Otra denuncia internacional

En primer lugar, por la cantidad y magnitud de los hechos denunciados en los últimos años. En segundo, porque el Gobierno ha elevado el asunto a una altísima prioridad. De hecho, el programa de protección de los Derechos Humanos ocupa una alta prioridad en la Fuerza Pública, y se supone que los efectivos uniformados son portadores de una consigna explícita de ser respetuosos con esos derechos.

Sin embargo, lo que hace unos años era una Consejería Presidencial, que respondía de manera directa al Presidente de la República, hoy es una dependencia orgánica de la Vicepresidencia, es decir, al menos en el plano de la organización del Estado ha habido un descenso, lo que contrasta con la retórica acerca de la permanente preocupación presidencial por el asunto.

En tercer lugar, recientemente se han presentado situaciones que, combinadas, dibujan un panorama muy grave: los llamados falsos positivos, sobre los que se ha dado mucha información y se ha originado un debate que ha tenido hondas repercusiones en el plano internacional; las chuzadas del DAS, que si bien no son un crimen de lesa humanidad, como lo sostiene Gustavo Petro, sí son una intolerable violación de Derechos Humanos; el traslado intempestivo, por parte del director de la Justicia Penal Militar de investigadores luego de que la anterior directora de la rama saliera del cargo; la retórica sobre la reducción del fenómeno de las violaciones a la acción de unas cuantas “manzanas podridas”; la continuidad del desamparo en que se encuentran poblaciones enteras amenazadas por las varias organizaciones criminales; la insistencia en estimular las delaciones mediante jugosas recompensas que inclusive premian asesinatos aleves (recordemos al guerrillero Rojas y la muerte y desmembración del cadáver de Iván Ríos). Esta última práctica evoca la vieja consigna del Medio Oeste de Estados Unidos, cuando las autoridades ofrecían recompensas a quienes entregaran delincuentes “vivos o muertos”.

Los antecedentes y la situación actual, pues, no es buena, y no es aceptable para una opinión pública preocupada por el asunto, que la máxima autoridad del país permanezca en silencio, o que sólo se exprese cuando un tratado de libre comercio está en peligro. Esa opinión pública no puede aceptar que este tema crucial se diluya en medio de las preocupaciones por una eventual reelección presidencial.

Lo que está en juego es mucho más que una reelección, pero si el presidente Uribe realmente quiere continuar en el poder, o al menos garantizar que su sucesor prolongue sus políticas, debe, como mínimo, reivindicar como de altísima prioridad la defensa y protección de los Derechos Humanos, ir más allá de las declaraciones y exculpaciones y mostrar, con acciones contundentes, que sí cree de verdad que su política de seguridad debe ser democrática.