Líos con el vecino

(i) Al igual que la dirigencia de las Farc en su momento, se sabe que buena parte de los jefes del Eln se refugia en Venezuela, opera desde ese país y allí recibe la interesada y cómplice protección del gobierno chavista. Como se han disipado las posibilidades de que avance un proceso de paz con este grupo guerrillero, puesto que es evidente que continúa su esfuerzo por copar los espacios abandonados por las Farc y ha incrementado sus actividades terroristas, apoyadas en el secuestro y, sobre todo, en el tráfico de droga a gran escala, el próximo gobierno de Colombia, cualquiera que sea, tendrá que hacerle frente y, necesariamente, asumir posturas firmes frente a sus protectores y socios en el otro lado de la frontera.

(ii) El venezolano se reconoce internacionalmente como un narco-Estado, en el cual numerosos miembros del Gobierno y de sus fuerzas militares están involucrados en el tráfico de cocaína, en alianza con los carteles de Colombia y México. Dada esta realidad, si Colombia mantiene su decisión de enfrentar este tráfico ilícito, tal como se lo indican sus propios intereses y sus compromisos internacionales, inevitablemente se mantendrá otro ámbito de dificultades y tensiones con el gobierno del país vecino.

(iii) Hasta el momento Colombia hace parte de un amplio grupo de países que promueve el retorno de la democracia y el respeto por los derechos humanos en Venezuela (esta postura que no sólo se basa en principios y tradiciones, sino en el hecho de que nuestro país es una víctima del desgobierno venezolano por tener que recibir cientos de miles refugiados que ponen presión sobre el trabajo, la seguridad y la red de servicios sociales de Colombia). Con la previsible reelección de Maduro, en una votación donde la oposición estará ausente, en medio de una crisis humanitaria sin precedentes, Colombia necesariamente tendrá que mantener posiciones que eviten o disminuyan los problemas que le causa la dictadura chavista. Ya que el próximo gobierno de Colombia se encontrará frente a la realidad de que Santos y la mayoría de los países de América Latina habrán declarado ilegítimo el régimen bolivariano y, seguramente, habrán apoyado sanciones contra su dictadura, el mandatario entrante tendrá que decidir sobre el sostenimiento y profundización de estas medidas.

A partir de agosto, el Gobierno deberá mantener una orientación diplomática y política en la que se alineen los objetivos de nuestro país —fin a las actividades terroristas de grupos protegidos por Venezuela, disminución del narcotráfico y defensa de la libertad y la democracia en América Latina— con las opiniones de los colombianos. Las encuestas, al fin y al cabo, manifiestan que el personaje con menor popularidad, con una imagen negativa superior al 95 %, es precisamente Nicolás Maduro. Uno de los criterios para escoger un candidato presidencial tendrá que ser su capacidad y voluntad de defender los intereses de Colombia frente a la crisis venezolana.