están amenazados, Pacifista advierte: “si lanzarse a un cargo público en Colombia representa un riesgo, hacerlo siendo un líder social lo multiplica”. Y, finalmente, candidatos del Centro Democrático fueron agredidos, la más reciente corresponde a José Jaime Uscátegui en su sede de campaña.
Frente a estos actos, hay dos lecturas: la primera compete a la recepción entre los propios candidatos. Iván Duque y Germán Vargas Lleras justificaron la agresión al partido FARC con apreciaciones como: “los colombianos tienen derecho a protestar” y “no pueden esperar que lo reciban con aplausos”. Con lo cual abren la puerta a la violencia, las agresiones no son un acto de protesta legítimo. Hay que garantizar la seguridad a todos, antes de entrar en esa abominable lógica de que si es el adversario es válido el acto violento.
La segunda lectura corresponde a las vagas declaraciones del presidente Santos, quien invitó en Twitter a un “pacto de no agresión”, ignorando que por décadas la política no se hizo con la palabra en aras de generar un debate, sino a través de las armas y la eliminación de los candidatos. Entonces, presidente, esto va mucho más allá de invitar a la tolerancia, que si bien es necesaria, no garantiza de forma integral unas condiciones de seguridad.
Cabe mencionar que por primera vez, el lunes pasado, la Comisión de Alto Nivel de Garantías de Seguridad se reunió en la Casa de Nariño, para discutir sobre las medidas que tomará el Gobierno. Ojalá, por fin, participar políticamente en Colombia deje de ser una actividad de alto riesgo.
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