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“¿A dónde me llevan?”. Fue todo lo que José Miguel Vivanco, el director para América de la ONG Human Rights Watch (HRW), pudo decirle al militar que le comunicó su expulsión de Venezuela. Horas atrás, Vivanco había presentado en Caracas un informe en el que criticaba las garantías constitucionales de ese país.
“De manera abusiva y grosera, el señor Vivanco presentó una rueda de prensa donde vilipendió las instituciones de la democracia venezolana”, le dijo el canciller Nicolás Maduro a la Agencia Bolivariana de Prensa, justificando la salida inmediata del funcionario chileno, quien en esos momentos abordaba un avión de la aerolínea brasileña Varig con rumbo a São Paulo.
En el mismo vuelo iba Daniel Wilkinson, subdirector de HRW, también expulsado por el gobierno que preside Hugo Chávez.
La salida de ambos representantes de los derechos humanos se oficializó en un comunicado de la Cancillería: “Es política del Estado venezolano, apegado a los valores de la más avanzada y democrática constitución que haya tenido nuestro país en su historia, hacer respetar la soberanía nacional y garantizarle a las instituciones y al pueblo su defensa frente a agresiones de factores internacionales”.
La misiva acusa a intereses estadounidenses de estar detrás de las críticas a la democracia de Venezuela. “Tras el ropaje de defensores de los derechos humanos, despliegan una estrategia de agresión inaceptable para nuestro pueblo”, concluye la nota.
En el informe presentado en Caracas, HRW acusa al gobierno Chávez de prohibir la promoción civil de los derechos humanos, limitar las garantías constitucionales y copar el Poder Judicial para acusar a su oposición política.
El jueves, en diálogo con El Espectador, Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional, pronosticó la respuesta del gobierno: “Acusarán a los promotores del informe de ser agentes de la CIA”.
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