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No es equivocado decir que la cancha entre conductores de plataformas tipo Uber y taxis se encuentra desnivelada. Como lo explica José Daniel López, quien es el director ejecutivo de Alianza In, hay asimetrías que perjudican a unos y otros.
Por ejemplo, los taxistas concentran una serie de requisitos formales (como lo es el tema del cupo, la obtención de una licencia de conducción especial y tener al día el conocido tarjetón, entre otros impuestos y costos adicionales) que a la fecha no cumplen quienes laboran con un vehículo particular.
De igual forma (sin decir con esto que la asimetría sea proporcional), quienes trabajan en aplicaciones tipo Uber no gozan de ciertos beneficios como lo es el subsidio al combustible, excepción al pico y placa, tarifas diferenciales en el impuesto al rodamiento, y el frecuente temor a las sanciones que les puedan imponer las autoridades de tránsito tanto distritales como municipales.
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Lo cierto es que la discusión alrededor de si se legaliza y regula el transporte público prestado desde una aplicación en un vehículo particular lleva una década en el país. Es tan antigua como la misma llegada de Uber a Colombia, en el año 2013.
Desde entonces, parte del debate sobre la operación de esta y otras plataformas como DiDi, Picap y Beat (que salió recientemente del mercado colombiano), han girado en calificarlas como ilegales que afectan al gremio de los taxistas. Lo cierto es que la normativa que gira alrededor de este negocio está desde el año 1996 y, como suele pasar, las innovaciones tecnológicas se incorporan a la sociedad más rápido que la ley, de allí que hoy muchas operen bajo grises legales como lo es la figura del arrendamiento de vehículos (que es la que comenzó a usar Uber tras su retorno al país en 2020).
Quienes defienden a las plataformas argumentan que han demostrado ser un acertado mecanismo para la generación de empleo (se estima que más de 100.000 personas trabajan estas), amén de responder a la demanda de movilidad que tienen ciudades como Bogotá y ofrecer más alternativas a los consumidores, lo que se traduce en una competencia de mercado que se autorregula con precio, oferta y calidad en el servicio.
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Todos estos puntos se han tenido en cuenta en los últimos años. De hecho, en diversas ocasiones se han presentado proyectos de ley en el Congreso que han buscado reglamentarla, buscando nivelar la cancha entre unos y otros, para lo que incluso se tuvo en cuenta los argumentos de los taxistas. Uno tras otro, cada esfuerzo en esta materia ha sido infructuoso, presuntamente porque compromete los intereses de algunos sectores del taxismo, quienes han ejercido presión para que estas iniciativas se hundan en el debate legislativo.
El resultado ha sido un panorama que cada vez pinta peor, con movilizaciones y demás actos de protesta (tanto de conductores de plataformas como de taxistas) en los que se exige que en Colombia se aclare de una vez por todas esta situación.
¿Está sí es la vencida?
En el Gobierno de Gustavo Petro el ministro de Transporte, Francisco Reyes, ha demostrado tener el interés de presentar una propuesta al Congreso para que se debata, una vez más, la conveniencia para el país de que se regulen estas aplicaciones, teniendo en cuenta y respetando los intereses legítimos que ha manifestado el gremio de los taxistas.
En unas declaraciones dadas recientemente, el ministro afirmó que para su cartera es importante el taxismo en el país, pero que son más importantes los ciudadanos que necesitan desplazarse. De allí que el espíritu de esta propuesta, y la discusión que se espera dar en el Congreso, es que analice la oferta y la demanda de estos servicios en Colombia, los pros y los contras de quienes lo ofrecen y, con base en esas variables, se determine si es necesaria o no la regulación, amén de cómo debería darse en favor de los ciudadanos y los trabajadores que dependen de esta actividad económica.
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Reyes precisó que desde el 28 de febrero, siempre y cuando haya la disposición de diálogo, se adelantarán reuniones en Pasto, Armenia, Cali, Medellín, Montería, Barranquilla y Bucaramanga en torno a este tema, y con los actores inmersos en este rubro de la economía, por lo que se conformará una mesa nacional de conclusiones y adopción de protocolos y acuerdos en la que tendrán asiento representantes del taxismo, aplicaciones de movilidad, usuarios y jefes de la cartera de Transporte, Trabajo, TIC, Ciencia Tecnología e Innovación.
“Durante la primera semana de abril socializaremos el texto que trabajaremos para llevarlo al Congreso”, precisó Reyes.
También hay que tener en cuenta que desde el Ministerio de Trabajo y el de las TIC se ha buscado avanzar en la regulación de estos trabajos, por lo que se espera que iniciativas acordes a la regulación de las plataformas sean incluidas en el articulado de la reforma laboral.
Para el director de Alianza In, este año tiene más probabilidades de que la discusión salga a flote y avance en el Congreso, principalmente por dos razones. La primera: es la primera vez que esta iniciativa se impulsa desde el Gobierno Nacional y, la segunda: este es un Congreso nuevo. “La sensatez siempre debe encontrar un camino y futuro”, es la frase con la que concluyó el directivo su entrevista con este medio.
En la tarde del miércoles, tras los intentos de protesta en diversas ciudades del país, algunos sectores del taxismo se reunieron con el ministro de Transporte, precisamente para avanzar en la discusión sobre este tema. Sin embargo, desde la cartera se ha hecho énfasis en que si bien se puede construir una propuesta conjunta, no es en una mesa en donde se toma la última decisión en esta materia, sino en el Congreso de la República.
También se ha hecho un llamado a que se tenga en cuenta que el Gobierno siempre ha mostrado una voluntad de diálogo, e incluso ha propuesto espacios para que se den los mismos. Es por esta razón que Reyes solicita a que no se acuda a la protesta o al bloqueo de vías como mecanismos para manifestar sus desacuerdos.
En 2023 las plataformas de movilidad son una realidad que, bien o mal, han demostrado coexistir con el gremio de los taxistas en Colombia. Si se logra avanzar en una regulación este año, se podría fin a una discusión que se acerca a cumplir los diez años, y que podría potenciar un sector de la economía que no solo es protagónico, sino que impulsaría la visión de gobierno de potenciar el turismo, pues si se necesitará más alternativas que atiendan la demanda de movilidad, sobre todo en las principales ciudades del país.
Obviamente, habrá que tener en cuenta factores como la seguridad de los vehículos que prestarán el servicio, la idoneidad de sus conductores, mecanismos que impidan que un eventual aumento del parque automotor termine por inundar las calles y que se reconozca los derechos que tienen los trabajadores de este rubro de la economía. En suma, se avecinan una serie de retos legislativos para Colombia.
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